Gran parte del proyecto político del oficialismo ha tenido como eje la división entre ciudadanos. No se trata solo de la separación ideológica, que es un elemento presente en cualquier democracia; se trata del objetivo abierto de desnaturalización y deshumanización del contrario, achacándole las causas de los males del país. De esta forma, el opositor fue “escuálido, apátrida, pitiyankee, oligarca, fascista”, entre otros epítetos. Y se le culpa de la guerra económica, de las sanciones internacionales, del problema del efectivo y desabastecimiento, inflación y un largo etcétera.
Recordemos que hace años, y en medio de la crisis económica del país, el gobierno ha convertido al estado en un usurero oficial, con acceso privilegiado a dólares preferenciales, mecanismos de importación, controles tributarios, erigiéndose éste en una suerte de monopolio. Tenemos un gobierno que es el principal vendedor e importador, además de controlar de manera absoluta la distribución privada de alimentos a través de las guías SADA. Puede incluso desviar esta producción privada para distribuirla a través de sus programas CLAP. Para muchísimos venezolanos, el gobierno entonces pasa a ser el único proveedor de alimentos.
En este contexto, el partido oficialista lanza su programa de carnet de la patria. Ofrecido inicialmente como forma de control concentrado de sus programas de misiones, degenera en una herramienta de control social. Si bien oficialmente no es obligado inscribirse en dicha data, en la práctica sirve para identificar y premiar a los suyos, a quienes les apoyan. Constituye entonces el carnet del apartheid.
Si nos remitimos al artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -aún vigente- el estado garantizará sin discriminación alguna el goce de los derechos humanos. Si entre éstos podemos citar el acceso a la alimentación y a medicinas, entonces el gobierno venezolano comete una violación flagrante de la constitución a través de sus programas político-sociales. Para los programas de distribución de medicina, que se registran a través del 0800-SALUDYA, se solicita para optar a la entrega de productos el código del carnet de la patria. Para la base de datos de los CLAPS, igualmente. Para optar al programa “Chamba Juvenil”, para censos, para becas, para control de votantes, para compras de productos regulados. El carnet se ha convertido en indispensable, con el agravante de que estos beneficios se entregan con el dinero de todos los venezolanos, con impuestos de todos, con los -menguados- ingresos petroleros, pero solo a quienes se identifiquen abiertamente con el partido de gobierno.
En un país donde el desabastecimiento es la norma, donde las medicinas escasean, donde ningún centro médico público tiene los elementos más indispensables para atención primaria, la discriminación que el gobierno venezolano ejerce a través del carnet de la patria resulta a todas luces un crimen. Divide a los ciudadanos entre beneficiados o no, y obliga a quienes adversan al gobierno a plegarse a sus exigencias y aupar su manejo político so pena de ser excluidos de los pírricos beneficios que otorga hoy el día el oficialismo en nombre de su proyecto. Cada persona registrada en el carnet de la patria es presentada como militante del partido de gobierno, dando a nivel internacional una apariencia artificial de cohesión y apoyo a éste.
Es necesario documentar cada exclusión que efectúa el gobierno, sobre todo en lo concerniente a medicinas y alimentos. Cada negativa de éstos en el contexto de crisis humanitaria que presenta Venezuela constituye una violación de los derechos humanos por parte del ejecutivo nacional. Es de señalar que ya el patrón de discriminación venía siendo patente en la medida que avanzaba la crisis: en Barquisimeto, zonas que en las estadísticas del CNE el oficialismo no tenía primacía electoral, han sido excluidas de la distribución del CLAP, alegando personeros del oficialismo (uno de ellos actual candidato a la alcaldía de la entidad) que “no se beneficiará a escuálidos”. Lo que hace presumir un recrudecimiento de este apartheid a medida que el gobierno avanza en la ANC y en las elecciones regionales y municipales, a fines de arrinconar aún más a la oposición y disidencia.
El gobierno no es exclusivo de sus seguidores. Es responsabilidad del mismo la distribución del presupuesto y tesoro nacional, y estos no constituyen su hacienda personal. La discriminación por motivos políticos no solo representa una violación a nuestras leyes, sino al derecho internacional, y como toda legislación de protección en materia de derechos humanos, no prescribe. Exigimos entonces como activistas, pero sobre todo como ciudadanos, el cese inmediato del apartheid político. Somos venezolanos, sin color, sin distingo de ningún tipo. Exijamos del gobierno un reconocimiento explícito y absoluto a esto.
