Desde el mes de diciembre de 2019, se recibió información acerca de la disposición por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de observación a Venezuela, para verificar la situación de los derechos humanos de manera directa y sin intermediarios. Esto, es lo que se conoce como visita in loco. Esta visita estaría pautada entre los días 3 y 7 de febrero del presente año.
Las visiones son diversas, en relación a esta posibilidad. Por un lado, hay cierto escepticismo, toda vez que existen medidas cautelares como la del hospital J. M. De Los Ríos, y la Maternidad Concepción Palacios, por ejemplo; que son flagrantemente irrespetadas por el estado venezolano (facto). Esto crea un clima en donde algunas personas se preguntan, ¿Qué tan efectiva sería una visita de la CIDH ante un estado atípicamente desconocedor de las más elementales normas internacionales de protección de los derechos humanos como lo es el venezolano?
Mientras, desde las organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos humanos, se considera esta visita una gran oportunidad para visibilizar a las víctimas, exigir el respeto por parte del estado a los estándares internacionales en la materia, y la posibilidad de que un órgano internacional de protección pueda inspeccionar hospitales, centros de detención, fronteras y cualquier otro elemento donde pueda comprobar los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) sobre la población venezolana.
Por su parte, el estado venezolano intenta relacionar la visita con un tema político, atándolo al reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) al ejecutivo encargado, y a los reparos del organismo multinacional referentes al evento electoral del 20 de mayo de 2018.
Esta visión del estado, es, cuando menos, sesgada. El estado venezolano, representado por Hugo Chávez, dio reconocimiento al sistema interamericano y promovió el cumplimiento parcial de dictámenes en contra de Venezuela ante el sistema. El citado Chávez, aceptó el ingreso de una visita de la Comisión en 2002, cuando no se vislumbraba el agravamiento actual en materia de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no se trata de un tema político, se trata de un tema de oportunidad: el estado sabe que progresivamente viola más y más los derechos de los ciudadanos, y prefiere negarse a la supervisión de los órganos internacionales.
Recordemos además que Venezuela tiene la obligación -recogida incluso en su marco legal interno- de permitir el acceso de sus ciudadanxs al sistema internacional de protección, si el sistema nacional -actualmente carcomido por la politización e inoperancia- no responde en el lapso debido. No puede entonces otorgársele al estado la prerrogativa de eliminar una salvaguarda para los derechos humanos de la ciudadanía, toda vez que estos derechos no son una concesión del estado venezolano, sino derechos inalienables que ese estado en cuestión, está en obligación de respetar.
Aunado a esto, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante la represión a las protestas ciudadanas en 2017, la CIDH instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para monitorear con mayor detenimiento la situación de los DDHH en el país. Esta sala se encargó además de registrar el tema de las violaciones durante la represión de las protestas desde enero de 2019, en un trabajo conjunto con las ONG venezolanas. Ya finalizando el año pasado, se anunció la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), con el objetivo de dar una respuesta eficaz y oportuna a los desafíos que día a día surgen en nuestro país sobre esta materia. Ya desde 2003 y 2009, la Comisión alertaba en sus informes – país, sobre la amenaza a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos en Venezuela.
Incluso, podríamos hacernos una pregunta: ¿Bajo qué concepto, un estado que se declara democrático, e incluso, enarbola en su constitución nacional la bandera de la inclusión, participación y protagonismo ciudadano, vamos, un gobierno del pueblo, se niega vehementemente a ser supervisado en materia de violaciones a los derechos humanos?
¿Qué le dice esa negativa al mundo?
Y otra, más importante: ¿Qué nos dice esa negativa a nosotros como sociedad civil?
Es evidente que el estado no quiere que se efectúe la visita. No quiere el foco sobre las víctimas y sus condiciones. Sobre sus incumplimientos. Sobre los derechos que viola día a día. Nuestro trabajo entonces, pasa por promover esa visita.
Pasa por darle voz a las víctimas, demostrarles que no están solas, que el hecho de que la Comisión se presente a verificarlo, implica que cada país del que hace parte la OEA y que reconoce la autoridad de ésta en materia de Derechos Humanos, está interesado en su situación, y que promueven cambios para que se les repare o restituyan las violaciones sufridas.
Es importante señalar, que las llamadas visitas in loco por parte de la Comisión, se han efectuado de manera constante y con la aprobación de los estados, sin que medie una crisis como la que aqueja a nuestro país. Por ello, fue posible canalizar por la CIDH visitas a países incluso bajo régimen dictatorial militar, tal como es el caso de Chile en 1974 y Argentina en 1979, en ambos casos, con la anuencia de sus gobernantes.
En este punto, como sociedad civil organizada, debemos dar un paso al frente. Es imperativo difundir las razones de la visita, el objetivo de la misma, promover que al ocurrir, podamos dar acceso a las víctimas, que estas, de primera mano, den su testimonio. Debemos enfrentar el silencio impuesto por la estructura comunicacional del estado, así como la autocensura establecida por los medios de radio y televisión privados que aún subsisten.
El sistema interamericano nos ofrece su mirada, y su acompañamiento. A nosotros, víctimas, sin distingo, de esta Emergencia Humanitaria Compleja, nos toca alzar la voz, tan fuerte, que no puedan fingir no escucharnos.
Está en nosotros.
