Decía Cicerón, “El propósito de la justicia es dar a cada quien lo debido” La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1985, promovió la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, enfrentando los excesos que sucedían en el mundo en relación a víctimas de regímenes totalitarios o de fuerza. Además de los aspectos generales, uno de los puntos clave de este documento era las figuras del resarcimiento e indemnización para las víctimas, en sus artículos 8 al 17.
Si bien hay precedentes a nivel latinoamericano, como en el caso de la indemnización ordenada a víctimas y sus familiares en el caso de la retoma del Palacio de Justicia de Colombia (1985), en general no suele darse cumplimiento a lo establecido en la citada declaración, salvo casos puntuales adelantados principalmente por la CIDH. Pese a ello, Venezuela recoge tanto en la Constitución de la República (Art. 30) y Código Orgánico Procesal Penal (Art. 122) las bases para la reparación material a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que indica que la ausencia de cumplimiento no corresponde a un vacío jurídico, sino a la inacción de los órganos encargados de garantizar lo establecido en las normas vigentes.
Nuestro país posee una cantidad indeterminada de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del estado. Víctimas de abusos de poder. En la mayoría de los casos, los registros recaen sobre organizaciones de derechos humanos y no sobre MP o Defensoría. Muchas de estas víctimas han quedado con secuelas físicas y psicológicas que impedirán su desarrollo pleno en el ámbito social y laboral. Muchas de ellas, incluso, carecen de los recursos económicos para garantizar la atención médica requerida, tal como podemos corroborar en campañas a través de redes sociales para captar apoyo monetario o donaciones de medicinas para personas heridas durante las protestas.
Es por ello que como activistas ciudadanos, queremos proponer la creación de un fondo económico para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Como parte de un proyecto que garantice la justicia expedita, y la atención a la víctima, cumpliendo con lo establecido en las leyes vigentes en el país. Buscamos que las víctimas establecidas como tal, obtengan la atención debida del estado, garantizándoles la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria para su recuperación plena. Este fondo debería ser legislado, asignándole un monto que pueda cubrir las víctimas posibles durante un año. Dado el caso que en Venezuela la mayoría de los abusos de poder por parte de órganos de seguridad o agentes del estado suelen ser actualmente números negros, el primer año se establecería un monto basado en las cifras internacionales que maneje la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la materia, considerando cambiar la asignación tras el primer año de operatividad del mismo.
Debido a la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos por parte de las estructuras de poder, se propone que en la atención a las víctimas sean incorporadas organizaciones nacionales e internacionales, universidades y gremios, aparte de los organismos oficiales, para promover también la colaboración interinstitucional en función del cambio social que requiere el país para refundar la sociedad desde un enfoque más humanista, alejado de los paradigmas del estado omnipotente cuyos excesos no son castigados, y donde las víctimas carecen de voz.
Como se indica al principio, se trata de una declaración de Naciones Unidas de 1985, lo que muestra el tiempo transcurrido sin que el estado venezolano haya cumplido con el mismo. Igualmente, es importante recordar lo establecido en el artículo 23 de la CRBV, que reconoce la obligatoriedad de lo establecido en pactos y convenciones internacionales para el orden jurídico interno.
Como en el caso de propuestas anteriores, somos conscientes de la dificultad para alcanzar la materialización de esta propuesta en los actuales momentos. Sin embargo, es menester seguir delineando el futuro. Venezuela debe cambiar para bien, y las bases de ese cambio partirán de nosotros como ciudadanos, del deseo de cada uno para aportar, de la visión de un país que cumpla con las leyes, y que deje atrás la hostilidad y la arbitrariedad, para apostar a un crecimiento político, social y económico. Como el que soñamos para nuestros hijos. Seamos capaces de crear ese país, y de exigir a nuestros dirigentes electos la materialización jurídica y legislativa del mismo.
