En Lara, pisando 15 semanas de protesta, se mantienen amenazas recurrentes contra los ciudadanos. Lamentablemente, pese al cambio de las políticas por parte del Ministerio Público a nivel nacional, esto no se traduce en el cese de las violaciones a los derechos civiles y procesales por parte de las autoridades…
El día 10, en el marco de un nuevo trancazo nacional, se registra el allanamiento a azoteas de los edificios residenciales en la Urb. Bararida, foco de protestas durante los últimos meses. ONG´s y periodistas recibieron denuncias por parte de los vecinos, por la acción que presuntamente fue cometida sin ninguna orden de MP o Tribunales, obviando los funcionarios las respuestas ante la solicitud de los ciudadanos de que mostraran la misma. Todo esto, en abierta violación del artículo 47 de la carta magna.
Igualmente, se reporta en la misma jornada la detención de varios ciudadanos, así como el hostigamiento, verbal y a través del uso de gases lacrimógenos, contra comunicadores sociales que cubrían los acontecimientos. Contra los detenidos, se mantiene el mismo modus operandi de los últimos meses por parte del Poder Judicial: la exigencia de fiadores –pese a que los imputados no poseen historial criminal alguno– que deben, además, presentar la carta de antecedentes penales emitida por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. En la práctica, esto se traduce en la detención arbitraria durante una semana o más, para cada ciudadano que es apresado en el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta. Hasta el momento, se desconoce que algún tribunal haya utilizado el legítimo elemento establecido en el artículo 245 del COPP, limitándose éstos a su interpretación sesgada del 244 ibídem para mantener artificialmente privativas de libertad. Paradójicamente, el día 12 de julio, son retenidos por la Policía de Lara un grupo de afectos al gobierno, por presuntamente quemar un autobús perteneciente a una institución educativa. Se les encuentra, además, un arma de fuego no permisada. Al ser presentados ante el Tribunal de Control, se les libera inmediatamente bajo una medida de presentación. No le fueron exigidos fiadores.
El hecho de mayor gravedad durante la semana, se trató de la víctima mortal número 17 en las protestas del Estado Lara. La profesora jubilada Yaneth Angulo, de 55 años, recibió un disparo en la cabeza frente a su casa en la población de El Tocuyo, durante la represión por parte de efectivos de la GNB. Se desconoce hasta el momento cualquier avance en la investigación de este nuevo asesinato.
La semana se vio marcada por la preparación del proceso de Consulta Popular el 16J. La intensidad de las protestas fue menor, si bien se reportaron igualmente heridos y enfrentamientos. Ya en la consulta, se observó una afluencia importante de participantes, registrándose largas filas de votantes sobre todo en Cabudare. En Barquisimeto, la fluidez fue mayor. No hubo hasta las 5:00 pm, incidente alguno que empañase el proceso. Si es necesario resaltar, por la gravedad, los efectos del exhorto efectuado por CONATEL a los medios de comunicación, sobre la posibilidad de sanciones en caso de mantener una cobertura amplia a la consulta popular. Los canales de televisión y las emisoras de radio a nivel regional, cercenaron lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional, al establecerse una suerte de censura previa por parte del ente regulador del estado. No fue posible obtener información el día de la actividad, vía televisión abierta, pues los avances informativos se limitaban exclusivamente a pronunciamientos de jerarcas del gobierno en relación al simulacro del proceso constituyente. Los medios digitales, y las redes sociales de los medios escritos, sí estuvieron cubriendo la jornada.
Volviendo al inicio, debemos preguntarnos: ¿se ha traducido el viraje del MP en garantías para la ciudadanía? En Lara, no. Esta semana que termina, exige de nosotros recordar cada caso registrado. Casos como el de Tony Canelón, se mantienen impunes, pese a la identificación del presunto militar implicado, el cual, por cierto, aparece en listas de ascenso jerárquico. Ahora, se le une el caso de la profesora Angulo. ¿Cuánto hemos de esperar por justicia? El silencio de la Fiscalía Superior de la entidad en relación a las innumerables denuncias sobre allanamientos y detenciones irregulares, habla por sí mismo ¿Pasará el MP al nivel que exige el momento actual del país, o se limitará a declaraciones que no se traducen en el ejercicio efectivo de sus funciones? ¿Cuántos detenidos hay entre los funcionarios de los cuerpos de seguridad que han incurrido de manera pública y notoria en uso excesivo de fuerza y violaciones a los DDHH? ¿Cuánto ha avanzado la investigación sobre los funcionarios de la GNB que golpearon y robaron a un paramédico de la UCLA en Bararida? Seguimos documentando, denunciando y difundiendo cada irregularidad. Fiscalía, una vez más, tiene la palabra. Esperemos que rompa su silencio.
Juan Carlos Mogollon.
