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(Opinión Ciudadana): En el estado Lara números rojos (I)

  1. En el escenario político La Salida, Barquisimeto y Cabudare, presentan protestas en sitios focalizados que son reprimidos de forma constante, a través de la acción de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana, y judicialmente, presentando a los detenidos ante los tribunales respectivos, prohibiéndoles tajantemente la participación en nuevas protestas.
  2. En el marco de las protestas, inicialmente contra las sentencias 155 y 156 del TSJ, y posteriormente contra el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, la única semejanza con el escenario de hace 3 años se observa en la focalización de las mismas. El estado ha abandonado la fórmula binaria con que enfrentó las protestas en esa ocasión, y hemos asistido en el Estado Lara a una represión multifacética que enciende las alarmas de abogados y organizaciones de Derechos Humanos que hacen vida en la región.

En esta oportunidad, enfocándonos en el aspecto de las víctimas mortales registradas hasta el momento, vemos lo siguiente: Si bien la acción de las fuerzas de seguridad del estado en 2014 dejó gran cantidad de heridos y daños en propiedades privadas, la situación presentada durante los más de 60 días de protestas en este 2017 resultan graves en comparación. Transcurridos 10 días del mes de junio, se contabilizan 9 muertes presuntamente producidas durante las protestas. Sumando 2 casos que estarían también indirectamente relacionados, serían 11 las vidas perdidas. Llama poderosamente la atención, que en varios casos, específicamente donde los testigos aseveran que los presuntos victimarios serían funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado, específicamente la GNB, como el de Gruseny Canelón (11 de abril), Eyker Rojas (26 de abril) y Manuel Sosa (26 de mayo) no hay detenidos. A esto se suma, que el Ministerio Público libró órdenes de aprehensión en contra de 11 funcionarios presuntamente involucrados en la muerte de Canelón, sin embargo, no se tienen noticias de que la misma haya sido entregada, ni respondida por el órgano castrense. Tampoco se presentaron motus proprio ante fiscalía y se desconoce por completo el paradero actual de los solicitados y del armamento que portaban, siendo prácticamente imposible el establecimiento de la cadena de custodia que se requería para un caso de esta naturaleza.

Pero no solo a los cuerpos de seguridad se le atribuyen bajas en este escenario conflictivo. También presuntos grupos irregulares armados actúan sin la oposición de ningún órgano policial o militar. A estos grupos se le atribuyen por lo menos 2 de las muertes registradas, la de Miguel Colmenárez (11 de abril) y Yoinier Peña (herido el 3 de abril, fallecido 3 de junio). Al menos una es atribuida a los manifestantes, Danny Subero (27 de mayo), otra se atribuye a la policía del Estado Lara, María Rodriguez (2 de junio) y otras 3 a atacantes desconocidos. De todo este universo de víctimas, solo en los casos de Brayan Principal (11 de abril) y Subero se dio con los victimarios. Todas las bajas fueron causadas por arma de fuego, de distintos tipos y calibres.

En cuanto a los heridos, la situación es poco esclarecedora. Lara ha presentado decenas de heridos, reflejados por los medios de comunicación escritos, principalmente. Pero los números exactos no se manejan, puesto que muchos de estos ciudadanos son atendidos en zonas de protesta, directamente por paramédicos o médicos residentes en las mismas. Al igual que el resto del país, las heridas que se informan son de bala, perdigones plásticos y metras.

Este escenario planteado, resulta lesivo, no sólo al derecho a la protesta establecido en la Constitución Nacional, sino al derecho a la vida. Constituye una degeneración de las atribuciones del estado, que se traducen a su vez en la creación de un aparato policial-represivo supraconstitucional, que enfrenta a la ciudadanía con fuerza desproporcionada. La ausencia de responsabilidad en las muertes acaecidas, crea un sentimiento de impunidad y frustración en la ciudadanía, que se traduce a su vez en mayor resentimiento y protestas por parte de los habitantes.

Resta entonces dar el paso al frente, organizaciones de DDHH, activistas, abogados. Constituirnos en la línea de defensa, no de una parcialidad política, sino del respeto a la ley, de la defensa del ciudadano y del estado de derecho, en contra de la impunidad y la violencia. Documentar, difundir, denunciar. Exigir a los órganos que controlan al aparato policial y militar actuar. Que el silencio no se convierta en una losa que sepulte nuestro derecho humano a la protesta y a disentir. Está en nuestras manos. Un frente común es necesario para que la ciudadanía cuente realmente con las garantías a su integridad que deben ser principio inamovible de la democracia.

En la siguiente oportunidad, analizaremos la situación judicial de los detenidos en protestas en el Estado Lara, así como las violaciones al debido proceso que se registran en la entidad….

 

Juan Mogollon

Juan Carlos Mogollon Gonzalez

Juan Carlos Mogollon Gonzalez

Abogado Especialista en Derechos Humanos. Maestrante en Historia de Venezuela, con línea de investigación basada en historia de los derechos humanos. Asesor en OSC, coordinador adjunto en Promedehum.

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