La sociedad será representada por la forma en que trata a sus integrantes más débiles.
No es un secreto para nadie el nivel de la crisis económica, política y social de Venezuela. Tampoco el hecho de que en medio de este panorama, las violaciones a los derechos humanos pueden ser aún más acentuadas en minorías y comunidades de alto riesgo. En el estado Lara, se observa el alcance de esta situación en la comunidad de pacientes psiquiátricos internados en el Centro de Resocialización Psiquiátrica, mejor conocido como El Pampero. Desde finales de 2017, el hospital ha sido lecho de muerte de 10 pacientes por desnutrición severa.
A la sistemática violación de los más elementales derechos humanos: salud, alimentación, trato digno, y a la vida, debemos sumar también la negligencia de los organismos de salud dependientes de la Gobernación del Estado Lara, así como de los familiares responsables de estos pacientes, que en su mayoría se limitan a internarlos y desinteresarse de los mismos. El Pampero, dependiente de la administración regional, ha sido escenario de protestas diversas de parte de los trabajadores del lugar, secundados por ONG de la región y vecinos. Mientras tanto, cada semana mueren entre uno y dos pacientes, personas olvidadas que en general no alcanzan los 35 kilogramos de peso, y que no han tenido tratamiento para sus condiciones por años. Mueren en silencio, apenas identificados por trabajadores del hospital, y la mayoría de las veces sin la presencia de sus familiares. Mueren ignorados por el grueso de la sociedad.
Responsables de la administración del Centro, como el Dr. Ruy Medina, Secretario de Salud durante la gestión de Henri Falcón, han declarado -ahora sí- que la responsabilidad de las muertes recae en la Gobernación de Lara. Ciertamente, así es. Pero la desnutrición severa que presentan estos pacientes, así como las dificultades con los medicamentos -en febrero los trabajadores declararon que tenían dos años sin recibir anticonvulsivos- convierten en responsables por la negligencia a las autoridades de la gestión pasada y de la presente. No se trata de resultados de meses de inacción por parte de los responsables, sino de años. Y sobre todo, no se trata de política, se trata de humanidad. Humanidad que se ve en entredicho cuando se deja morir de inanición a personas cuya condición les impide valerse por sí mismos.
Es urgente exigir a las autoridades la dotación de insumos médicos y de alimentación para los pacientes del Pampero. Permitir que ONG que trabajan con el tema de alimentación, medicinas y donaciones de cualquier tipo, colaboren en la medida de sus posibilidades. Ninguna ayuda estará de más para estas personas. Como ciudadanos, como activistas, exigimos de las autoridades el respeto a la vida de los pacientes psiquiátricos, exigimos un trato digno y la corrección inmediata de las condiciones actuales de los internos del centro.
Tenemos la responsabilidad de convertirnos en la voz de los derechos de los más de 60 pacientes, todos con problemas de desnutrición, que aún quedan encerrados en el olvido social. Convertirnos en las voces que no dejen en el silencio y la oscuridad los nombres de Omar Mendoza, Mario López, Arcangelina Molinet, Sonia Reyes, Ana Pineda, José Rodriguez, Armando Pérez, Alegría Flores, Cleófila Carrillo y José Herrera, fallecidos todos por efectos del hambre desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018.
No permitamos que el infierno siga siendo anónimo para estos venezolanos.
* La imagen que identifica esta nota, fue tomada por Meridith Kohut para The New York Times en octubre de 2016. El enfermo psiquiátrico que aparece en ella, es Omar Mendoza. Omar falleció por desnutrición el 27 de septiembre de 2017. Pesaba 35 kilogramos.
