Son muchos los derechos que como personas adquirimos desde el nacimiento, uno de ellos es el Derecho a la Libertad de Expresión, el cual se considera como un derecho fundamental y está regulado en el Art. 19 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural. No son acordes con un sistema democrático las limitaciones o restricciones al derecho de informar e informarse objetivamente. La libertad de expresión, es el presupuesto de la libertad del ser humano ya que en ella se asienta el pilar fundamental de donde emanan las demás libertades públicas. La existencia de la libertad de expresión es incuestionable; sólo debe ser materia de interpretación, el grado y la medida de su ejercicio, teniendo como límites las normas constitucionales y legales encaminadas a no permitir el abuso de esta libertad, quebrantando las libertades individuales.
Como ya mencione la libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos. Cuando en un país existe democracia, la libertad de expresión es de suma importancia ya que permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Es por ello que no podemos considerar como democrática una sociedad donde no haya libertad de expresión. Por otro lado, la libertad de expresión es una manifestación real y concreta en el espacio público de otra libertad esencial para la realización personal de los seres humanos como lo es la libertad de pensamiento.
Hay que resaltar que si bien la libertad de expresión es un derecho, la misma implica deberes y responsabilidades, que permite proteger los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía.
Una de las características de sociedades con libertad de expresión plena ex la libertad de prensa, que no es más que el derecho de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión, tanto tradicional como digital) de investigar, informar y difundir informaciones sin ningún tipo de limitaciones, como la censura previa, el acoso o el hostigamiento.
No obstante, para la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), tampoco se puede atacar la libertad de prensa por medios indirectos, como el control abusivo del suministro de papel (caso de periódicos), de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados en la difusión de información, que impidan la libre difusión de ideas y opiniones, pues se estaría restringiendo también la libertad de expresión.
En los países donde hay dictaduras abiertas o autoritarismos que mantienen formalidades de democracia la libertad de expresión tiende a ser amenazada por un instrumento que utilizan los regímenes antidemocráticos llamada censura. La cual surge cuando no hay libertad de expresión o cuando esta está amenazada, esta no solo se limita a los medios de comunicación, sino que también en otros ámbitos de la expresión humana, como el cine, la literatura o la música.
Nuestro país siempre se ha comprometido con el respeto y consagración de esta libertad; igualmente, ha estado en sintonía con los pactos internacionales suscritos por la mayoría de los Estados, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos de 1.961, y la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos de 1977, conocida universalmente como el Pacto de San José.
El columnista del diario El Universal, Gerardo Blyde, explica en su artículo Resistencia Pacífica como la defensa de la libertad de expresión tiene vieja data en el país. “A quince días de haber muerto Gómez, López Contreras dio su primera rueda de prensa, el 3 de enero de 1936. En ella prometió completa libertad de expresión: sólo los medios debían imponerse los límites (…) Inexplicablemente, dos días después, cambió de opinión y dictó un decreto de suspensión de garantías constitucionales (entre ellas la libertad de prensa y el derecho a la protesta pacífica) y estableció una Oficina de Censura en donde se ordenaba a las gobernaciones vigilar que no se publique ningún escrito de carácter político, social o económico sin la aprobación de la autoridad”.
Desde entonces hemos vivido cierres de periódicos, ceses de transmisiones y muchas otras acciones de los diferentes gobiernos sucesivos, ejemplos de ellos son las persecuciones hechas por la Seguridad Nacional a aquellos que se pronunciaran en contra de la dictadura de Pérez Jiménez; las protestas por la suspensión de garantías y la prohibición a los medios de divulgar lo que estaba ocurriendo en el período de Gallegos; el decreto del Ministerio de Relaciones Interiores del período de Betancourt, en el que se ordenaba a las publicaciones del país abstenerse a dar informaciones relacionadas con el orden público sin consultar previamente a los funcionarios designados; entre otras. Dado a esto las relaciones de los medios con el Gobierno se han caracterizado por períodos de tensión, de duras críticas y ataques del Presidente contra determinados medios, y de los medios contra el gobierno de turno. Entre los casos más destacados tenemos el cese de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), originó una ola de protestas y debates sobre la existencia de libertad de expresión y otras libertades en el país y constante amenaza de cierre que vive el canal de señal abierta Globovisión parte del Gobierno Nacional.
Con el pasar de los años la censura se ha hecho más notoria y los casos contra la libertad de expresión han aumentado. La escasez de papel prensa generalizada desde el año 2013, tras la monopolización de la distribución del insumo por parte de la empresa estatal, Complejo Editorial Alfredo Maneiro, implica el cese de circulación de medios impresos, en especial de aquellos que manejan una línea editorial crítica o independiente del Gobierno Nacional, a esto se suma la agudización de la crisis económica, lo que reduce la capacidad de los medios de comunicación, en particular las pequeñas y medianas empresas en el interior del país, ante las dificultades impuestas por la hiperinflación, la ausencia de divisas preferenciales, y la escasez de insumos para la imprenta en Venezuela.
Al menos 40 medios impresos salieron de circulación de forma indefinida. De estos, 10 cesaron ante la imposibilidad de sostener sueldos tras la adopción de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo el 20 de agosto de 2018. La agudización de la escasez de papel prensa, la crisis económica existente y más recientemente las medidas de aumento salarial, trajeron como consecuencia que sumen diez los estados del país sin periódicos: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo. 42 acciones entre bloqueos y ataques informáticos contra sitios web, medios digitales y cuentas personales de redes sociales, se registraron entre enero y diciembre de 2018. Del total de afectados (24), el 58% (14) fueron sitios informativos, entre ellos El Nacional Web, La Patilla, Punto de Corte, Crónica Uno, Tal Cual, Armado Info, Mérida Digital y El Pitazo, cuyo acceso fue bloqueado por la operadora pública Cantv. La famosa “Ley contra el odio” que, entre otras cosas, castiga las expresiones de odio hasta con 20 años de prisión, se empezó a aplicar este año. En 19 oportunidades el instrumento fue utilizado como mecanismos de amenaza o sanción contra trabajadores públicos, manifestantes procesados judicialmente, miembros de la Iglesia Católica, periodistas para exhortarlos a suavizar su línea editorial cuando abordan temas que evidencian la crisis social, y contra medios digitales.
Un caso de este patrón ocurrió en marzo de 2018, cuando el Diario Última Hora, del estado Portuguesa, anunció el cese de circulación los domingos por escasez de papel periódico. Para el 30 de mayo, se bajó la frecuencia de circulación a cinco días a la semana. A principios de agosto, dejó de circular de forma indefinida ante la imposibilidad de conseguir los insumos para la impresión; entre las causas el medio señaló la falta de dinero en efectivo para la compra del impreso por parte de los lectores; la falta de transporte generalizado, lo que limitó la distribución del medios y la falta de recurso humano por la migración de personal calificado. Finalmente, el 23 de agosto el medio dejó de funcionar incluso en la web ante la imposibilidad de asumir las consecuencias del aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional. El sitio web informativo, Punto de Corte, sufrió varios ataques informáticos durante el año, en los meses de febrero, abril y junio. Los administradores de la página los describen como ingresos no autorizados desde varios servidores en paralelo con varias muestras de Ransomwares de la familia WannaCry, cuyo objetivo aparente es de realizar un cifrado masivo de ficheros de información del cliente Punto de Corte Agencia de Información. El 12 de julio el portal fue bloqueado por varias horas luego de que se publicara una entrevista realizada por Sebastiana Barráez a Luisa Ortega Díaz, donde esta afirma que Chávez habría fallecido el 28 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013, como asegura la versión oficial. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de la emisora Estudio 96.7 FM de Barquisimeto, estado Lara. Según información confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la razón del cierre obedece al vencimiento de la concesión. El SNTP aseguró que la medida contra el medio, que estuvo en el aire durante 30 años, dejó a 24 personas sin trabajo. Un colectivo oficialista tomó el dial tras la salida del aire de la emisora larense, con una radio constituida por afectos al Gobierno.
En línea se registraron 66 violaciones a la libertad de expresión, el 62% se tradujeron en censura por difusión restringida o impedida de contenidos, por acciones de bloqueo (17) y ataques cibernéticos (25). Entre los medios digitales más afectados, con varios ataques, se encuentran: El Pitazo, El Nacional, Punto de Corte y La Patilla.
Las detenciones por publicaciones en redes sociales están vinculadas a contenidos que son de acceso público, opiniones o información que cuestionan al gobierno o revelan datos sobre la crisis social, económica y política que atraviesa el país. Entre enero y diciembre de 2018, se registraron diez casos con un total de 24 personas detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.
En el marco de las protestas iniciadas a partir del 30 de abril de 2019 en Venezuela, las autoridades estatales también han intensificado las agresiones, detenciones y expulsión de corresponsales extranjero, el 30 de abril durante la cobertura de la denominada “Operación Libertad” y la realización de protestas iniciadas ese día, Radio Caracas Radio 750 AM, la estación de radio privada más antigua de Venezuela, fue notificada del cese inmediato de sus operaciones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debido a la negativa de la renovación de la concesión. La emisora había solicitado renovar su concesión en el año 2002, pero hasta la fecha nunca se le había dado respuesta a la solicitud, asimismo las cadenas televisivas CNN en inglés y BBC Mundo, fueron bloqueadas en la televisión por suscripción por orden de Conatel. Ambas señales fueron bloqueadas inmediatamente después de que transmitieran un video mostrando tanquetas militares atropellando a manifestantes en la ciudad de Caracas.
Otro de las televisoras afectadas por la censura fue el canal de la Universidad de Los Andes, ULA TV, el cual denunció su salida abrupta del aire y el decomiso de sus equipos de transmisión por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el jueves 15 de junio. El canal tenía al aire 10 años y transmitía contenido cultural y académico. La televisora fue sancionada por presuntamente “incumplimiento al numeral 1 del artículo 165 y numeral 1 del artículo 172 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. Con su salida no solo fue afectada la población de la ciudad de Mérida, sino que también sus poblaciones cercanas y los Estados Táchira, Trujillo y Barinas donde tenía alcance la televisora. Con el cierre del canal universitario una vez más fue violentado el Derecho a la libertad de expresión. Por lo cual Venezuela nuevamente incumple con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Así como también lo establecido en la OEA, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En mi opinión creo que y lamentablemente hoy por hoy en Venezuela este Derecho es uno de los más violentados; ya que nuestro “intachable” gobierno suele decir que Venezuela es un país “libre”: y entonces si es así, si supuestamente somos un país libre ¿Qué pasa con todas las injusticias que hay en nuestro país?, y me refiero, por ejemplo, a los periodistas que hoy en día por tratar de realizar su trabajo han terminado muertos, detenidos y expulsados, por el simple hecho de que se creyeron libres de expresarse. ¿Somos o no somos un país con libertad de expresión?, como considerar que si tenemos libertad de expresión cuando tener más de 49 medios audiovisuales cerrados (46 radios y 3 canales de TV), 80 periódicos que dejaron de circular por falta de papel desde 2013 y más de 1.300 profesionales de la información que han emigrado de Venezuela, por razones tales como amenazas a su seguridad personal, ataques físicos y robo de material durante coberturas de manifestaciones por parte de la guardia nacional o colectivos gubernamentales, así como por falta de oportunidades de trabajo ante la desaparición de medios o por las mediatizadas líneas editoriales que les impiden el libre ejercicio del periodismo.
¿Cómo saber cuándo es legítimo expresarse libremente y cuando no lo es? Si quienes lo han hecho han sufrido las consecuencias, como es el caso de La Patilla, El Pitazo, la página web de El Nacional o Armando Info, los canales internacionales CNN, NTN24, Radio Caracol y RCN y TV Azteca.
Lamentablemente este hecho nos ha llevado a que cada vez más exista un mayor control de la opinión de los venezolanos, a que las grandes masas venezolanas solo tienen una versión de lo que ocurre en el país.
Pero como dice José Martí “La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio.”, entonces pensemos que es lo q queremos ¿vivir toda la vida callados, sin podernos expresar, pagar por este DERECHO o mejor DEJAR QUE NUESTRO GOBIERNO SE ENCARGUE DE EJERCERLO COMO CREE DEBE SER? Yo sé lo que quiero, pero la pregunta es ¿QUE ES LO QUE EN VERDAD QUIERE VENEZUELA Y ESTA LA SOCIEDAD DISPUESTA A HACER ALGO PARA LOGRARLO? O simplemente prefieren seguir escondiéndose detrás de una sombra de mentiras e injusticias.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la persona humana, pues, indiscutiblemente, sin libertad de expresión no hay un armonioso desarrollo de la personalidad, puesto que el ser humano es un ser comunicativo por naturaleza, y requiere de la comunicación para asociarse con sus semejantes y conseguir fines comunes e imprescindibles para la existencia individual y social. La libertad de expresión comprende no sólo la libertad verbal o de palabra, sino toda comunicación manifestada por cualquier medio o símbolo artístico, científico o de cualquier índole. No es un derecho exclusivo de los actores comunicacionales: periodistas, abogados, políticos, pensadores, docentes, etc., sino que cada individuo de la especie humana es titular de ese derecho. Y el Estado está obligado a garantizarlo frente a las instituciones gubernamentales o no, frente a cualquier persona.
*Imagen cortesía de 800 Noticias
