Mérida (30/11/2017).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), exigió al Estado venezolano respetar los principios de rango constitucional que consagran la vida, la libertad, la justicia, la democracia, el sometimiento a la Ley y la separación de los poderes.
La exigencia la hizo al finalizar la presentación del informe anual de violaciones de Derechos Humanos que contiene los casos ocurridos durante las protestas cívicas desarrolladas entre abril y julio de 2017 contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Descargue el Informe ODH ULA Mérida Asalto a los DDHH 2017 (Aquí)
Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, señaló que tras demostrar las violaciones investigadas durante seis meses, instan al Estado venezolano y en especial al Ministerio Público, atender con celeridad las denuncias de violaciones a los derechos humanos que cursan ante su despacho.
De igual forma, piden a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría delegada del Estado Mérida cumplir con sus amplias funciones y competencias que le establece la Constitución para el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, de manera imparcial y sin sectarismo político.
El ODH-ULA plasmó en su informe anual decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, por lo que también exigió al MP en Mérida abrir las investigaciones a que haya lugar y determinar las responsabilidades civiles, administrativas y penales y que sancione, como lo prevén las leyes, a quienes hayan vulnerado los derechos humanos y se resarza a las víctimas.
Hocevar recordó al gobierno de Nicolás Maduro que debe enmarcar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado a las disposiciones constitucionales, legales y los estándares internacionales para que exista una coherencia entre lo que está escrito y lo que se practica.
Fiscales vetados y amenazados
Las víctimas de violaciones de derechos humanos visibilizaron sus casos en la presentación del informe anual, donde estudiantes, jóvenes, profesores y sociedad civil en general, fue blanco de la represión de las fuerzas de seguridad, detenidos arbitrariamente, golpeados, torturados, extorsionados por funcionarios policiales y sometidos a prácticas discriminatorias como los fiscales del MP a quienes despidieron luego de ser electa la espuria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En ese sentido, Iván Toro, ex fiscal provisorio de Responsabilidad Penal del Adolescente del MP, removido del cargo en agosto por protestar en contra de la ruptura del orden constitucional y la convocatoria a una ANC, expuso ante el auditorio su caso, en el cual además de ser destituido ha sido vetado para ingresar a la administración pública e impedido para ejercer el derecho, toda vez que señaló que en el MP advierten a los clientes que las decisiones en la búsqueda de justicia no serán imparciales.
Toro calificó de difícil la situación actual de justicia del ciudadano venezolano y dijo que “creer que se está haciendo justicia al involucrarse la política en instituciones del poder judicial y ciudadano, es difícil porque no se garantiza una justicia imparcial”.
Continúan amenazas contra fiscales
Por su parte la ex fiscal Albis Pérez dijo que en la gobernación de Mérida “estuvieron las fotos cuando nosotros salimos a protestar y hoy día el Fiscal Superior de Mérida, ex Defensor del Pueblo, todavía las carga en una carpeta, para impedir que denunciemos los que hacen contra nosotros”.
Pérez destacó el apoyo del ODH-ULA para visibilizar el caso de los fiscales destituidos a quienes el gobierno los señaló como “fiscales guarimberos” contra quienes aseguró, continúan las amenazas y el amedrentamiento.
Hoy día, la ex fiscal Albis Pérez no cree en la justicia venezolana, “a pesar de haber sido operante en ella y de haber luchado hasta el último día para que esas personas que yo asistía diariamente la tuvieran, lamentablemente para nosotros hoy no la hay”, dijo sin miedo a las acciones que pudieran ejercer contra ella desde el MP.
Cierre de medios de comunicación social, una política sistemática de restricción a la autonomía universitaria y libertad académica que deteriora la calidad de la educación y sume al país en el atraso, así como la violación a derechos sociales de la salud y la educación, también están reflejados en el informe anual, el cual se puede conocer en detalle en el portal del ODH-ULA (Prensa ODH-ULA)
