En los últimos años, la migración venezolana ha sido una de las olas migratorias que ha crecido a mayor velocidad. Según la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), organismo de las Naciones Unidas, 925 mil personas salieron del país sólo en el año 2017, lo que significa un incremento del 895% en comparación del 2015. Sin contar con los 50.000 ciudadanos venezolanos que han solicitado asilo en distintos países durante el 2017, según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR).
Conjuntamente con estos datos, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana -Encovi- realizó un estudio donde determinó que casi el 80% de la emigración reciente desde Venezuela ha salido básicamente durante los años 2016 y 2017.
Según Consultores 21, las motivaciones para emigrar, 70% de los familiares consultados señala “la situación económica del país”, 22% “la situación política” y 8% “aprovechar oportunidades de estudio o profesionales”.
Pero, entre las razones que hace preocupante ésta migración masiva es que se hace de forma no planificada por la desesperación de muchos venezolanos de conseguir mejores condiciones de vida, pues necesidades tan básicas como comer se convierten en una misión titánica para un país donde el 87% de la población se encontró por debajo del umbral de la pobreza durante el 2017 –según ENCOVI-. Por lo que una parte importante de la población migrante se va del país sin conocidos que los reciban, sin posibilidades de trabajo e incluso sin posibilidad de legalizar su estatus migratorio en el destino al que llegan, colocando a muchas personas en situación de vulnerabilidad.
Esto ha traído como consecuencia que los venezolanos se encuentren entre las principales víctimas de la trata de personas, fenómeno que ocurre dentro y fuera del país. Para el 2016 el Índice de Esclavitud Global de la Walk Free Foundation calificó a Venezuela entre los primeros 20 países a nivel mundial que presentó mayor incidencia en esta problemática. Recientemente en el 2018, Venezuela se encuentra en la posición número uno a nivel latinoamericano.
Adicional a los factores de riesgo descritos en párrafos anteriores, es necesario abordar la situación generalizada de violencia producto, entre otras cosas, del deterioro socioeconómico del venezolano y de la ausencia de un Estado de Derecho que permita las condiciones mínimas de bienestar de la población, lo que también se convierte en elemento facilitador y detonador de potenciales víctimas de trata de personas. Venezuela se encuentra en la posición dos de los países más violentos del mundo, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, 2017). También, el estudio alerta sobre una creciente restricción a las libertades personales y el ejercicio de los derechos. Por otra parte, señala un importante crecimiento de la violencia entre ciudadanos y aumento de la violencia doméstica, expresada en situaciones de violencia de pareja y maltrato infantil, inéditas en el país por razones de hambre.
Ahora bien, para ponernos en contexto es importante destacar que trata de personas no es lo mismo que tráfico de personas. El primero se refiere a la obtención de un beneficio económico a costa del trabajo forzado, prostitución o explotación sexual, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos, mientras que el tráfico se refiere al traslado ilegal de personas hacia un país del cual no es residente permanente con fines económicos o de otra índole. Adicionalmente, el término “trata de blancas” está en desuso, ya que el tráfico de personas antes de los 80’s se daba fundamentalmente en mujeres y niñas de tez blanca para forzarlas a la explotación sexual en países árabes y asiáticos, práctica que actualmente se ha ampliado a mujeres de distintas características, hombres y niños.
Según la Oficina de la Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo, detrás del narcotráfico y el tráfico de armas.
El trabajo infantil como forma análoga de la esclavitud moderna
Según investigaciones realizadas por el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el trabajo infantil es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional, pues los menores migrantes, e incluso aquellos que se quedan en Venezuela sin sus padres o tutores legales, están expuestos a ser víctimas de organizaciones criminales dedicadas a esta práctica o forzados a trabajar para colaborar con el sostén familiar.
Las separaciones familiares, sobre todo en los sectores populares, se agravan con la exposición de niños, niñas y adolescentes con bajas posibilidades económicas, educativas o laborales a situaciones a las que son particularmente vulnerables, como el secuestro, el reclutamiento forzado y la explotación sexual por parte de grupos delictivos.
Al momento de ser trasladados, los infantes pueden padecer abusos, falta de cuidados y privación de servicios esenciales, y en los lugares de destino fuera del país, suelen tropezar con la detención ilícita, la xenofobia y la falta de atención especializada para los traumas físicos y mentales que han padecido.
Para el 2007, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela publicó que aproximadamente 800.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos trabajaban en el país, tomando en cuenta también los trabajos no forzados. Desde entonces no han habido cifras oficiales actualizadas, sin embargo, no es difícil deducir que los números han aumentado producto de la crisis generalizada.
Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 54, estipula que: “Ninguna Persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. La realidad es que no hay normativa legal especializada en la legislación venezolana sobre la materia, sólo la prohibición y disposiciones generales en instrumentos como el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, lo que trae consigo vacíos de ley que son utilizados fácilmente por las organizaciones criminales para reclutar y trasladar personas de manera ilegal.
La trata de personas y la prostitución forzada
De por si el tema del trabajo infantil es un problema sumamente grave, nos encontramos con otra arista de la esclavitud moderna. Según un informe elaborado por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, el número de víctimas venezolanas de la trata de personas aumentó de 50.000 en el 2014 a 198.800 en el 2018, de las cuales 70% son mujeres y 25% niños y niñas de edades comprendidas entre los 7 y 14 años. Sin embargo éstas son cifras oficiales, por lo que el número de víctimas reales es aún mayor.
Si hacemos una comparación entre el aumento de las cifras de emigrantes venezolanos y de venezolanas/os víctimas de la trata, es fácil deducir que las causas derivan de la emergencia humanitaria que cada día se agrava en Venezuela.
Los principales países receptores de víctimas son Panamá, China, República Dominicana y España, sitios en los que se han realizado investigaciones y operativos policiales para desmantelar redes de trata de personas en los que han sido liberados ciudadanos venezolanos. Pero también hay otros destinos como Aruba, Curazao, Haití, Trinidad y Tobago, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.
Desafortunadamente, en las estadísticas mundiales se identifica un nexo cercano entre el victimario y la víctima, en especial durante la fase de captación y/o traslado y aquella referente a la trata por explotación sexual comercial, trabajo doméstico y matrimonio servil. Paradójicamente, es común encontrar la participación activa de mujeres en la fase de reclutamiento o captación, incluso de mujeres que en algún momento fueron víctimas del delito.
Las redes de tráfico de personas se hallan principalmente en las zonas fronterizas. Alicia Moncada en su ensayo “Aportes del Análisis de la Violencia contra las Mujeres Indígenas en los Contextos Mineros”, afirma lo siguiente: “La búsqueda y rapto de mujeres indígenas es una acción de los mineros común y de vieja data. En las comunidades Yanomami es usual escuchar que los garimpeiros ofrecen intercambiar artículos -que los yanomamis denominan matohi: enseres de cocina, escopetas, ropa, comida, hachas, machetes- por adolescentes” (p.137). En los contextos de la minería legal, los índices de violencia se concentran en los feminicidios, violaciones, agresiones físicas y patrimoniales estratégicas contra las indígenas y sus familiares.
En el caso de las mujeres transgénero, la Coordinadora General de Unión Afirmativa de Venezuela y de la Red LGBTI de Venezuela, Quiteria Franco, señala lo siguiente: “La oferta a las personas trans se traduce en la posibilidad no solamente de hacer realidad el sueño de ser mujer, sino además de lograr que tengan un empleo con excelentes ingresos o la oportunidad de hacer realidad el cuento de la ‘mujer bonita”. Lo que coloca a este grupo social dentro un estándar de vulnerabilidad especialmente alto por cuanto Venezuela no cuenta con leyes de protección ni políticas públicas de inclusión social y laboral para personas transexuales, por lo que, en muchas ocasiones, optan por la esclavitud sexual o prostitución forzada para sobrevivir.
Es común que las mayor parte de víctimas de trata se encuentren en diversos lugares de trabajo sobre todo en prostíbulos encubiertos que estén funcionando como café bar, club nocturno, cabaret, whiskería, casa de masajes o privados; casas donde hay mujeres que son tratadas como servidumbre, trabajando largas horas por salarios irrisorios y a aquellos relacionados a agricultura y textilería dónde hay mayores incidencias de trabajo forzado.
En conclusión
El Estado venezolano no cuenta con políticas públicas que impulsen acciones estratégicas para la prevención de este delito, incumpliendo acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, entre ellas, líneas estratégicas obligatorias para el tema de trata de personas, establecidos en convenios internacionales que el Estado venezolano ha desconocido, a saber: Desarrollo de políticas y programas preventivos en materia de trata de personas, investigación, desarticulación, desmantelamiento de las redes criminales, optimización de los medios de identificación eficiente de las víctimas, que a su vez permitan la activación del sistema de protección, como el enjuiciamiento y castigo de los tratantes.
Aunque el trabajo forzado y la explotación sexual sean formas de trata de personas, es necesario separar cada una, pues el modo en que operan es diferente. Sin embargo, las medidas necesarias para erradicar o al menos disminuir estos delitos son en primer lugar, la de visibilizar la problemática a fin de evitar ser potencial víctima, como también la de aprender a identificar trabajo forzado o esclavitud sexual y denunciar a las autoridades correspondientes.
En caso de tener conocimiento de que una persona es víctima de trata o si se es víctima de trata, algunos países poseen oficinas para denunciar y contener a las víctimas. A continuación líneas telefónicas de algunos países para denunciar la trata:
145 Argentina
100 o 180 Brasil
122 Colombia
900 10 50 90 España
505-3233 ó 505-3234 Panamá
700 República Dominicana
