El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia machista. Con muchas otras formas de agresión intermedias entre el asesinato y el respeto. Porque los maltratadores siempre encuentran razones por las que sus víctimas no merecen respeto como una persona igual a él.
La mexicana Marcela Lagarde utilizó por primera vez el término feminicidio en 1994 para referirse al asesinato de una mujer por ser mujer. Es decir, cuando median prejuicios de género en las circunstancias en las que se ocasiona su muerte.
En la todavía atrasada legislación venezolana a lo anterior se le llama femicidio. La sutil diferencia, que trasciende el más estricto sentido semántico es que si el asesinato de una mujer no ocurre por razones de género, entonces es calificado como homicidio. Esto ya es un claro indicador de la incapacidad del legislador de entender y aplicar las diferencias de género más allá del lenguaje burdamente adoptado. Lo cual ya proporciona una imagen muy clara de la fuerte raíz patriarcal que lo sustenta.
A esto se suma que la falta de rendición de cuentas y publicación de datos que tienen la obligación de informar se ha acentuado en todas las instituciones públicas del país, durante la última década. Por lo que algunas organizaciones no gubernamentales han estado ocupándose de hacerlo. Aportado datos suficientes para tener una clara imagen de cómo mueren las mujeres en este país azotado por una compleja crisis humanitaria que no es casual.
Esos datos están allí, disponibles para la consulta de cualquiera, pero sobre todo para que sirvan de referentes a la hora de diseñar las políticas públicas. Cuando exista interés en dirigir el rumbo del país hacia la prosperidad de su población, más que a la de sus gobernantes.
Vale aclarar que la fuente principal en la que se basa toda esta información son publicaciones de prensa digital recabadas en todo el territorio nacional. Básicamente de la sección de sucesos. Por eso, en muchos casos, no se profundiza en las circunstancias en las que ocurrió el asesinato, más allá del interés noticioso. Falta, frecuentemente, la perspectiva para reconocer las señales evidentes de la violencia de género en una relación, que ofrecería un contexto más completo.
Sin embargo, los datos con que se cuenta aportan suficiente luz para reconocer la gravedad del problema.
Es posible saber que casi 43% de los femicidios cometidos en 2023 en territorio nacional ocurrieron a manos de sus parejas, ex parejas o aspirantes rechazados. Otro 9% fue víctima de algún familiar cercano. Es decir que 5 de cada diez venezolanas no está a salvo en sus hogares.
Aunque las organizaciones feministas que apoyan a mujeres víctimas de violencia continúan denunciando que los entes receptores de denuncias establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia continúan evadiendo esta responsabilidad. Incluidos entre ellos las policías y el Ministerio Público.
La responsabilidad de éste último órgano queda en evidencia cuando se hace una actualización de esos mismos casos del 2023, de los 83 feminicidios cometidos por parejas, ex parejas o pretendientes casi 46% de los victimarios fueron detenidos por lo cuerpos de orden público, pero sólo 4,81% de los agresores había recibido condena firme hasta julio de este año. Está claro que el retardo procesal en el país está actuando como cómplice necesario para que estos delitos permanezcan impunes.
Un dato curioso, y preocupante también, es que son más los agresores que cometieron suicidio, 19%, que los procesados 4,81%.
Sobre el rol de la policía en materia de delitos de violencia contra las mujeres su desempeño tendría que ser más exigente. Al igual que su formación y actualización profesional. En 10 de los 205 casos de femicidios, los agresores eran funcionarios policiales o militares.
Dónde viven los femicidas venezolanos
Geográficamente la violencia machista en el país no se comporta de manera uniforme, hay entidades más mortales que otras para las mujeres.
Evidentemente esto guarda relación con los territorios más densamente habitados, que son también los de mayor estrés poblacional. Mayor concentración de personas que demandan más servicios públicos y bienes: agua, electricidad, vivienda, transporte, empleo, alimento, aseo, salud y seguridad. Paradójicamente, también donde se siente más su escasez.
Pero es que también hay estados más flexibles con los criminales.
En Carabobo fueron 23 femicidios, por ejemplo, fue la entidad más violenta para las mujeres. Pero sólo 31,81% de los agresores fue detenido.
También en la región central, en el estado Aragua se registra que fueron asesinadas 20 mujeres. La otra bandera roja en esta entidad es que 60% de esos crímenes fueron perpetrados con armas de fuego y el promedio nacional es de 22,4%. Volviendo al tema de las responsabilidades institucionales, destaca que sólo un agresor fue condenado aunque los cuerpos policiales realizaron 7 detenciones. La tercera bandera roja es que en 5 de los casos se sospecha de sicariato y crimen organizado. En Aragua, un femicida condenado paga su condena de 30 años en la sede del CICPC donde trabajaba.
Siguen de cerca, los estados Miranda con 17 y Distrito Capital con 15. Entre ambos, suman 32 mujeres asesinadas. 12 de ellas por impacto de balas.
El caso María Elena Bonillo, quien tras denunciar las agresiones de su pareja fue asesinada por él tan pronto fue puesto en libertad, porque las medidas mínimas para resguardar la vida de ella simplemente no fueron tomadas por las autoridades de Anzoátegui. En ese mismo estado fue detenido su ex pareja por el femicidio de Yogeidis del Carmen Zamora, a quien ella ya había denunciado. Su caso no es único. Por el femicidio de Petra Yolimar Jaramillo está detenido su yerno, funcionario de policía de Monagas, a quien había denunciado por violencia contra su hija. El femicidio de Luz Marina González en Distrito Capital también se hubiera podido evitar porque ella ya había denunciado a su agresor que sólo fue aprendido después del asesinato.
Es posible que en otros casos las mujeres hayan denunciado, pero como ya se refirió es una información que la prensa no siempre busca al reportar un crimen violento.
Naturalmente, los criminales se refugian donde son menos perseguidos o amenazados.
Las otras víctimas de esta violencia
La violencia machista contra las mujeres se sustenta en el principio de que el varón tiene poder sobre ella. Ella pierde la cualidad de persona y pasa a ser objeto, propiedad de él. Esta “filosofía” del agresor lo sitúa por encima de todo. El puede aleccionarla y lo hace amenazando y castigando incluso a los hijos (violencia vicaria) de ambos o no, o a los parientes de ella.
Esa misma filosofía es utilizada por los cuerpos de seguridad y la fiscalía para no actuar de manera oportuna y eficiente. Incluso, en muchos casos, para castigar a la mujer por no hacer suficiente para detener la violencia, cuando ese deber recae sobre estos organismos del Estado.
En 2023 la sentencia contra Naibelys Verónica Noel por omisión en la ejecución del delito de infanticidio de su hijo, asesinado a golpes en 2019 por su pareja José Teodoro González Uzcátegui se convierte en el ejemplo más cruel de violencia vicaria en el país. Ella denunció al maltratador varias veces sin que las autoridades le dieran la ayuda que contempla la ley. Cuando finalmente lo dejó, el cumplió una de sus amenazas, mató al niño. Mientras ella recibió la pena máxima, sin ninguna evidencia que la incriminara, el asesino solo obtuvo la mitad, 15 años de prisión.
Otra bebé de un año de edad fue asesinada el año pasado en el estado Zulia porque la mujer echó de su casa al maltratador que la amenazaba. El está prófugo.
Que niñas y niños mueran a manos de un hombre que quiere dejar claro su poder sobre una mujer o que tenga que presenciar el asesinato de su madre son los perfiles de las otras víctimas de la violencia contra la mujer. De las 205 víctimas de femicidio quedaron 101 niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad. Más terrible aún es que 24 fueron testigos del asesinato de sus madres.
Por cierto que el Estado sigue sin brindar la ayuda psicológica de salud y educativa a las víctimas directas e indirectas de violencia contra la mujer. Las casas refugio donde ellas y sus hijas e hijos recibían albergue están desmanteladas.
Finalmente, para responder a la interrogante plateada al inicio, las mujeres mueren en Venezuela, a manos de hombres violentos porque los organismos responsables de garantizar la vida y otros derechos a la ciudadanía, no quieren reconocer que el machismo lesiona y mata. Esto lo ha demostrado de sobra la evidencia científica en Venezuela y todo el mundo. Pero al sostener esa postura siguen siendo parte del problema y no sirven a la sociedad. Ni a hombres ni a mujeres. Porque siguen habiendo víctimas y criminales impunes. Por supuesto, con la complicidad necesaria de los cuerpos de seguridad y el sistema de justicia que se mantienen rezagados del avance de la ciencia y el derecho internacional moderno.
Es un hecho que 60% de los femicidas en Venezuela está impunemente libre. Del 40% que fue detenido más del 35% no ha sido condenado.
Mientras tanto, hay una gran cantidad de mujeres que hoy están siendo maltratadas porque estos criminales no recibieron castigo. La condena de los criminales no es sólo una forma de reparación para la memoria de víctimas mortales, sino la única manera de disuadir a delincuentes potenciales y frenar la violencia machista.
Ante esta infame realidad, no parece en vano que Amnistía Internacional acuse al Estado venezolano de ser misógino.
“El Estado, al no actuar, actúa. La impunidad es la base del feminicidio”
Marcela Lagarde
