Como es de conocimiento de todos, Venezuela atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos en los actuales momentos, pero sin duda, una de las caras mas dolorosas de esta crisis es la que tiene que ver con el derecho a la salud. Incalculables han sido las perdidas en el deterioro de la salud y perdida de la vida muchos venezolanos. Esta situación nos ha tocado a todos pero los mas afectados por supuesto, son los mas vulnerables mujeres embarazadas, niños y niñas, adultos mayores, personas con VIH, entre otros. Entonces, quien es el responsable? La salud es un derecho humanos y este debe ser respetado y garantizado por el Estado y frente a ello los ciudadanos/as contamos con acciones y herramientas para exigir nuestros derechos previstas y vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Escribo estas lineas desde mi alma de activista para comentarles que no nos hemos quedados callados ante esta situación y que hemos hecho uso de esas herramientas. Hay muchos activados en la exigencia de nuestros derechos y es por eso que el pasado martes 23 de mayo, acudimos nuevamente al TSJ después de un año no solo de haber interpuestos una acción de protección, sino de realizar insistentemente diligencias en el expediente para obtener respuesta, a recordarle a los magistrados de la Sala Constitucional, en especial, al magistrado ponente Calixto Ortega, que es su deber proteger los derechos de los venezolanos. Ellos deben de conformidad con la Ley dar respuesta y dar protección judicial. En el 2016 interpusimos la acción cuando la situación era bastante critica, y pasado este tiempo ni siquiera han cumplido con el vencimiento establecido en al artículo 151 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece claramente que el tribunal se pronunciará sobre su admisión en el lapso de cinco días de despacho siguientes a la introducción. La responsabilidad de estos jueces es mayor por la urgencia que reviste para los venezolanos tener protección de sus derechos y para los magistrados del TSJ esa urgencia se traduce en inacción ya que hasta los momentos no se ha generado la admisión del caso. Con estas falta de respuesta también están violando derechos humanos, aquellos referidos al debido proceso y la protección judicial.
En esta cruzada no estamos solo. Como les dije muchos estamos activados, dejando registro de lo que ocurre y realizando las denuncias correspondientes en nuestro ordenamiento legal para que quede la evidencia de la falta de acción por parte del estado y la falta de protección de poder judicial. Entre las organizaciones que están activadas y que nos acompañara en este acto de denuncia están el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Fundamama, Senos Ayuda, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela, Convite, Avesa, Prepara Familia y Provea, entre otras.
Si ocurre lo que debería ocurrir en un estado de derecho y de democracia plena el TSJ debería otorgar protección al derecho a la salud de todos los venezolanos y, entre otras cosas, debería ordenar que se abra el canal humanitario y aceptar la ayuda técnica para salir de la crisis estructural del sistema de salud. Sin embargo, cuando hablamos de estas acciones muchos nos ven como locos, como quien pelea contra molinos de viento ya que todos asumen, como lo prueban los hechos que no obtendremos respuesta o que si la obtenemos será usada en nuestra contra, sin embargo, creemos que este es el camino. Al haber transcurrido un año sin tener respuesta se abren las vías para accionar ante las instancias internacionales y buscar justicia fuera de nuestro territorio al no haber podido obtenerla aquí. La lucha por los derechos humanos no es una lucha de un día, o dos, es un compromiso de vida con el país. Y seguiremos…
