A pesar de no registrarse protestas en el estado Lara, salvo pequeños focos de
enfrentamientos en sitios puntuales e icónicos donde se despejan barricadas, el sistema
judicial sigue castigando de forma constante a quienes han participado en las acciones de
calle registradas durante los últimos meses. Como parte de un proceso represivo integral,
no se trata solo de violencia física, se recurre también a la presión psicológica y procesal,
buscando disuadir de forma definitiva a quien disienta públicamente del gobierno.
Durante la pasada semana, se hizo público a través de redes sociales y posteriormente de
la prensa escrita, la orden de traslado al internado judicial David Viloria, anteriormente
conocido como Uribana, de 54 detenidos en las protestas contra el gobierno nacional.
Estos detenidos permanecían en el puesto de comando Alí Primera, al norte de la ciudad,
y habrían sido trasladados en represalia a un presunto intento de motín del que nadie ha
dado fe. Se informó que entre los trasladados a la prisión, se encuentra una mujer
embarazada, lo cual constituye un agravante en su caso. Llama poderosamente la
atención la facilidad que se presenta por parte de la administración del internado judicial,
para habilitar plazas de alojamiento a estas personas, cuando en las diferentes
comandancias de la Policía del Estado Lara, por ejemplo, se manejan cifras de
hacinamiento superiores al 300%, de los cuales al menos un 85% no cumplen las
condiciones establecidas por el Código Orgánico Procesal Penal para permanecer en un
centro de detención preventivo. Siendo el caso inclusive, la presencia de penados dentro
de estos cuerpos policiales, los cuales además de no cumplir con las condiciones básicas
en materia de resguardo, no poseen partida económica para la alimentación de los
detenidos, la cual debe ser cubierta de forma obligatoria por el familiar. Se han registrado
en la entidad, casos donde privados de libertad en estatus de procesados, sin familia en el
estado que se encargue de proveerles la alimentación requerida, han muerto de inanición
en comisarías de Polilara y Policía Municipal de Iribarren. Esta última, con dos motines en
su haber durante los últimos meses, y alto hacinamiento, pese a ser policía de carácter
administrativo.
En un país donde la tasa de impunidad supera el 90%, resulta alarmante la capacidad que
ostenta el estado para procesar con el mayor rigor a los manifestantes. Cabe recordar que
Lara registra cientos de detenciones, y que solo un número mínimo ha sido liberado sin
cargos, manteniéndose procesada la mayoría de personas que han sido sometidas al
sistema judicial. La constante ha sido el dictado de medidas sustitutivas, ordenándoles
presentarse, generalmente cada 8 días, ante el tribunal respectivo. Esto, sin tomar en
cuenta que los requerimientos establecidos por el juez para permitir la salida del
imputado del centro de detención, sufre cambios arbitrarios en una visible intención de
extender el máximo posible la privativa de libertad para estas personas. Se destaca
también la actuación de algunos jueces, los cuales de forma permanente “deciden” la
privativa de libertad para cualquier caso relacionado a protestas contra el gobierno,
siendo la única defensa para los detenidos, la recusación del juez por parte de los
abogados. Acción esta que ya es norma por parte de algunas ONG que hacen vida en la
entidad y que se encargan de la defensa de los manifestantes, como Foro Penal.
En una ocasión anterior, decíamos que estábamos frente a la defensa por asumir. Y así lo
mantenemos. Se trata del debido proceso, pero sobre todas las cosas, de la libertad de
todas las personas que han ejercido su legítimo derecho a manifestar su inconformidad
con las decisiones del gobierno nacional de forma pública y pacífica. Ciertamente, el nivel
de protesta e incluso, el ánimo de la ciudadanía en expresarla, ha disminuido
visiblemente. Esto no implica de ninguna manera el abandono para las víctimas. Siempre
nos opondremos al uso del sistema judicial como arma represiva, a la impunidad como
política de estado si la misma se refiere a las violaciones contra los derechos humanos
cometidos por los cuerpos de seguridad, nos opondremos a la inacción e ineficacia del
Ministerio Público de la entidad y de su fiscal superior. Nos opondremos al olvido, porque
la justicia aún espera, y es nuestro deber aportar para que esta llegue. No podemos
tolerar que mientras somos víctimas de la delincuencia día a día en las calles, nuestros
estudiantes son acusados de forma expedita y arrastrados a una prisión, desconociendo el
derecho a la protesta. El sistema judicial debe depurarse de estas prácticas nocivas y
recuperar su imparcialidad. Sin ella, no seremos realmente un país con una sociedad
protegida por sus leyes, sino bajo el arbitrio del poder de turno. Y eso, no podemos
permitirlo.
