Si algo ha sido motivo de zozobra en la población durante los años del chavismo en el país, ha sido la actuación de los primigeniamente conocidos como Círculos Bolivarianos, ahora denominados bajo el concepto de Colectivos. Barquisimeto ha tenido múltiples manifestaciones de enfrentamientos entre éstos y grupos opositores a lo largo de más de una década. Postales icónicas como los ataques a periodistas en la plaza Los Próceres a principios de la década pasada, son huella imborrable de lo que ha significado la impunidad constante de la violencia.
Durante los últimos tres meses, en medio de la situación de protesta generalizada, estos grupos se han erigido en una suerte de parapolicía, de dudosa legalidad. El 11 de abril del presente año, grupos, motorizados y encapuchados, fueron grabados y fotografiados saliendo hacia zonas donde se encontraban manifestantes opositores, partiendo desde el comando regional de la Guardia Nacional Bolivariana. La justificación del jefe de la ZODI Lara fue el uso de estos civiles en “trabajo de recolección de escombros y obstáculos producto de las protestas” en conjunto con las fuerzas castrenses. El 5 de mayo, se registran denuncias de ataques provenientes de motorizados encapuchados, operando nuevamente con la GNB, dentro de las instalaciones de la Universidad Experimental Politécnica (UNEXPO), donde hubo ataques a estudiantes, vehículos, y se destrozó una caseta de vigilancia. El 20 de mayo, escalando el binomio GNB-Colectivos, se graba y fotografía a civiles encapuchados y presuntamente armados, operando desde la sede de CVAL en la Av. Libertador, y SAIME, en la Av. Hermann Garmendia, al este de la ciudad. Estos grupos habrían participado directamente en la confrontación de orden público, incluso actuando luego del retiro visible de los organismos de seguridad. El último acto público de los grupos fue el pasado 30 de junio, donde como se informó a través de distintos medios, disolvieron focos de protesta, y en varios vehículos se presentaron armados por toda la ciudad, amedrentando incluso a funcionarios policiales. Sin embargo, urbanismos como la Sucre y Trinitarias, han denunciado la presencia constante de colectivos en la represión de protestas en su zona, en innumerables ocasiones.
El artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos habla de la protección que debe proveer el Estado a los ciudadanos, a través de órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a cualquier amenaza a la integridad física, sus propiedades o el disfrute de sus derechos. Debemos preguntar entonces al ciudadano barquisimetano, que ha visto en la calle el proceder de hombres encapuchados armados, si considera que este derecho consagrado en la carta magna, existe realmente para él. La operación conjunta de funcionarios y civiles encapuchados, incluso en materia de limpieza, constituye un acto dudoso a la vista pública. En días pasados se observó acciones de limpieza de barricadas y reaperturas de vías, y en la misma actuaron soldados y maquinaria perteneciente a la FAN. Ninguno de ellos se presentó a las comunidades encapuchado. La presencia de civiles en una situación de confrontación de orden público no puede ser avalada por los órganos de seguridad, no solo por la integridad de la vida de estas personas, sino porque las mismas -suponemos- no tienen entrenamiento en esta materia, ni conocen las regulaciones contenidas en el precitado artículo 55 para la proporcionalidad en el control de las mismas, ni poseen la autoridad requerida para este tipo de actividades. Igualmente, con el artículo 324 de la Carta Magna, reserva a las fuerzas militares la tenencia de armamento de guerra. Mismo armamento visto en manos de civiles encapuchados en pleno centro de la ciudad, durante la convulsa jornada del 30 de junio.
Lo más grave de este panorama descrito, se remite a la impunidad galopante ante estas acciones. Muertes, heridos, destrucción de propiedad privada, destrucción de propiedad del estado, de la ciudad. Todo esto sin culpables. Barquisimeto se mueve con la certeza -y amenaza- de la operación de grupos armados que no son controlados por los organismos cuya función es precisamente esa, y con la coacción a que su protesta puede desencadenar la actuación de estos grupos por encima de cualquier regulación, sin consecuencias legales por sus excesos.
¿Se ha convertido entonces la represión parapolicial en una política de Estado? El gobierno debe comprender que la existencia de grupos irregulares armados constituye una amenaza abierta a su propia existencia. Nada ata a la obediencia si no tienes consecuencias al sobrepasarte. La justicia y orden no pueden, bajo ningún concepto, estar en manos de un encapuchado armado amenazante. Las autoridades civiles y militares del estado Lara tienen la palabra.
Fotografía: Diario El Impulso
