Gipsy Sarita Montiel, Observatorio Penal Mérida.
Gipsy Sarita Montiel Ramírez tiene nombre de artista, pero no está en las marquesinas de los cines como su tocaya española. Esta abogada destaca más bien por su trabajo como presidenta de la ONG Observatorio Penal Mérida, desde donde ayudan a todo el que requiera de su asistencia.
“Desde el año 2014 trabajamos arduamente, aunque sin recursos, pero con el apoyo humano que es mucho más valioso que cualquier otra cosa: un grupo de abogados y ciudadanos abocados a la tarea de defender los derechos humanos y ayudar a su difusión”. Trabajan en conjunto y recibiendo el apoyo de Redac y de Cepaz.
Gipsy Sarita es tenaz y no se arredra ante las dificultades. Cuenta con pasión de abogada las defensas que asumieron en las protestas de 2014 cuando privaron de libertad a jóvenes que manifestaban en Mérida, ciudadanos que por salir a manifestar eran apresados y limitados en sus derechos. Todavía hay dos presos políticos. “Nosotros representamos a Stevens Ricardo García Sanz, quien vino de Caracas a estudiar y en las protestas de 2014 le fue imputado el delito de asesinato de una dirigente del PSUV de nacionalidad chilena, profesora en una de las facultades”. El joven estuvo detenido en el Cicpc y sigue preso en el Cepra: su proceso ha sido entorpecido.
“La violación de sus derechos fue flagrante. Nos cansamos de hacer público que les negaban la visita, les botan la ropa, los dejan desnudos, les colocan corriente; hechos que los marcaron y nos marcaron también a nosotros como profesionales, porque nunca habíamos visto una ola tan grande de violencia hacia otro ser humano por parte de las instituciones que representan la seguridad a los ciudadanos”.
Han acompañado ante la Fiscalía los casos de la familia Mora –agredida por la Guardia Nacional en su propio hogar sin haber protestas en la calle– o personas que han sido despedidas de sus trabajos por firmar listas o por pensar distinto. Y esto ha tenido consecuencias: “Hemos recibido amenazas, hemos sido expuestos tratando de intimidarnos y notificamos a Redac del peligro que podemos correr como activistas de derechos humanos”. Ella ha recibido amenazas en dos ocasiones e hizo las respectivas denuncias ante el Ministerio Público.
Además de la defensa de centenares de personas, centran su tarea en enseñar a la gente a defender sus derechos. Cuenta que han ido a escuelas y han ayudado a más de 4.000 alumnos, padres y educadores a conocer la importancia de los derechos humanos.
Para todo esto les son de mucha ayuda los talleres y los encuentros con activistas de otros estados. “El hecho de intercambiar experiencias nos ha servido para manejar de la mejor manera la defensa de los derechos humanos”, dice. “Las herramientas que nos han facilitado Redac y Cepaz son para nosotros supervaliosas. Redac es una institución en cuanto a la preparación, la continuidad y el crecimiento que le presta a quienes formamos parte de las redes de activistas de derechos humanos”.
