En el contexto de las movilizaciones convocadas por parte de los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad civil organizada en Venezuela, iniciadas el 4 de abril del 2017 a raíz de las diversas sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), manteniendo la línea de desconocer a la Asamblea Nacional en sus atribuciones, con el objeto en orientar la habilitación del Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos clave sin contar con el aval del legislativo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) junto a la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), desplegó monitoreo ciudadano con el fin de dejar registro de la situación que vive el país en relación a la libertades democráticas.
Otras han sido las oportunidades donde la Red de Activistas ha realizado el monitoreo ciudadano, destacando que esta activación se configura en un momento especial para los derechos humanos en Venezuela, teniendo la misma que ver con la lucha por la democracia. En función de este escenario, se hace referencia a octubre de 2016 con la suspensión del referendo revocatorio, donde nos pronunciamos en el comunicado de la Red Electoral Ciudadana (REC) y en rueda de prensa conjunta con organizaciones de derechos humanos, constando como el retardo y la suspensión de la consulta popular atenta gravemente contra el derecho a la participación de los venezolanos así como sus derechos económicos y sociales al impedir una solución pacífica a los problemas comunes.
Bajo este entendido como organización de derechos humanos, Cepaz comprende que la lucha ciudadana actual se encuentra circunscrita en la búsqueda por la recuperación de la democracia. Es por ello que nuestro rol hoy más que nunca es la vigilancia del ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los derechos en un contexto muy restrictivo.
Con la Redac entendemos que parte de nuestro aporte a esta lucha consiste en dejar registro de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos tiempos obscuros, donde el registro y la verificación de la misma cobran un valor de gran importancia, vista la hegemonía comunicacional del Estado y la falta de espacios de información para la ciudadanía.
Por lo tanto, en este contexto la figura de la protesta se configura como un derecho de los ciudadanos en recuperar la democracia. Bien lo ha expresado el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al referirse el pasado 11 de abril sobre la protección al derecho a protestas y el respeto a la libertad de expresión en Venezuela: “las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible, la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia”.
Cabe destacar que ante la criminalización, descalificación de las protestas y de manifestantes pacíficos mediante campañas de incitación al odio y negación del legítimo derecho a manifestar por parte del Estado venezolano, así como, la desmedida represión contra la disidencia, han generado un contexto de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Es por ello que hemos desplegado este operativo especial por la recuperación de la democracia junto a la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos.
El presente informe representa una recopilación de la información recogida y verificada por nuestros ciudadanos, defensores y activistas sobre situaciones de violencia y represión en el marco de las manifestaciones pacíficas. Esta verificación se enfoca en situaciones observadas directamente por los activistas o por una fuente directa y verificable sobre situaciones de violencias y amenaza a los derechos humanos. La información presentada en su mayoría corresponde a reportes realizados por los activistas de la Redac de forma directa, y se coloca como apoyo imágenes o referencias a medios de comunicación o información de fuentes oficiales a los fines de darle mayor referencia a lo reportado.
El objeto de este informe es cubrir con el monitoreo las afectaciones a los derechos por las acciones del Estado con la finalidad de ir en contra de en esta lucha ciudadana por la recuperación de la democracia, es por ello, que las temáticas observadas en el informe se enfocan a aquellas libertades democráticas relacionadas con el derecho a la participación ciudadana.
Como sabemos en un sentido amplio, la participación incluye el ejercicio de la libertades democráticas que parten desde el ejercicio del sufragio activo y pasivo, el acceso a cargos públicos, como aquellos otros derechos y libertades de naturaleza participativa como lo son la asociación, manifestación, reunión, petición, afiliación a partidos políticos, libre sindicación y huelga. También se incluyen entre estos los derechos relativos a la libertad de expresión e información y las medidas orientadas a facilitar el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación y creación de plataformas propias de expresión.
En el caso de este informe, nos hemos enfocado en el ejercicio de derechos derivados al derecho de la manifestación pacífica, centrándonos de cómo a través de este otros derechos fundamentales se han visto violentados por parte del accionar del Estado, demostrando ser un patrón en las violaciones de las libertades democráticas, como son: el derecho a la vida e integridad física, derecho a la participación política y la libertad de expresión.
En este sentido, observamos en las acciones monitoreadas en este reporte la obligación del Estado venezolano en proteger y garantizar el goce de las libertades democráticas sin discriminación de ninguna índole, brindándole la protección a la vida e integridad personal de los manifestantes.
Para esta labor hemos contando con la plataforma de registro y documentación de derechos humanos www.denuncialoYa.org.ve donde la ciudadanía puede registrar aquellas violaciones de las cuales sea testigo.
Puede ver el informe completo aquí
