Hace algunas semanas, tratábamos en este espacio la opinión sobre la utilización del llamado “carnet de la patria”, herramienta de control social en manos del gobierno nacional, que ya se solicitaba como requisito para acceder a la entrega de medicamentos subsidiados, alimentos (CLAP) y programa “Chamba Juvenil”, entre otros.
Pese a tratarse de un mecanismo excluyente, y que por tanto, su uso constituye una violación flagrante por parte del Poder Ejecutivo de la garantía de no discriminación establecida en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el partido de gobierno ha decidido profundizar y masificar el uso de esta herramienta, adentrándose aún más en el apartheid político contra los ciudadanos que no comparten su ideología.
En contradicción con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la CRBV, el gobierno venezolano opta por asignar cupos universitarios a través del carnet de la patria, excluyendo a quienes no lo posean de esta selección, tal como informan públicamente en fecha 29 de diciembre de 2017 a través del canal Globovisión. Igualmente, voceros oficialistas informan que la entrega de morrales escolares para niños de escasos recursos, se asignan por la citada herramienta. Por otra parte, en una degeneración del beneficio de pensionados por parte del seguro social, se atribuye al carnet de la patria la asignación de nuevas pensiones, excluyendo entonces a personas de la tercera edad que no optaron por inscribirse en dicha data.
Es necesario hacer mención especial, por la acción pública y notoria que constituye, a la utilización del carnet de la patria como mecanismo de control y compra de sufragios. No solo se registran actividades partidistas frente a los centros de votación, comprobado en las diversas observaciones electorales adelantadas por múltiples organizaciones no gubernamentales, sino que el gobierno venezolano admite que ofreció alimentos y otros beneficios a comunidades para que éstas sufragaran por sus candidatos. Esto, sin contar el otorgamiento de bonos de manera automática para quienes posean el citado carnet.
En un país con una profunda crisis económica como el nuestro, donde cada vez más ciudadanos se ven imposibilitados de cubrir la canasta básica familiar (más de 13 millones según cálculos del medio Finanzas Digital, contra 797.510 de ingreso mínimo más bonos) aumenta la gravedad de la exclusión gubernamental. Venezuela no dispone de un mercado abierto de divisas, manejadas y asignadas totalmente por el aparato oficialista. Esto, aunado a la caída estrepitosa de la producción privada, y a los controles establecidos a la distribución, hace que el ejecutivo nacional se erija como el único medio de acceder a productos como alimentos, medicinas, educación y vivienda subsidiados. El gobierno, consciente sin duda de esta realidad, exige a cambio votos y participación política a su favor.
Resulta cuando menos lamentable que en lugar de orientar esfuerzos en reactivar el aparato productivo del país, y de tomar las medidas necesarias para corregir la crisis actual, el gobierno nacional mantenga su postura de desconocer los derechos sociales y económicos de la población que le adversa. El desconocimiento de los derechos de los ciudadanos que no están inscritos en el carnet de la patria, de acceder a los productos subsidiados con los ingresos de todos los venezolanos, constituye un delito en el que incurre el gobierno nacional.
Es nuestra responsabilidad como defensores de los derechos humanos, la de documentar cada caso de exclusión y discriminación política, así como exigir a través de las distintas plataformas de denuncias, la derogación de este instrumento de control social. El apartheid político no se puede convertir en una forma de gobierno para nuestro país. Y esto, sólo se logrará con la participación de toda la sociedad, haciendo escuchar su voz.