La Intersectorial de Trabajadores de Guayana no descansa ni desmaya en su tarea de denunciar todo aquello que consideren violaciones a sus derechos, hace poco volvieron a expresar su descontento a través de un comunicado dirigido a toda Venezuela en su más rotundo rechazo a la medida tomada por Nicolás Maduro de incrementar el precio de la gasolina y establecer controles discriminatorios en su distribución, lo que ellos consideran como el sometimiento de los ciudadanos venezolanos.
Afirmaban que: “Esta medida llega en el momento de mayor hambre, dolor y miseria que en toda su historia haya podido padecer nuestro pueblo. A nadie le cabe duda, que esta medida, elevará potencialmente los niveles de crisis que en todos los aspectos sufre la sociedad entera. También comprueba, una vez más, el desastre al que fue llevada la principal industria de nuestra nación”.
Por lo cual, la ITGuayana, instó a todas las personas y en especial a los trabajadores de Guayana a estar atentos al llamado de protesta activa, ante una nueva decisión del régimen a que se sigan violando los derechos humanos.
Hay que recordar que la Intersectorial junto a la Federación de Jubilados del estado Bolívar se han unido en reiteradas oportunidades durante el año 2020 para exigir a Nicolás Maduro que venga a Ciudad Guayana a corroborar las carencias y paupérrimas condiciones de vida que padecen los empleados activos, jubilados, pensionados y sobrevivientes de las empresa básicas de la región.
La FEDAJUPEBOL, denunció que en la CVG benefician a algunas personas con entrega de bolsas de alimentos como incentivo por producción, aparentemente para proteger el salario de los trabajadores, sin embargo, afirman que a los jubilados y pensionados no los protege nadie, ya que les niegan su derecho a la alimentación.
A mediados de junio ocurrió algo inédito, la crisis regional logró la unión de personas de distintas empresas básicas, del sector maderero, industria del cemento y educadores, quienes hasta ahora no habían sumado esfuerzos al unísono para protestar por las mismas causas. Lo que desencadenó una agenda unitaria de lucha por el rescate de los derechos de todos los trabajadores de la región.
Otro tema que atañe a los trabajadores de Ciudad Guayana es la injusta encarcelación de Rubén González, venezolano, nacido el 17 de marzo de 1959, residente en Ciudad Piar, municipio Angostura del estado Bolívar, quien es secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco, con 34 años laborando para la Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera del Orinoco y desde hace más de siete años ha sufrido una constante persecución por su labor en defensa de los derechos laborales; por lo que sus compañeros constantemente le recuerdan a la opinión pública la condición de este colega.
González Rojas se mantiene detenido en el anexo de procesados militares del Internado Judicial de Monagas, conocido como el anexo de “La Pica”, siendo el único civil detenido en ese recinto penitenciario militar. Sitio que es considerado de alta peligrosidad, donde ocurren con frecuencia hechos de violencia.
Allegados al caso informan que Rubén no tiene acceso al agua potable, sus familiares tienen que suministrarle la comida, y aunque sus abogados han solicitado por escrito atención médica de manera reiterada ante los tribunales ha sido casi imposible que esto se cumpla a pesar de que sufre una deficiencia renal desde hace más de diez años. Comentan que cuando empieza a sentir dolores fuertes y malestares de salud, es cuando las autoridades permiten ingresar sus medicamentos.
Por otra parte, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas transmitió al gobierno de la República Bolivariana Venezuela, el 28 de octubre de 2019, una comunicación relativa a Rubén Darío González Rojas. El Gobierno solicitó una extensión del plazo de contestación, la cual fue concedida, y respondió a la comunicación el 27 de enero de 2020. Cabe recordar que el Estado venezolano es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este equipo de la ONU considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
- a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
- b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
- c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
- d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
- e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).
El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el equipo técnico, les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen sobre las medidas que hayan adoptado.
Es por todo lo expuesto que siguen levantando la voz del clamor público para visibilizar las desigualdades que existen en la que fue la región más rica de Venezuela de donde se tomaban recursos naturales para transformarlos en mejor calidad de vida para todas las personas en el país.
