Decía Sófocles: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo,
termina por hundirse en el abismo.” Tristemente, nuestro sistema judicial y su brazo investigativo,
marchan de la mano con la impunidad como perenne compañera. En Lara, como en el resto del
país, nuestras policías se han convertido en cuerpos temidos por el abuso que pueden ejercer de
forma arbitraria y sin ningún tipo de castigos.
No se trata de los eventos puntuales registrados durante los últimos meses. El problema de la
impunidad en las desviaciones de la actuación policial no se remite exclusivamente a la represión
de protestas políticas. Eso no termina siendo más que la punta de un iceberg al que incluso la
sociedad rehúye la mirada. Las protestas no hicieron sino aumentar la visibilidad de este tema,
apuntalada por las muertes, heridas, maltratos contra manifestantes. Resulta revelador el hecho
de que ningún órgano de seguridad haya presentado resultados de investigaciones internas sobre
este tipo de sucesos, pese a la responsabilidad civil, penal y administrativa que podría conllevar.
Llama la atención que siendo nuestro país tan vasto en cultura de excesos policiales -crecimos
recordando los Cantaura y El Amparo- y con unos números de violencia tan alarmantes, nuestra
policía mantenga una preparación para los agentes que no llega siquiera al año de curso. El tiempo
teórico y operativo del adiestramiento no cubre los estándares adecuados, y para muestra, un
botón: la cantidad de funcionarios policiales asesinados en el ejercicio de sus funciones y los
funcionarios incursos en irregularidades. Además, los órganos de investigación internos para sus
excesos, las Oficinas de Control de la Actuación Policial (OCAP) se mantienen como estructuras
vacías, oficinas burocráticas donde el ciudadano no confía en denunciar, pues sospecha que la
investigación estará viciada, y él quedará al descubierto como denunciante.
Ante este panorama, como activistas ciudadanos, proponemos la creación de un puesto de
investigación exclusivo en materia de Derechos Humanos dentro de las policías del país. Un perfil
de funcionario plenipotenciario en la materia, no policía, que pueda garantizar la investigación de
cualquier caso de violación de derechos civiles, con la autonomía adecuada y el apoyo de los
laboratorios criminalisticos de las fiscalías en derechos fundamentales, impulsando además la
generación de una cultura de respeto a los derechos humanos desde lo interno de la institución,
preparando un canal de cooperación con las universidades que dictan estudios de la materia, y
órganos como la Defensoría del Pueblo y ONG´s dedicadas a la materia.
Sabemos que el día de hoy, la situación en el país es de incertidumbre jurídica. Sin embargo, es
necesario comprender que venimos de meses duros; en Lara contabilizamos 20 fallecidos -la mitad
atribuida a cuerpos de seguridad- sin que la fiscalía y menos aún el cuerpo policial hayan dado
alguna respuesta a la ciudadanía acerca de las investigaciones, ni siquiera como medio de limpiar
sospechas sobre los organismos. Es imperativo establecer desde ya una solución, algo que
garantice un cambio real, no sólo con miras a esclarecer los aspectos jurídicos de una actuación
policial, sino como una forma de iniciar la recuperación de la instrucción del funcionario, a fin de
adaptarlo a los estándares internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitario y
Protección de los Derechos Humanos, el cual es dinámico y progresivo, y actualmente se maneja
de forma estática. Igualmente, se trata de aprovechar las Oficinas de Control de Actuación Policial
y las Oficinas de Respuesta a las Desviaciones Policiales, y las competencias que contemplan en la
LEFP (art. 76-79) para obtener una supervisión real y eficaz en pro de una policía con conciencia
plena de los derechos de los ciudadanos y su misión como protectora de éstos.
No se trata de restringir o reprimir al policía, esta propuesta. Se trata de cambiar un paradigma.
De crear un motor de DDHH dentro de los cuerpos, que les oriente e investigue lo que pueda
significar alguna violación a estos derechos. Que les forme.
Quizás suene ambicioso pensar en una transformación de este tipo en el contexto político y social
actual. Pero no podemos esperar a la próxima coyuntura de violencia callejera, al próximo exceso
policial, a la impunidad del próximo escándalo. El país que queremos sigue estando a nuestro
alcance. Una policía más humana, es una mejor policía. Es garantía de protección al ciudadano.
Garantía de un mejor país. Exijamos a nuestros funcionarios electos la reforma al Reglamento
Disciplinario de la materia. Solicitemos la inclusión de un Relator o Procurador de DDHH en las
policías del país. Países vecinos como Colombia tienen una Dirección de DDHH en su policía,
trabajando de la mano con universidades y ONU. No nos conformemos con lo que tenemos:
caminemos hacia el futuro. Un futuro con la protección ciudadana que merecemos.
