En toda conferencia, lección o cátedra inicial de derechos humanos aprendemos que el pilar fundamental de los Derechos Humanos es la Dignidad Humana, razón por la cual los derechos humanos son inherentes al ser humano y, por lo tanto, todos tenemos derecho (valga la redundancia) a gozar de ellos por el sólo hecho de ser seres humanos. Desde el punto de vista individual el ejercicio y pleno disfrute de los Derechos Humanos tiene como objetivo garantizar que cada persona logre desarrollar su potencial y alcance la felicidad.
Pero las consecuencias del goce y ejercicio efectivo de los Derechos Humanos trascienden el plano individual. Los Estados que promueven el respeto de los DDHH terminan siendo sociedades más pacíficas, democráticas, inclusivas y prósperas. Efectivamente, con la promoción y garantía de los Derechos Humanos especialmente de grupos históricamente vulnerables como mujeres, afrodescendientes, homosexuales, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otros, se garantiza la evolución y progreso de una sociedad, ya que al ser respetados e incluidos logran una mejor educación, elevada calidad de vida y prosperidad económica que les permite influir positivamente en sus comunidades, y desde luego en sus países. Por el contrario, en las comunidades o países donde se violentan los derechos humanos hay baja calidad de vida, y se produce un círculo vicioso de exclusión, violencia y pobreza.
Así que, para procurar la anhelada evolución, los Estados tienen la obligación de garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos humanos y además tomar las previsiones para evitar la violación de los mismos, y en todo caso, si esto último sucede sancionar severamente a los responsables para evitar repeticiones de esas conductas. Precisamente, esto no está ocurriendo en Venezuela. En nuestro país se violenta el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad física y psíquica, el derecho de expresión, también el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a un sueldo decoroso, el derecho a la paz, a la calidad de vida y al desarrollo, entre muchos más.
Adicionalmente y desafortunadamente, el estado venezolano lejos de castigar a los responsables de las mencionadas vulneraciones, en la mayoría de los casos promueve y premia a los victimarios, creando un espiral de violaciones cada vez más frecuentes y atroces.
Por esta razón y ante la ausencia de independencia de los poderes públicos, las Organizaciones No Gubernamentales tienen una mayor carga de Documentar, Denunciar y Difundir las habituales y cada vez más crueles violaciones de DDHH ocurridas en nuestro país. Desde el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC) hay un fuerte compromiso en ello y también en formar en esa ardua tarea a los defensores y activistas hasta lograr un cambio de sistema y contribuir en el avance de las condiciones económicas, políticas y sociales e intelectuales que abonen el progreso y el bienestar.
Violaciones de DDHH en el Estado Barinas
En Barinas, como en todos los estados del país, han ocurrido innumerables violaciones de DDHH. Se viola el derecho a la alimentación, a la salud, entre otros, pero sin duda alguna la vulneración más sonora es la del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. En el año 2017, entre el 22 y 23 de mayo, fueron asesinados 07 jóvenes y decenas fueros heridos, entre ellos, Carlos Acosta, que aún permanece en silla de rueda debido a un impacto de bala que le propinó un policía del estado Barinas mientras protestaba pacíficamente en la Avenida Cedeño.
Carlos tiene la esperanza de volver a caminar y de seguro lo logrará gracias a su energía, determinación y positivismo. Desafortunadamente Yorman Alí Bervecia, Elvis Montilla, Alfredo Carrizales, Miguel Ángel Bravo, Freiber Pérez, Juan Sánchez y Erick Molina no sobrevivieron al ataque despiadado de funcionarios policiales mientras ejercían su derecho constitucional de protestar pacíficamente. Semanas antes, fueron asesinados Renzo Rodríguez y Yeison Mora en las mismas condiciones. Todos los expedientes de estos casos reposan en el Ministerio Público sin que, hasta ahora, haya justicia.
Justicia por la que se está luchando y que será muy necesaria para cerrar las heridas causadas a los familiares, a la comunidad, pero también para cerrar un ciclo de impunidad. Sólo será posible avanzar hacia la paz, el progreso y el bienestar cuando los violadores de DDHH sean debidamente sancionados; por el contrario, sería un peligroso precedente permitir que los victimarios se salgan con las suyas, creándose una cultura de arbitrariedad. En el futuro, una vez logrado el cambio en el sistema, si hay impunidad cualquier funcionario del Estado puede sentirse lo suficientemente “envalentonado” como para cometer nuevas violaciones a los Derechos Humanos, e incluso el ciudadano común puede creer que no vale la pena respetar las leyes, lo que atentaría contra el estado de derecho y nos conllevaría, una vez más, a la anarquía.
Por estas razones, es importante luchar por los derechos humanos, porque conlleva a sociedades respetuosas, democráticas e inclusivas, donde se respetan las leyes y el estado de derecho, lo que influye en nuestro bienestar y prosperidad.
