En la actualidad, hablar de los derechos de las personas migrantes y refugiadas es referirse a uno de los desafíos más importantes para el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), que ha sido desarrollado desde mediados del siglo XX. Las vulneraciones de los derechos civiles y políticos así como los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en movilidad, que se observan cotidianamente en las diferentes regiones del mundo, dan cuenta de la magnitud y complejidad de esta temática. El Perú no es ajeno a esta realidad.
De acuerdo a las últimas cifras de la Plataforma de Respuesta Interagencial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Perú es el primer país receptor de solicitantes de la condición de refugiado de personas venezolanas con un total de 394,195 solicitudes registrados al 06 de enero de 2020. Adicionalmente, se han entregado más de 590,000 permisos temporales de permanencia (PTP) a personas venezolanas (ACNUR y OIM 2020).
Este flujo, sumado a otros colectivos de personas migrantes y refugiados en el país, requiere de una respuesta estatal coordinando e integral desde una perspectiva de derechos humanos. Pese a los esfuerzos realizados por el Estado peruano en materia de protección de solicitantes de refugio y refugiados y en general de personas migrantes mediante medidas de regularización ad hoc como el PTP, aún persisten varias dificultades que impiden la satisfacción de derechos y una adecuada integración a la sociedad de las personas migrantes y refugiadas.
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