El viernes 30 de junio de 2017, Barquisimeto vivió su jornada más negra de los casi 100 días de protestas que se mantienen en el país. Una serie de factores diversos, se conjugaron para sembrar de zozobra la capital del estado, y sobre todo, para agravar aún más el panorama de violaciones a los derechos humanos en la entidad. Múltiples cierres en las principales vías de la ciudad, irregularidades en la actuación de los cuerpos de seguridad, grupos armados circulando, cuatro muertes y un número indeterminado de heridos fue el saldo aciago de estas 24 horas.
En primera instancia, y en abierta contravención a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fue posible observar a funcionarios policiales en patrullaje alrededor de zonas en protesta, utilizando pasamontañas. El citado artículo exceptúa de esta regulación la operación de los funcionarios encubiertos o en inteligencia, siendo esto distinto a las labores de patrullaje y orden público.
Posteriormente, en zonas residenciales como la urbanización El Obelisco, urbanización Patarata, y las cercanías del distribuidor Pata e´ Palo, se iniciaron en horas de la tarde enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del estado. Vecinos de las zonas reportaron excesos en el uso de bombas lacrimógenas y perdigones, en violación a los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 55 de la Constitución Nacional.
Continuando con el artículo 55, en lo relacionado al derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana que debe poseer cada venezolano, encontramos el caso que se considera el más grave acaecido el día que analizamos. La presencia de grupos irregulares armados, conocidos como colectivos, amedrentando a manifestantes, e incluso a los escasos funcionarios policiales que se encontraban desplegados en la ciudad. No se trató de rumores, quien suscribe pudo observar a estos sujetos apuntando e increpando a funcionarios de la Policía Municipal de Iribarren, sin que estos, en clara inferioridad numérica, pudieran hacer frente a tal actuación. Se trató de una operación efectuada a plena luz del día, en el centro de la ciudad (Boulevard de la Av. 20), con la zona llena de civiles que se dirigían de vuelta a sus hogares. El artículo 324 de la Carta Magna, se hizo letra muerta a la vista pública, mientras estos sujetos atacaban protestas, amedrentaban a transeúntes y policías, y cometían asaltos contra centros privados de salud, ostentando armas de distintos calibres, sin que autoridad alguna pusiera coto a esta situación.
En medio de este irregular panorama, se registró la muerte de Rubén Morillo (Calle 54) y Fernando Rojas (Calle 44). El primero, se atribuye a funcionarios de la GNB. El segundo, a sujetos armados desconocidos. Posteriormente, mientras se registraban saqueos en varios puntos del oeste de la ciudad, se reportaba la muerte de José Martínez (Los Cerrajones), atribuida a enfrentamientos durante el ataque a un supermercado de la zona, y de Ramsés Martínez (Patarata), esta última atribuida a manifestantes, cuando la víctima apoyaba en la reapertura de vías por parte de grupos afectos al oficialismo.
Se registró también la acción irregular en algunos cierres de vías, por parte de sujetos encapuchados que procedían a cobrar vacuna para ceder el paso a los vehículos, así como barricadas en zonas residenciales por parte de sujetos que no pertenecían a las mismas, lo que trajo también zozobra entre los vecinos y roces con los que intentaban en sus vehículos, retornar al hogar.
Ante este panorama, cabe preguntarse, ¿Quién protege al ciudadano? La situación del país hace que en muchos sectores la presencia policial sea vista como una agresión. Se critica la fuerza con la que reprimen, y a la vez, la inacción que muestran en enfrentar a los irregulares armados que amedrentan a la población. La represión por parte de sujetos no identificados no se puede permitir. Constituye una amenaza a la población, e incluso al estado, que debería poseer el monopolio del uso de armas; la amenaza no se puede convertir en una política de gobierno. El control de orden público debe adecuarse a los estándares internacionales, y con el respeto debido a los Derechos Humanos. Pero por sobre todas las cosas, el estado debe retomar su papel de garante de la seguridad de los ciudadanos. Cuatro víctimas en un día, esperan por la justicia que les deben los organismos encargados de la investigación.
La impunidad, en medio de la crispación social, puede convertirse en nuestra peor amenaza. Por eso, cada uno de nosotros debe seguir aportando a través de la difusión y la documentación de lo que sucede en nuestro país.
La voz ciudadana, nuestra voz, no puede ser acallada a fuerza de balas y de miedo. El imperio de la ley debe ser el norte a seguir para nuestro país. El cambio está en nuestras manos.
(Imagen: DIARIO EL IMPULSO)
