Barquisimeto es hoy día una ciudad herida. Perdimos casi 20 vidas en las protestas contra las
sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, y posteriormente en oposición a la
impuesta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Cientos de heridos y de detenidos,
estudiantes y amas de casa procesados, marcados por la represión y la ausencia de justicia.
Para quienes creemos en los derechos humanos, la tarea sigue. No se trata de denunciar las
violaciones cometidas por los órganos de seguridad al fragor de la protesta callejera. Se trata de
todas esas heridas que aún sangran en la ciudad, en el estado, en el país. No se trata de una ola de
moda, se trata de reconstruir los cimientos de la sociedad, erosionados por la violencia política y
de estado, sembrando en ellos el respeto inalienable a los derechos de cada ciudadano.
No se trata de una acción política: se trata de la legalidad. Nuestro estado, pese a la instalación -en
entredicho- de la ANC, sigue vigente. Y sigue bajo el orden de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Los factores políticos de la ANC se pretenden abrogar dos años para sus
discusiones. Dos años en que la legalidad no puede estar ausente. Dos años en que la ley actual
impera, pese a sus imperfecciones y a la arbitrariedad de quienes pretenden refundar al país sin
más anuencia de la que le otorgan ser los líderes de su partido.
Para nosotros, como activistas, abogados, pero sobre todo como ciudadanos, el norte debe ser la
exigencia de nuestros derechos. Ninguna asamblea, legítima o no, puede desconocer la normativa
ya establecida en materia de DDHH. Y esos derechos han sido menoscabados en estos meses de
convulsión social. Se nos ha invalidado el derecho a la vida, establecido en el artículo 43. Se ha
denunciado el trato cruel por parte de funcionarios de seguridad, violentando lo establecido en el
artículo 46. Se allanaron hogares sin orden judicial, irrespetando el artículo 47. Se obvió el derecho
al juez natural, y al acceso legítimo a la defensa, desconociendo el artículo 49. Los ciudadanos
fueron dejados sin la protección establecida en el artículo 55 ante grupos armados que les vejaron
y atacaron físicamente, a ellos y a sus propiedades. Se nos quiso negar el artículo 61,
desconociendo que tenemos la libertad de conciencia, y por tanto, de disentir y oponernos, en el
marco de la ley vigente, de forma pacífica, a cualquier acción política con la que simplemente, no
estemos de acuerdo. Incluso, contradiciendo el principio más básico y fundamental de la
democracia, nos coartaron lo establecido en el artículo 63, negándose el derecho ciudadano al
voto universal y directo.
Frente a esto, no podemos simplemente claudicar. Por las víctimas, por quienes aún permanecen
dentro del sistema judicial, procesados y detenidos. Por la gente que perdió bienes, que fue
atacada y aterrorizada. Tenemos de nuestra parte la verdad y la justicia. Tenemos lo que
establecen los artículos 29,30 y 31 de la constitución vigente. Tenemos la obligación de exigir a las
autoridades e instituciones a las que pertenecen, el esclarecimiento de cada acción violatoria a los
derechos humanos ejercidos, las acciones penales a que haya lugar, y la reparación civil
establecida en los artículos prenombrados. Debemos continuar creando conciencia, formando a
los ciudadanos en la defensa de sus derechos, y orientándoles sobre los mismos. Seguir
documentando, denunciando, difundiendo.
Un país con la certeza de que la ley le protege, y con los conocimientos sobre cómo hacer valer
esos derechos, es un país con justicia. Las durísimas experiencias a las que nos ha tocado asistir
como actores, nos exigen hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir que vuelvan a
suceder. No podemos estar bajo el arbitrio del poder o del funcionario de turno. No se trata de la
fuerza de las armas, se trata de la fuerza de la ley la razón. Del bien común. De la paz.
Por eso, hoy, más que nunca, refrendamos el compromiso como activistas. No se trata de la
oposición a una ideología política, sino de la oposición a la injusticia y al irrespeto a la libertad. Se
trata del país que queremos tener, el que merezcan nuestros hijos, creciendo en paz. Se trata de
defender lo que juramos un día como abogados. Rosseau, decía “El hombre ha nacido libre y por
doquier se encuentra sujeto con cadenas”. Nuestra responsabilidad, es luchar contra estas
cadenas. Por la justicia. Hoy y siempre.
Hay muchas voces aun esperando ser escuchadas. Nuestra tarea, es visibilizarlas. Cumplamos con
ella.
