Sin bien es cierto, actualmente pronunciar el nombre de “Luisa Ortega Díaz”, Fiscal General de la República, puede representar un dulce amargo para muchos venezolanos independiente de que tolda política pertenezca, producto al papel que la fiscal ha jugado en los últimos meses en el acontecer político venezolano.
“Se evidencian varias violaciones al orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Palabras expresadas por la fiscal el 31 de marzo del presente año, cuando en trasmisión por medios de comunicación e incluidos el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), parada y con una hoja en la mano, Luisa Ortega Díaz le dijo al país que las sentencias 155 y 156, publicadas apenas un par de días atrás por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituían una ruptura del orden constitucional ya que usurpaban los poderes de la Asamblea Nacional.
Dicha alocución marcó el inicio de esta gran paradoja política que se encuentra el país, teniendo a la figura de la fiscal como la vía más viable e inmediata para detener al gobierno de Nicolás Maduro, el cual impulsa la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) bajo unos condiciones que violentan el frágil, e inexistente, Estado de Derecho venezolano, ya que dicha propuesta no cuenta con ese carácter democrático que se evidenció en 1999, y que alguna vez este ala chavista-madurista alardeaba del mismo, cuando el entonces presidente Chávez realizó una ANC sobre la Constitución del 61 para la refundación del Estado.
Ahora bien, ¿Por qué se plantea la existencia de un sentimiento de recelo hacia las declaraciones de la fiscal?
En primer lugar, se debe en que 10 años como máxima representante del Consejo Moral Republicano y con una actuación apegada a los intereses del Gobierno de turno, desvirtuando el principio de separación de poderes, donde el silencio y la omisión fue una máxima en su accionar. No resulta fácil de olvidar para una población que se encuentra agobiada de tanta “Revolución Bolivariana” que solo ha conllevado a una crisis en todos los sectores del país.
Para ello, es necesario destacar el funcionar de Luisa Ortega Díaz como titular del Ministerio Público. Sus inicios datan en 1998 cuando formó parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), hoy Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para apoyar la campaña presidencial del fallecido presidente Hugo Chávez.
Pero es en 2002 cuando inicia su carrera en el Ministerio Público como fiscal séptima del área metropolitana de Caracas, carrera que cinco años más tarde la llevaría a ser designada como Fiscal General de la República. Meses después de su ingreso al Ministerio Público fue nombrada fiscal sexta a nivel nacional donde destacan entre sus investigaciones la acusación contra los líderes del paro, Carlos Ortega (presidente de CTV) y Carlos Fernández (presidente de Fedecámaras).
Con la muerte del fiscal Danilo Anderson, Ortega fue una de las fiscales que continuó con sus investigaciones caracterizadas por ser una de las funcionarias que pidió las penas más altas contempladas en la legislación venezolana contra los policías metropolitanos condenados por las muertes de la intentona golpista del 11 de abril de 2002, entre ellos Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y contra los firmantes del decreto de Pedro Carmona.
Su gestión en el Ministerio Público, que asumió en 2007, se ha caracterizado por polémicas acciones y omisiones. En 2010 solicitó la extradición y enjuiciamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez por las represiones policiales y militares durante las protestas y disturbios registradas el 27 y 28 de febrero, conocidas como El Caracazo. Mientras en su despacho reposan casos de denuncias, torturas y homicidios atribuidos a la fuerza pública.
En el año 2014 Ortega fue designada nuevamente como Fiscal General de la República, producto al apadrinamiento que el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, convenció a sus colegas de mayoría chavista, de que designaran a Ortega, una vez más, como máxima representante del Ministerio Público, tal como lo confesó en su programa Con el Mazo Dando en VTV.
Entre 2014 y 2015 Ortega se mantuvo igual a los años anteriores: pasivos y sesgados. Las protestas opositoras de 2014, similares a las de 2017, aunque distintas en escala e intensidad, fueron atendidas de modo distinto al actual por el Ministerio Público. Durante el periodo mencionado, es conocida por ser una de las responsables del encarcelamiento del líder de la oposición Leopoldo López y otros presos políticos.
Sin duda alguna, con esta exposición de su trabajo en el despecho presidencial del Ministerio Publico, la desconfianza hacia la fiscal está fundamentada. Sin embargo, aunque sea difícil de admitir y hasta de aceptar, es ella que representa el factor de éxito potencial de la oposición, centrada no solo en la protesta popular sino en la mayor implosión que puede generar, como lo es una fractura interna relevante.
La MUD al retar al Gobierno en mantenerse en posición firme, está poniendo a prueba la unidad interna del chavismo, y es una unidad que en el último año se ha visto tambaleada por una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional que coloca en contraposición los ideales consagrados por Chávez. Es aquí, donde la fiscal es ahora el riesgo más grande del gobierno, el disparador de la implosión más importante y la mejor oportunidad de la oposición.
Siendo la pregunta del momento que circula en los 31,11 millones de venezolanos, ¿Cuál es la razón que tiene Luisa Ortega Díaz para decir “sí a la represión de hoy, no a la de ayer”, al separarse de las líneas del gobierno tras 10 años de completa omisión?
Muchos podríamos señalar que la causa principal yace en el proceso de la ANC, bajo el argumento que este representa una violación fragante al Estado de Derecho y el legado del Presidente Chávez, como lo fue la promulgada Constitución de 1999. Por otro lado, no se puede determinar que el giro actual responde a un viraje ideológico, debido a que es una persona que goza de credibilidad por su firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista, y leal al proceso revolucionario desde sus inicios.
Al no ser aclarado los justificativos para su cambio de gestión, solo queda armar hipótesis, las cuales se manejan dos: salvarse personalmente del naufragio o el deseo de ser un líder político. Esta última idea empieza a cobrar cada vez más fuerte con cada declaración presentada por la fiscal, donde los medios de comunicación la empiezan a dibujar como una líder política: el elemento sorpresivo, apegado al Estado de Derecho, con la intención de hacer justicia bajo la búsqueda de rescatar el legado Chávez.
Si bien, con lo leído no pareciera ser que se está ante la mejor solución pero ante tanto desosiego ¿Qué es lo toca por esperar?
Bajo el escenario actual, se prevé que la MUD continúe con la fórmula de presión de calle para generar fracturas en el oficialismo. Mientras que la figura de este proceso es Luisa Ortega Díaz que como titular de la acción penal, tiene un abanico de acciones que puede ejecutar, recordando que la Constitución venezolana le otorga un gran poder a la Fiscal General de la República.
Por lo tanto, con todas las atribuciones que tiene legalmente puede cambiar muchas cosas en este país, a través de un amparo autónomo, una figura de protección que contempla la Constitución cuando se vulneran derechos fundamentales como el del voto. Así como el recurso de inconstitucionalidad, el cual puede pedir a la Sala Constitucional que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la convocatoria de la Constituyente, y por ultimo esta la carta más poderosa que goza la Fiscal General de la Republica como es la solicitud de un antejuicio de mérito, en contra de las rectores del CNE o de los magistrados, y hasta el mismo Presidente de la República.
En todo caso Luisa Ortega Díaz ya ha dado un gran paso del pareciera no haber retorno, ahora solo queda esperar ver si la Fiscal General está sola, porque fuera de ese coto cerrado como lo es el chavismo, cuenta con el apoyo de casi todo un país que se aferran a la fiscal como la única que puede detener este proceso constituyentitas y las implicaciones que puede conllevar.
María Alejandra Cortez Díaz
