El silencio pesa cual losa sobre las voces de las víctimas de la represión en las protestas de los
últimos meses. Muertes, heridas, violaciones a los derechos humanos, presuntas torturas, todo
queda devorado por un sistema burocrático de justicia, que en lugar de tener su égida en el
Ministerio Público, se mantiene en su zona de opacidad.
Dice la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 2, explicando la naturaleza de éste: “El
Ministerio Público es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objetivo actuar en
representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías
constitucionales a fin de preservar el Estado democrático y social de derecho y de justicia.” Nos
remite este enunciado entonces a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional,
donde se nos garantiza el derecho a una justicia expedita. Ante esa teoría, nos encontramos en la
práctica con un órgano inefectivo, carente de respuestas a una ciudadanía ya cansada de la
impunidad.
Es de hacer notar que la gestión del fiscal superior saliente se caracterizó por la ausencia de
respuestas en materia de violaciones a los derechos humanos en protestas por parte de los
órganos de seguridad del estado. En las investigaciones de 2014 y posteriormente en las de 2017,
no hubo resultado público ni se concretó ningún efecto en relación a los excesos -documentados
por periodistas y organizaciones diversas- cometidos por funcionarios policiales al intentar
retomar el orden público. Casos que ya son vox populi para la ciudadanía, como los disparos con
arma de fuego, impactos con bombas lacrimógenas, destrucción de la propiedad privada en la
figura de puertas, portones, luces, vehículos y otros, presuntos maltratos a ciudadanos detenidos.
Ni siquiera tuvimos un pronunciamiento que indicara que se desmentían las acusaciones.
Simplemente se notificó a través de la prensa que se investigaba, pero el silencio terminó, cual
envenenada enredadera, por consumir cualquier atisbo de justicia.
Para más inri de quienes exigen justicia aún, el actual estatus político en relación a la Fiscalía
General de la República ha resultado en la destitución del fiscal superior, el presunto
nombramiento recogido en prensa de otro -de abierta tendencia oficialista y responsable de
enviar a prisión como juez a decenas de detenidos en protestas- y finalmente el nombramiento –
vía twitter- de una tercera fiscal. Ante este panorama, difícilmente cambie el estado de las
investigaciones sobre hechos recientes. Recordemos que en el caso de Lara, el único homicidio en
el marco de las protestas callejeras que fue resuelto de manera definitiva y rápida por las
autoridades, fue el de Danny Subero, guardia nacional retirado que fue presuntamente atacado
por participantes en el sepelio de un manifestante fallecido. Por el caso, permanecen varias
personas privadas de libertad, entre ellas el autor material del crimen. En contraposición,
homicidios como el de Gruseny Canelón (11 de abril), Eyker Rojas (26 de abril) y Manuel Sosa (26
de mayo) siguen impunes, pese a que los testigos señalaron como victimarios a funcionarios de los
cuerpos de seguridad, y al menos en un caso, el de Canelón, se libraron órdenes de aprehensión
que fueron simplemente ignoradas por los involucrados y su comando (GNB).
¿Cómo podemos esperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, si el Ministerio
Público se declara incapaz de hacer valer su autoridad para citar a funcionarios castrenses ante
una investigación penal? El trabajo va más allá del simple cambio de un titular. Va desde la
sociedad, que debe exigir el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la materialización
de la justicia. Es necesario un cambio en la mentalidad ciudadana, no podemos seguir
acostumbrados a la impunidad, a que las investigaciones simplemente queden en nada.
Resignarnos a la ausencia de justicia nos aleja del país que queremos construir. Nos aleja del
imperio de la ley.
Las muertes acaecidas en la ciudad de Barquisimeto durante los meses de protestas, no eran
muertes de una parcialidad política. Murieron venezolanos, sin más. Venezolanos fueron heridos.
Venezolanos fueron violentados en sus derechos. Y esos venezolanos exigen al estado el
esclarecimiento de dichos sucesos.
Decía Paul Auster “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo
contrario ya no sería justicia”. Como abogados y activistas, procuramos que exista esa justicia. En
Lara, esperamos la respuesta de la Dra. María Lisette Jiménez Mounicou, nueva fiscal superior de
la entidad. Las víctimas le esperan.
