Este 12 de febrero de 2021, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela, Alena Douhan, emitió conclusiones preliminares de su visita al país.
FOTO: Jackson Vodopija
La funcionaria visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021, tiempo durante el cual sostuvo reuniones con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Planificación, Economía, Finanzas, Petróleo, Minería, Alimentación, Educación, Mujer e Igualdad de Género, Bloqueo, Vivienda, Trabajo Social, Ciencia, Tecnología, Transporte, Cultura y Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités de Producción y Abastecimiento Local (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA); el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones; el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General; Presidente y miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de diversos partidos políticos y sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en las áreas de salud, derechos humanos, protección de la niñez, mujeres y ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; e investigadores independientes.
Asimismo se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez; la planta farmacéutica Quimbotec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche en las afueras de Caracas. Por su parte, en Valencia, el Gobernador preparó un encuentro con los directivos de las empresas públicas de agua, luz, gas y telecomunicaciones, la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de atención primaria inspirados en el modelo cubano y algunas organizaciones no gubernamentales.
La mayoría del discurso de la relatora, hizo énfasis en que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades que se viven en Venezuela.
Expuso sobre la falta o insuficiencia de medicamentos y vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria; la falta de pruebas y tratamiento para el VIH que resultó en la muerte de varias personas; crecimiento de precios; escasez de electricidad para el suministro de equipos; escasez de agua y problemas de saneamiento que afectan la higiene; infraestructura en deterioro debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de repuestos, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos; condiciones de trabajo degradadas y falta de equipo de protección contra enfermedades infecciosas; pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; las construcciones inconclusas de hospitales y centros de atención primaria de salud.
También se refirió al embarazo en la adolescencia, el cual está llegando a un alto nivel de alarma ya que se ve en niñas de 12 a 13 años que quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a información y uso de anticonceptivos; y un aumento del VIH / SIDA debido a las relaciones desprotegidas.
Reveló que la educación escolar y universitaria ha enfrentado una seria disminución en el apoyo gubernamental desde 2016 en Venezuela, incluida la terminación o reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y útiles de oficina; y una reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad alimentaria o su cancelación total. También la falta de disponibilidad de recursos financieros ha resultado en la suspensión de muchos programas sociales.
Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano permitió la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las Organizaciones No Gubernamentales humanitarias que brindan ayuda, facilitando alguna reconstrucción de sistemas y suministros de agua, vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, útiles escolares y alimentos. Sin embargo, a pesar de la intensificación del trabajo con actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y enjuiciamiento del personal de ONG nacionales involucradas en trabajo humanitario.
A la par de las declaraciones de la relatora, organizaciones de la sociedad civil, defensores, activistas de derechos humanos y comunicadores, hicieron tendencia en redes sociales la etiqueta #LaCrisisFuePrimero, a través de la cual expresaron que en Venezuela se vive una Emergencia Humanitaria Compleja desde hace más de 6 años, originada por políticas de desmantelamiento institucional y del Estado de Derecho, montos de corrupción únicos en el mundo y sistemáticas violaciones de DDHH, sin embargo, aunque reconocen el efecto de sanciones sectoriales en la crisis que vive el pueblo venezolano y apoyan solicitud de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DDHH, a que se alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en respuesta a las necesidades de la población venezolana, señalan que las sanciones no son la principal causa de la grave situación que se vive en el país, ya que la responsabilidad de la situación del país recae en el gobierno de Maduro y su voluntad política. Alegan que llegar a la situación actual ameritó años de mala gestión y malas políticas sostenidas.
Recuerdan que en el año 2012, antes de la Emergencia Humanitaria Compleja, en el país comenzó el evidente fenómeno de la escasez de alimentos, que desde entonces se acentuó progresivamente, alcanzando en 2015 cifras nunca antes registradas. Sustentan su argumento en lo expuesto por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) quienes declararon que en Venezuela el número de personas con hambre ya era de 2,9 millones de personas de 2013 hasta el 2015.
A través de la campaña hicieron ver que la promoción de las denominadas sanciones “inteligentes” o “selectivas” son las que provocan menor grado de invasión en la esfera de derechos de las personas, a diferencia de las consecuencias que las sanciones generales, o sectoriales desencadenan.
Finalmente, al culminar la rueda de prensa, la relatora les recordó a todas las partes involucradas su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de disputas internacionales. Les insta a que resuelvan cualquier controversia a través de instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.
Destaca además que las preocupaciones humanitarias siempre prevalecerán sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo pueden tomarse teniendo debidamente en cuenta el estado de derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario.
Alena Douhan subrayó la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diesel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.
Instó a todos los interlocutores, incluidos los Estados, organizaciones internacionales, bancos, empresas privadas y sociedad civil a evitar la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda causar o resultar en un exceso de cumplimiento de las orientaciones emitidas por la relatora especial en diciembre de 2020.
En reiteradas oportunidades le insistió a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados.
Llamó al Gobierno de Venezuela y a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos a implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia del ACNUDH en el terreno y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país. Igualmente, pidió negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales independientemente de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales.
