Los venezolanos cada vez tenemos menos medios para mantenernos informados sobre lo que está ocurriendo, y a eso se le suma la censura y autocensura que se está viviendo en la actualidad.
El año 2017, fue el año con el mayor número de casos documentados con denuncias al derecho humano a la libertad de expresión en Venezuela. Es común en cualquier parte del país ver como la Policía, Guardia Nacional Bolivariana y Sebin, en mancomunidad con los “colectivos”, acosa y reprime a periodistas, camarógrafos, reporteros y fotógrafos por la única razón de realizar su trabajo.
Hay muchos casos documentados de robo de equipos fotográficos y teléfonos móviles, sin mencionar la cantidad de periodistas que hasta ahora permanecen tras las rejas debido a su compromiso con la verdad. Es evidente que este régimen actúa con mayor arbitrariedad en la medida que no hay castigo ante abusos. La actuación impune y la inacción ante los atropellos se constituyeron en una indudable política de estado.
Otro caso de persecución que emplea el gobierno lo ejecuta a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente que se ha convertido en el brazo ejecutor para cientos de medios de comunicación en Venezuela, se calcula que dicho organismo suspendió al menos 40 emisoras durante el año 2017, y estos cierres se dan cuando la Dirección General de Conatel, ordenó un recorrido para sacar del aire a emisoras carentes de concesión, lo que también afectó a estaciones que habían formulado sus solicitudes hasta diez años atrás, sin obtener la respuesta estatal.
Algunas inspecciones devinieron en la confiscación de equipos, como es el caso de Yara 104.3 FM en Yaracuy, me entrevisté con Rosalbo Camargo Siliet, periodista y representante de dicha estación radial y me contó los detalles de aquel fatídico día…
Martes 6 de marzo, 2017
“Ellos vinieron a nuestra estación, debido a unas supuestas denuncias que habían recibido, vino solo una comisión de Conatel, les abrimos las puertas, probamos con hechos que no éramos una radio de opinión, al contrario, Yara 104.3Fm siempre fue una emisora de entretenimiento, con aproximadamente 30 programas que se transmitían en vivo, con producción netamente local y sin tinte político, teníamos 4 periodistas y el resto eran locutores, todo eso ellos lo pudieron constatar, al igual que nuestra situación administrativa, ya que estábamos como el más del 70% de las emisoras en el país, transmitiendo sin permiso, pero no por decisión nuestra, sino porque ellos nunca nos dieron respuesta, esa inspección duró unas 3 horas y luego se fueron sin decirnos nada”.
Miércoles 7 de marzo de 2017, 6:00 pm
“Llegó a nuestra puerta la misma comisión de CONATEL, pero esta vez acompañada de funcionarios militares, quienes de forma desafiante ingresaron a nuestras instalaciones, no nos permitieron usar teléfonos, nadie salía ni entraba del edificio, como si de una guarida de delincuentes se tratara, y ante nuestra mirada atónita desarmaron nuestra radio, lo que con tanto esfuerzo y sacrificio habíamos construido, cargaron con transmisor, procesador de audio, 6 micrófonos, fuente de poder, 3 computadoras, 4 consolas, además de 2 impresoras, modem y router de internet, no podíamos hacer nada, hasta ahora no sabemos del paradero de nuestros equipos, una fuente nos dijo que fueron donados a otra radio”
Pero el caso de Yara 104.3Fm no es aislado, esto se repite sistemáticamente en Venezuela, vale acotar que la responsabilidad del estado en garantizar el derecho a la libertad de expresión está consagrado en nuestra constitución:
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”
Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley…”
Pero además, el Estado también tiene responsabilidad internacional en garantizar el derecho a la libertad de expresión; del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se desprende que, es el derecho de toda persona, grupos y organizaciones a no ser molestadas por causa de sus opiniones y a expresarse en todas sus formas y medios de difusión, así como a la más amplia y plural existencia de medios de comunicación, independientes, libres y exentos de censura, limitaciones o trabas, incluyendo los electrónicos, y a comunicar información e ideas libremente, sin limitación de fronteras, con acceso a todos los medios y la posibilidad de solicitar o recibir de ellos los resultados de su actividad.
Si el gobierno dice ser democrático, uno de los pilares fundamentales es la libertad de expresión, pero no es lo que ha demostrado en 20 años de mandato, las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo configuran claras violaciones a nuestros derechos.
Es oportuno preguntar, ¿Qué pasará con estas radios cerradas? ¿En manos de quien fueron a parar sus equipos? ¿Cómo resarcir el daño moral a los profesionales de la comunicación que han sido víctimas de estos actos? ¿Cuántos periodistas más deben caer presos porque el estado sencillamente no tolera escuchar a quien le adversa? ¿Cuándo podremos navegar tranquilamente sin bloqueos? ¿Habrá una forma de informar sin que el estado se sienta herido o insultado?
Recientemente Michelle Bachelet, alta comisionada para los DD.HH, hacía referencia a los distintos casos de censura en Venezuela, y solicitó “se revoque las clausuras de medios de comunicación, se garantice el acceso a internet, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico”.
Es apremiante que se tomen en cuenta estas observaciones, ya que cada día mantenernos informados en Venezuela es complejo, la velocidad del internet es la más baja de latinoamericana, de hecho ya el estado ha anunciado las ganas de controlar el tema de las redes sociales, además de eso, el gobierno es el que tiene el control del papel y solo le dan a algunos que tienen una política editorial complaciente, son más de 200 emisoras que no le han renovado la concesión y a las televisoras tampoco, cada vez se pone más en tela de juicio la democracia del gobierno, y la libertad de expresión continúa en jaque.
