En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer la existencia del virus SARS COVID-19a. Meses después la OMS declaró este virus como una pandemia. En ese momento la dinámica del mundo cambió radicalmente. Las medidas implementadas por los Estados, como el confinamiento, el cierre de locales comerciales, el cierre de fronteras y la prohibición de viajes, expandió la crisis sanitaria a una crisis económica y social con consecuencias incalculables a la fecha. Adicionalmente, y como cualquier crisis, los impactos más evidentes son por parte de personas en situación de vulnerabilidad, como migrantes, mujeres, mujeres indígenas, niños y niñas, especialmente no acompañados. Con el COVID-19 esta realidad no podía ser distinta.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales. Venezuela se encuentra entre los países de la región con mayor número de personas migrantes con motivo de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. En 2018 los y las nacionales de Venezuela fueron el principal país de origen de solicitantes de asilo del mundo según la OIM. La crisis de salud, económica, la inflación, el colapso institucional, la falta de acceso a servicios de luz y agua, han forzado a la población venezolana a salir por tierra hacia otros países de la región. La emergencia humanitaria compleja hace más importante que se apliquen los estándares internacionales de protección ya establecidos y de necesaria aplicación para la población venezolana en movilidad, ya que la mayoría de los venezolanos requieren de protección internacional.
Las personas migrantes y refugiadas que, por las regulaciones de los países, la imposición de visados, se encuentran con un estatus migratorio irregular, suelen vivir en clandestinidad, y no encuentran otra opción que trabajar en el sector informal. Además, por el temor a ser deportados o a perder sus trabajos, no denuncian y no cuentan tampoco con la protección por parte de las autoridades. Todo ello genera un espacio de impunidad, llegando a niveles de explotación laboral, discriminación, trata y tráfico y marginalización. En tiempo de pandemia, esta situación se ha exacerbado. Las personas venezolanas en movilidad humana han sido víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a solicitar refugio, a la protección internacional, así como los desalojos, detención y deportación, actos xenofóbicos de parte de personas y autoridades públicas. La violación de los derechos de las y los venezolanos migrantes y refugiados también ha sido evidente en el caso de aquellos que, como consecuencia de la pérdida de trabajo, los desalojos y la falta de oportunidades en el país de destino, han tomado la difícil decisión de regresar a Venezuela.
Este informe detalla los derechos y los acontecimientos que han documentado activistas y defensores de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional (Redac Internacional), en el marco de la pandemia de la COVID-19 y la movilidad humana venezolana. Sus voces deben ser escuchadas.
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