Tras haber transcurrido un año de la suspensión de las elecciones regionales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), es el 15 de octubre de 2017 que se llevan a cabo estas elecciones. Un proceso electoral que estuvo signado por una serie de claras irregularidades, que abarcan desde sus dos postergaciones inconstitucionales hasta su repentina convocatoria.
Si bien es el 18 de octubre de 2016 cuando la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anuncia su primera suspensión en un escenario políticamente convulso, por el proceso de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había impulsado desde el mes de febrero. Este anuncio lejos de interpretarse como la convocatoria formal de los comicios, se tradujo como otro intento de obstaculizar cualquier proceso electoral dado a la fragilidad política que el Gobierno nacional atravesaba.
En este sentido, es necesario señalar bajo qué condiciones se produce esta primera suspensión. En su anuncio, el CNE no presentó las razones del aplazamiento, evidenciando como el máximo ente electoral no poseía la disposición de realizar unas elecciones que estaban previstas para diciembre del 2016 según lo establecido en la Constitución y las leyes, ya que para la fecha anunciada no se había avanzado en las actividades previas como lo son los procedimientos establecidos para la definición y conformación de las circunscripciones en cada uno de los 23 estados de la República, y la realización de operativos especiales de inscripción y actualización en el Registro Electoral en los 335 municipios del país, ni la definición de las circunscripciones electorales para determinar el número de legisladores estadales a elegir en las regionales de 2017.
La segunda suspensión de estos comicios, en el primer semestre de 2017, se genera ante la inmediatez que originó la convocatoria y elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por parte del Gobierno Nacional. De esta manera, el ente electoral determinó que organizar las elecciones para la ANC solo demoraría 60 días, teniendo ya en su expediente un suspendido referéndum revocatorio, el cual tuvo un periodo de duración de más de 300 días y ocho meses de retraso de las elecciones regionales prometidas para 2017.
Tras quedar relegado a un segundo plano, en agosto de 2017 el Poder Electoral, junto ya la instaurada ANC inician finalmente los trámites para las elecciones regionales, únicamente de gobernadores, dejando fuera la votación de los alcaldes y concejales en estos comicios.
Este proceso de convocatoria para la elección de gobernadores se produce sin la presentación previa de un cronograma electoral, siendo violatorio a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual indica que el día en que se hace la convocatoria y se fija la fecha de los comicios debe publicarse el calendario con todas las actividades previas y posteriores a la elección.
En continuación a esta línea de irregularidades, una vez más el CNE en su actuación contraria a la Constitución y en las leyes, se adelantó unos pasos y llamó a los partidos políticos a postular candidatos entre el 8 y 9 de agosto. Destacando que solo 22 de los 64 partidos políticos que constituyen el sistema político venezolano estaban habilitados para postular candidatos en estas elecciones.
Bajo este escenario, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) junto a la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), desplegó un monitoreo ciudadano con el fin de observar el proceso de las elecciones de gobernadores. Entendiendo que parte de nuestro aporte a esta lucha consiste en dejar registro de las violaciones a los derechos políticos y humanos de cada ciudadano venezolano que vio este 15 de octubre una vía para expresar su voz ante el acontecer político. Asimismo, comprendemos que en tiempos obscuros el registro y la verificación de la misma cobran un valor de gran importancia, vista la hegemonía comunicacional del Estado y la falta de espacios de información para la ciudadanía
Por lo tanto, cada uno de los casos expuestos en el informe forma parte del laborioso trabajo de nuestros activistas a lo largo del territorio nacional. Este registro se basó en reportar cualquier situación que haya vulnerado los derechos políticos y civiles de los votantes, a partir de ahí se organizó cada una de las denuncias en función de las cinco categorías, las cuales demostraron ser las de más incidencia a lo largo del proceso electoral, como fueron las obstrucciones por vía de intimidación, condicionantes para sufragar, por maquinas dañadas, detenciones arbitrarias y agresión física.
Para esta labor hemos contando con la plataforma de registro y documentación de derechos humanos www.denuncialoYa.org.ve más la veeduría democrática, donde la ciudadanía pudo registrar aquellas violaciones de las cuales fue testigo. Para conocer el trabajo de REDAC pueden visitar www.activistasciudadanos.org.
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