Por: Comadre Argelia, Las Comadres Púrpuras.
En Venezuela las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Está penalizado. El código penal anacrónico e inconstitucional establece que el único motivo aceptado para interrumpir un embarazo es cuando la vida de la persona gestante está en peligro, se realiza a través del aborto terapéutico en condiciones seguras y con personal médico especializado. Sin embargo, para esta causal no existe un protocolo de atención estandarizado y tampoco existe claridad sobre cuándo se considera que está en peligro la gestante, cuales son los factores que ponen en riesgo la vida de la embarazada, lo que coloca al gremio médico a tomar la decisión sobre la mujer de continuar un embarazo no deseado, lo cual a su vez coloca a las mujeres en un limbo, sin poder de decisión sobre su propia vida.
Ciertamente algunas patologías y enfermedades crónicas pueden incrementarse durante el embarazo poniendo en peligro la vida de la gestante. También el embarazo en adolescentes y en niñas constituye un peligro su vida, así como la desnutrición de la embarazada que aunado a desfavorables condiciones económicas y sociales, incrementa el riesgo de muerte de la embarazada. No obstante, es sabido que estas razones no son tomadas en cuenta para aceptar la decisión de interrumpir un embarazo no buscado.
Las decisiones de la mujer sobre su reproducción quedan supeditadas a los criterios del Estado, de la Iglesia (cualquiera sea la religión que profese) y muchas veces del marido, y cuando la gestante es menor de edad, queda a criterio de su madre o padre. En muchas ocasiones, el entorno familiar y social, empuja a la embarazada a continuar una gestación que pone en riesgo su vida lo que conlleva a una maternidad forzada de hijos e hijas indeseados.
La ilegalidad del aborto no impide su realización. Por el contrario, promueve abortos clandestinos. Cuando el aborto se realiza en la clandestinidad es, ya por definición, un aborto inseguro independientemente de las condiciones sanitarias en las que se practique. Así lo afirman las investigadoras uruguayas Alejandra López y Elina Carril (2010), ya que, en el contexto de clandestinidad, la salud de las mujeres siempre estará expuesta a distintos tipos de riesgos: sanitarios, subjetivos, legales, sociales, de los cuales, generalmente, no se hacen responsables quienes realizan los procedimientos. El siguiente testimonio es una prueba de ello:
“Aborté en un ambulatorio privado que quedaba por una avenida conocida de Caracas. El lugar era bastante decadente e insalubre; no sabría ni cómo llamarlo” Katy
Sin embargo, en nuestro país, la precarización de la vida debido a la pulverización de los sueldos y salarios, la crisis generalizada que se evidencia en el desplome del sistema de salud, el colapso y casi inexistencia de los servicios básicos públicos: falta de agua, apagones frecuentes, la precariedad del internet, escasez de gas doméstico aunado a la ausencia de educación sexual integral, desinformación, falta de acceso de métodos anticonceptivos, violencia sexual, y la nula voluntad política para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos intensifica de forma dramática la realización insegura de un aborto. Si tomar la decisión de interrumpir un embarazo es difícil y complejo, se empeora cuando coexisten las condiciones antes mencionadas.
A partir de los testimonios recogidos en el Gancho, Canela y Sangre: de interrupción venimos a hablar (2018)[1], podemos encontrar la realidad que viven las mujeres en Venezuela que deciden interrumpir un embarazo no deseado, no panificado o involuntario, allí se encuentran relatos de mujeres que nos expone el tránsito por esto y las condiciones a las que están expuestas en la clandestinidad.
La crisis humanitaria compleja que explota en el 2016 pero ya se sentía desde el 2014, momento en el cual el gobierno nacional extrae los métodos anticonceptivos de la lista de medicamentos esenciales para importar, los pocos que había en los anaqueles de las farmacias tenían precios exorbitantes.
Para el año 2015 la escasez de anticonceptivos se ubicó en 45,2% y para febrero de 2016 ya se situaba en 80%[2] esto trajo como consecuencia que las mujeres quedaran desprotegidas ante infecciones de transmisión sexual (ITS) pero también desprotegidas ante embarazos no deseados. Muchas de ellas tuvieron que de dejar de tomar las píldoras anticonceptivas, y otras cambiaron de marca, tomaron las que encontraron y esto incide en la inefectividad del producto, es decir el riesgo de quedar embarazada sin desearlo aumenta. Y así fue, conozcamos la experiencia de Cristal:
“… había buscado en cada farmacia de la ciudad las pastillas anticonceptivas que tenía indicadas; terminé tomando las que conseguía y no las que debía, con la angustia de no conseguir más de una caja, sin reserva para el mes próximo. A mi alrededor había personas muriendo por no conseguir sus tratamientos médicos, mi situación era un relieve más de la silueta monstruosa de país que nos caía encima”.
He aquí la muestra de un embarazo involuntario, accidental, cuyo remedio no puede ser la obligación de ser madre sin haberlo buscado, sin querer serlo. Porque no todas las mujeres hacen el amor o tienen relaciones sexuales para quedar embarazadas, y muchas mujeres lo hacen tomando las medidas de protección, y éstas pueden fallar.
La verdad es que nadie está a favor del aborto en sí. No es una práctica deseable para nadie. Saberse embarazada sin quererlo, sin buscarlo, coloca a la mujer en una encrucijada decisional, que se vive con angustia y miedo. Cabe destacar que cuando se está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, en lo que se está de acuerdo es con la regulación de una práctica que ya existe. La despenalización favorece que el aborto deje de verse como delito, y se asuma como lo que es: un proceso más en la reproducción humana, que amerita atención y prevención de calidad y coadyuva a la despenalización social y la desestigmatización de las mujeres que lo han realizado.
La despenalización y posterior legalización incide en evitar que las mujeres enfermen o mueran debido a abortos mal practicados. Lo que conllevaría a respetar el derecho de las mujeres al ejercicio de su ciudadanía expresado en el derecho de decidir sobre su cuerpo, su reproductividad, así como el derecho a decidir ser madre o no, o cuándo serlo.
Una vez constatada la sospecha de embarazo, la mujer se enfrenta a la sorpresa no grata de estar en estado de gravidez, porque no todo embarazo significa una bendición para la gestante, así nos lo muestra la psicóloga feminista Kika Martorell (2020) cuando expone que el embazo inesperado tiene un significado de fatalidad, la mujer lo vive como un acontecimiento negativo, una situación amenazante que causa estrés, como un problema que hay que resolver[3]. Estos embarazos imprevistos hacen a las mujeres un jaque mate a su omnipotencia, a la certeza en sus previsiones y a la fantasía de controlar el cuerpo.
Es un momento de lleno de ambivalencias. Antes de tomar la decisión muchas mujeres fantasean con la posibilidad de continuar el embarazo, se ven ejerciendo la maternidad pero muchas no quieren serlo, otras quieren continuar con los proyectos que está desarrollando, etc, lo que quiere decir que la mujer evalúa las condiciones actuales y necesarias para sostener una vida. Porque, la decisión de interrumpir un embarazo no se da de manera fácil: no se toma la decisión deliberadamente, como tampoco es deliberado el quedar embarazada (Martorell, 2020)
Es un momento que se vive con angustia y al tomar la decisión viene el conjunto de pasos necesarios para acceder a la interrupción. La mujer sabe que tiene poco tiempo, pues cuanto más tiempo pase es mucho más delicado y sabe que es ilegal, generalmente no se tiene información sobre ello, lo cual eleva el miedo a morir en el intento o a quedar privada de libertad. (Martorell, 2020)
Este secreto a voces, que es la clandestinidad aunado a la crisis generalizada ha llevado al recrudecimiento de la mafialización del aborto, es decir, se engorda el mercado ilícito de pastillas a través de dealears inescrupulosos, sin información, ni empatía, además que se promueve la especulación y la estafa: precios exorbitantes por cada medicamento, venta incompleta del protocolo y el llamado “gato por liebre”, por ejemplo: venden ibuprofeno en lugar del Miso, todo esto hace que la mujer que ya está en situación de angustia y desesperación su malestar se incremente y conlleva a altos costos psicoemacionales.
Asimismo, la legalidad promueve la desinformación por lo que estos vendedores no conocen el protocolo y venden las pastillas incompletas e inclusive venden pastillas que no son, y como las mujeres que acceden tampoco están informadas las convierten en víctimas de estafa. En los siguientes relatos podemos conocer algunas experiencias sobre esto:
“Nos pusimos en la tarea de conseguir las Cytotec. Yo empecé a volverme loca buscando efectivo, porque sabía que solo aceptan efectivo, y es absurdamente imposible conseguir esa cantidad. El acto de comprar fue lo más parecido al tráfico de drogas, en manos de hombres de aspecto intimidante, es abuso de poder y abuso económico aprovecharse de mi necesidad de abortar para ellos lucrarse”. La Caleña.
“Nos estafaron: el tipo que supuestamente conseguía las pastillas “rapidito”, terminó vendiéndome ibuprofeno. Volvió la angustia nuevamente, ahora sin plata, sin comida y con un ser no deseado creciendo en mi vientre”. Tina
“Cuando supe el costo de cada pastilla y de que además necesitaba doce; el precio triplicaba el salario mínimo y yo de vaina y llegaba a uno (…) Compramos la mitad de las pastillas, pero no funcionó”. (La Caleña)
El protocolo del método medicamentoso o farmacéutico para la interrupción del embarazo hasta la semana 12, autoadministrado con pastillas Misoprostol realizado por La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que existen riesgos muy mínimos si se aplica de manera correcta y adecuada, sin embargo, como se dijo anteriormente, la ilegalidad promueve la desinformación y la estafa que influye directamente en que el procedimiento no sea exitoso lo que conlleva a que la mujer debe nuevamente ponerse en la tarea de buscar un método efectivo, lo que la lleva a vivir la angustia, con mayor intensidad. Asimismo, podemos encontrar testimonios que relatan la situación de violencia que viven las mujeres que ingresan al hospital con un aborto en proceso, la estigmatización y la criminalización empañan la debida atención médica, las siguientes palabras hablan por sí solas:
“Al hospital no me dejaron ingresar nada de mis pertenencias; me quedé incomunicada, desnuda y con miedo en una sala sucia, fría y hostil, esperando. A partir de esa experiencia, entendí cómo funciona la tortura, cómo los seres humanos y el trato cruel pueden reducir a otro ser hasta volverlo autómata sin capacidad de reaccionar (…) “Perdí la cuenta de los “chequeos” que me hicieron, solo recuerdo el dolor que eso me provocaba, las manos frías y violentas abriéndome como un trozo de carne, las miradas despreciativas, los comentarios de rutina” Cristal.
“…Lo que me dijo: “Móntate aquí”, refiriéndose al potro de ginecología. “Abre bien las piernas”, y buscó un espéculo. La escuché decir: “Este es muy grande, ay, pero qué importa”, y sin decir palabra me lo metió durísimo por la vagina, lo abrió y lo retorció, aseverando: “Sí, esto es un aborto, hay que hacerte un legrado”.
“Llévenla a hospitalización, esta niña se queda”. Yo, aunque tenía 20 años, parecía una niñita, lo cual les dio motivo para tratarme peor (…) En eso, justamente, entran dos enfermeras. Una de ellas se estaba incorporando a la guardia y le pregunta a la otra por mi historia: “¿Ella qué es?”. “Un aborto”, contestó la otra. Santa.
Tales testimonios nos permiten palpar las peripecias, maltratos, dolores y angustias que enfrentan las mujeres que transitan por un aborto de forma clandestina en nuestro país, con un gobierno indolente a esta situación que prefiere no hablar de la realidad y mirar para otro lado, como si no mencionarlo hace que no existiera.
Por ser ilegal, la información brilla por su ausencia por lo que reina el desconocimiento, no existen cifras oficiales ya que en Venezuela desde aproximadamente el 2014, el gobierno nos mantiene en un silencio estadístico que nos subsume en un oscurantismo total y esto obstaculiza obtener indicadores necesarios para generar políticas públicas, planes y programas en pro de la garantía de derechos de la población.
Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil han logrado de manera limitada obtener ciertos datos que permiten visibilizar la gravedad de la situación, sobre todo en materia de aborto. La publicación Mujeres al Límite (2019)[4] realizada por Avesa y Mujeres en Línea, durante agosto-diciembre hicieron un seguimiento en 4 instituciones hospitalarias (Maternidad del Sur y Centro Hospitalario Enrique Tejera (CHET) en Carabobo, Victorino Santaella en Los Teques y la Maternidad Concepción Palacios en Caracas, y en la que se obtuvo un registro de 2.246 abortos en total, es decir 15 abortos diarios en promedio.
La institución con mayor número de abortos fue la Maternidad del Sur (1069 abortos), seguida del CHET (551); el Hospital Victorino Santaella (338) y la Maternidad Concepción Palacios (228). Tales datos indican que aproximadamente por cada 4 partos se registró un aborto.
El 69% fueron pacientes mayores de 18 años, 31% adolescentes menores de 18 años, lo cual reafirma la situación en torno a las altas tases de embarazos entre adolescentes.
4 abortos en niñas menores de 12 años (3 en la Maternidad del Sur y 1 en el CHET), detrás de los cuales pudieran existir violencia sexual.
Del total de abortos registrados, sólo 31 fueron reportados como inducidos. Es importante destacar que la distinción entre abortos espontáneos o inducidos no es tarea fácil para las y los proveedores de salud, quienes pueden tener sospechas de estar ante abortos inducidos. Pero al no tener la certeza quedan registrados como abortos espontáneos, también manifestado por las propias mujeres. En octubre se registró una muerte materna (MM) a causa de un aborto inducido en una paciente de 23 años que presentó múltiples perforaciones en el útero y colon. Posteriormente en el mes de diciembre, se registró una MM por aborto inducido en una paciente de 33 años, luego de permanecer 5 días en cuidados intensivos. El aborto fue practicado con soluciones jabonosas que ocasionaron necrosis en el útero.
Otro fenómeno que podemos dar cuenta es la militarización en todos los espacios incluyendo en los hospitales. La presencia de colectivos armados, fungiendo de policías y hacen de personal de “seguridad”, lo que ha conllevado a todo lo contrario, al incremento de la inseguridad de todo tipo, hace que el contexto se torne aun peor y que indiscutiblemente recae de la peor manera en las mujeres que se encuentran en situación de aborto voluntario.
Por otro lado, existe la otra mafia. Las clínicas y centros de salud privados, que se llevan altas ganancias de dinero de los abortos realizados en clandestinidad, y donde muchas veces no tiene las condiciones salubres idóneas para la realización de una interrupción; en muchas ocasiones atiende personal no calificado, unos carniceros, encargados del cuerpo de las mujeres en un estado de mucha vulnerabilidad. Esto reproduce y legitima la mercantilización de la reproducción; la mercantilización de las mujeres, no de los hombres, de las mujeres, de igual manera recae de manera cruel la criminalización, la satanización y la discriminación en las mujeres.
Es decir, a pesar de que hay personas que satanizan la interrupción voluntaria del embarazo y lo conciben como delito, asesinato e infanticidio, hay muchísimas personan que se lucran de ello.
Al mismo tiempo, la ilegalidad del aborto propaga la criminalización hacia mujeres que acompañan y ofrecen información, de hecho, está penalizado. No podemos olvidar el caso de privación de libertad a la educadora comunitaria y defensora de los derechos sexuales y reproductivos Vannesa Rosales en el año 2020 por ayudar a interrumpir el embarazo no deseado producto de una violación a una adolescente de 13 años, que además presentaba altos niveles de desnutrición lo cual constituía un peligro para su vida (la única causal permitida en el Código Penal)
Más recientemente, en el mas de mayo de este año 2023, se evidenció otro caso de criminalización a una mujer activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos a través de un operativo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la detuvieron por unas horas y la expusieron en las redes sociales por su participación en la orientación y acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, acciones que fueron estimuladas y motivadas por un “influencer” que violándose cualquier protocolo de seguridad participó de encubierto en este operativo aunque no tiene credenciales de ser parte de la policía[5].
Es así como, la clandestinidad y penalización del aborto tiene graves efectos en la salud y en su salud mental de las mujeres que abortan, así como en las mujeres que son acompañantes en estos procesos.
La otra cara de la clandestinidad podemos reconocerlas en las prácticas de sororidad, de contención, de resistencia e insurgencia. Desde mujeres y organizaciones feministas que acompañan, informan y orientan en el proceso de abortar. Hasta individualidades y grupo de amigas, hermanas que sostienen en este proceso, y que la clandestinidad también repercute en la experiencia de ellas, las acompañantes.
Sin embargo, el amor, la hermandad y la empatía también forman parte del proceso de interrumpir el embarazo. Una palabra, una caricia, un cheking, una llamada, la compañía, son prácticas feministas que realizan las mujeres sin pedir nada a cambio, lo único que se quiere es que la mujer no se sienta sola, no pase por eso sola, que no se sienta juzgada, ni culpabilizada, más bien sostenida, contenida y comprendida.
“Fui a contarle a mis amigas, y fue lo mejor que pude hacer. Fue con ellas que entendí que no era algo que yo debía hacer sola, que muchas de nosotras pasamos por lo mismo y que este no era un “problema”, sino algo que sucede, y que realmente el único problema era no poder hacerlo de forma segura”. La Caleña.
La clandestinidad tiene esa doble cara, esa dualidad en la que la mujer que decide interrumpir debe bregar por un aborto lo más seguro y económico posible, y la crueldad que eso puede ser y, al mismo tiempo, lo hermoso de encontrarse con la compañía de otras mujeres en este tránsito donde es cuidada, recibe orientación, la contienen, la escuchan y hacen más llevadero el proceso de una experiencia transcendental como esta.
Es por ello que una vez más, cada 28 de septiembre Día internacional por la Acción Global para la despenalización del aborto en la región latinoamericana, hacemos eco, y tomamos el asfalto con consignas y rebeldía para luchar por nuestro derecho a la vida digna y a la garantía de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, por la reivindicación de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, su reproducción y su vida.
Madre Si Yo decido
Por una vida libre de violencia.
Por el derecho a decidir.
Por maternidades libres, decididas y acompañadas.
Mi cuerpo Mi decisión
SeraLey
NiñasNoMadres
Iglesia y Estado asuntos separados
Salud, Goce y Libertad
Las Comadres Púrpuras
[1] https://lascomadrespurpuras.com/descarga-gancho-canela-y-sangre/
[2] https://www.lapatilla.com/site/2016/03/09/venezuela-es-el-primer-importador-de-medicinas-de-america-latina/
[3] Martorell Cuadrado, K. (2020) Investigación cualitativa. “Relatos de mujeres sobre la experiencia de haber interrumpido voluntariamente su embarazo”. Obtenido de: https://archive.org/details/tg-blanca-martorell-relatos-mujeres-interrupcion
[4] Mujeres al Límite (2019) https://avesa.blog/informes-sobre-derechos-humanos-de-las-mujeres/mujeres-al-limite/
[5] https://twitter.com/comadrepurpura/status/1663867569890119682 consultado el 18 de septiembre.
