Yonathan Mustiola, defensor de presos políticos.
Yonathan Mustiola tiene voz de chamo, pero ha sido juez en Nueva Esparta, en Los Teques y, en los últimos años, juez de Control en Caracas. A sus 41 años no le tembló el pulso para dictar sentencia a favor de los jóvenes de la Universidad Simón Bolívar que protestaban en 2017 y fueron encerrados en un camión cava por funcionarios del Estado. A las dos semanas de la sentencia fue destituido. “Yo fui un juez bastante atípico porque no seguía instrucciones”, admite. “Llegó un momento en que me volví una piedra en el zapato para el Poder Judicial. Ellos vieron el caso de los estudiantes de la USB como ‘el mejor momento para deshacernos de este muchacho y quedarnos tranquilos”.
Ahora dice que él también está más tranquilo porque no tiene las angustias de un juez. “Después de salir del tribunal trabajé un par de meses con Laura Louza en Acceso a la Justicia, y a finales de 2017 empecé a trabajar algunos casos con Lilia Camejo en la ONG Justicia Venezolana”. Sin embargo, Mustiola sabe que ya no tiene el martillo en la mano, sino que anda buscando que se haga justicia con presos políticos bajo jurisdicción militar, en especial los casos vinculados con Oscar Pérez y Miguel Rodríguez Torres.
¿Por qué no se va del país?, se pregunta cualquiera con algo de sensatez. “Yo pude haberlo hecho y decidí quedarme, porque esto es lo que siempre me ha gustado”, dice con garbo. Cuando lo llaman valiente por la decisión a favor de los jóvenes de la USB, replica: “Durante los casi siete años que estuve como juez eso era lo que yo hacía siempre. Ese día no hice una cosa diferente”. Su trabajo en el tribunal lo llenaba de satisfacciones, a pesar de la presión, pero la decisión era suya; sin embargo ahora la situación es distinta: “En estos casos de defensa que llevo, aunque estoy seguro de que en justo derecho tengo la razón, la decisión no la tengo yo. Y peor todavía, la decisión ni siquiera está ajustada a derecho, sino que es una decisión política y eso es más frustrante todavía”.
Su trabajo en Redac apenas empieza, pero tiene ideas para aportar. “Por ejemplo, hay muchos casos de personas enjuiciadas por delitos menores que tienen presentación en tribunales y pasan hasta dos y tres años asistiendo, cuando la ley dice que esas presentaciones se hacen máximo por 8 meses y que el fiscal tiene que concluir con la investigación en un lapso de 30 a 45 días”, explica. “Quiero que hagamos una campaña y ayudar a estas personas”.
Está seguro de que cada quien puede dar un aporte según sus áreas de conocimiento. “Siempre que tengas la disposición de ayudar a otros, lo puedes hacer”, sentencia.
