Los artículos 19 y 21 de la Constitución Nacional, consagran la igualdad entre los ciudadanos, y el
respeto a los derechos humanos de los mismos sin discriminación. Sin embargo, la realidad nos
señala otra cosa. El accionar de los cuerpos de seguridad, Ministerio Público y Tribunales Penales
durante los meses de protesta ciudadana, nos demuestran la preponderancia del factor político a
la hora de impartir justicia.
Siendo Lara el segundo estado del país con mayor cantidad de muertes durante los
enfrentamientos callejeros, llama poderosamente la atención que el único caso donde las
instituciones de justicia operaron de forma expedita fue el asesinato de Danny Subero, registrado
el 27 de mayo. Al tratarse de un militar retirado, y ser un caso comentado por el gobierno nacional
en cadena, ameritó incluso la presencia en el estado del Director Nacional del CICPC. En menos de
una semana, había 8 detenidos. Pese a que la misma versión del MP señala la captura del autor
material, se mantienen privados de libertad otros sujetos que no tendrían relación con el
asesinato, pero que aparecen en las fotos publicadas por las redes sociales al momento de retener
a la víctima la turba que le señalaba como infiltrado.
Frente a esto, casos de homicidio de manifestantes, como el de Gruseny Canelón (11 de abril),
Eyker Rojas (26 de abril) y Manuel Sosa (26 de mayo) siguen impunes. En ellos, se señala la
culpabilidad según testigos, de efectivos de la GNB.
También se observa el caso político de la destitución del alcalde de la ciudad de Barquisimeto,
Alfredo Ramos. Se fundamenta su arresto en la presunta comisión del delito de desacato, al no
corresponder el mismo a un amparo dictado por el TSJ que le ordenaba evitar las barricadas en la
ciudad. Debemos en este caso preguntarnos, ¿cuántos alcaldes de tendencia oficialista han
recibido amparos en su contra por las barricadas, y cuántos han sido destituidos de su cargo? Las
protestas que alcanzan los 4 meses no son puntuales en municipios de alcaldías opositoras, sin
embargo, son éstas las sancionadas por el máximo tribunal como una forma de deslastrarse de
líderes locales.
Los tribunales del estado, por su parte, proceden con un disímil criterio en relación a detenidos
durante actos callejeros. Mientras a detenidos de tendencia oficialista se les libera en el tribunal
de control, en el caso más grave, con una medida de presentación; a los detenidos de tendencia
opositora se les mantiene privados de libertad bajo la exigencia de fiadores, antecedentes penales,
y retardo procesal evidente.
El Ministerio Público, eficiente en el citado caso Subero, mantiene un silencio preocupante en los
casos de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de órganos de seguridad.
Pese a la documentación existente -basta incluso con seguir las publicaciones de la prensa escrita
tras cada jornada de protesta- no se ha hecho público el primer resultado de las investigaciones
que la fiscalía anuncia día tras día. Ni siquiera se ha informado del sospechoso del asesinato de la
maestra Yaneth Angulo, asesinada mientras la GNB reprimía una protesta cercana a su casa. No
hemos presenciado el primer procedimiento adelantado por la vindicta pública en relación al uso
desmedido de la fuerza por parte de policías y militares de la entidad, aunque tenemos
testimonios de las víctimas de estos excesos, que aparecen en fotografías y videos de los medios
de comunicación de Lara.
Hoy, culminando la jornada de la polémica elección a la ANC, Lara pierde dos vidas más. Luis
Zambrano, de 43 años de edad, muere por un proyectil en la cabeza. Juan Monges, de 42 años,
muere en Aguada Grande, también por impacto de un proyectil. Víctimas que se unen a quienes
desde abril, siguen sin justicia. Que hicieron papel mojado el derecho a la vida consagrado en el
artículo 43 de la Constitución. Vemos, con estupor, que el Ministro de Defensa señala únicamente
la muerte de uno de sus funcionarios, dejando de lado a estos ciudadanos, cuya muerte se
atribuye a cuerpos de seguridad. ¿Hay entonces un sesgo político que da o quita el valor de la vida
del ciudadano? ¿Sólo se esclarecen las víctimas del oficialismo, y se condena a la impunidad a
quienes no comulgan con los postulados del gobierno nacional?
Todos somos ciudadanos de este país, con los mismos derechos. Exigimos entonces la justicia que
esperan los muertos, los heridos. Las víctimas de la violencia. Exigimos el cumplimiento de lo
establecido en los artículos 19, 21, 49 y 55 de la Constitución vigente. Los venezolanos, esperamos
que nuestros funcionarios cumplan con su obligación y su conciencia.
