El Sr. Juan trabajó desde sus 15 años, llegó de su pueblo a la ciudad. A sus 20 años consiguió un trabajo en la administración pública a la que dedico su vida. Salía desde muy temprano y llegaba a casa hasta después de las seis. Cuando los años se adueñaron de su cuerpo y mente, llegó el momento del retiro, se jubiló y luego de trabajar toda un vida merece disfrutar de una vejez tranquila en donde su pensión, bien ganada por todos sus años de servicio al estado, le asegure alimentación, servicios médicos (este es el momento en que más lo va a necesitar) y bienestar para vivir sus “Años Dorados”. El Sr. Juan vive en Venezuela y sus años no son dorados, son de un color oscuro que no brilla. El Sr. Juan cobra una pensión que no cubre ni la más básica de sus necesidades. Al Sr. Juan se le ha violentado el derecho a la vida misma. No puede cubrir sus gastos de alimentación y mucho menos sus gastos médicos. Tranquilidad, ni mucho menos bienestar posee. Su dignidad también ha sido violentada cuando debe pasar horas en largas colas frente a entidades bancarias bajo el sol o la lluvia y cuando al fin consigue cobrar su pensión, esto no le asegura el mínimo sustento. El Sr. Juan, este personaje hipotético, representa a un gran porcentaje de los adultos mayores en Venezuela. Hombres y Mujeres que lucharon por sacar un país adelante, que trabajaron por sus hijos y familia y hoy son víctimas del trato inhumano por parte del estado.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 el derecho a la vida está plasmado: “Todo individuo tiene derecho a la vida digna, a la libertad y a la seguridad de su persona“. Este Derecho ha sido violentado en los adultos mayores. La realidad de cada uno de estos venezolanos es muy dura y cruel. El trato por parte del estado también violenta el artículo 25 de la Declaración Universal, el cual reza: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, VEJEZ u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Incluso la constitución de la República de Venezuela en su artículo 80 establece “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías…”. “El Estado, … está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida…” . El Estado ha roto las leyes que el mismo ha establecido.
Aunado a todo lo anterior, la soledad es otro factor que hoy acompaña a nuestros abuelos, familias desmembradas en donde optan por irse los más jóvenes para conseguir un mejor futuro pero que dejan atrás sus padres y abuelos en un país donde envejecer es un castigo.
Por lo todo lo expuesto, se hace un llamado a las diferentes organizaciones y entes defensores de los derechos humanos a considerar el estado de los adultos mayores en Venezuela, como un prioridad para su atención y que puedan hacerse eco de la actual situación, para que el Estado asuma su responsabilidad en la atención de esta población tan vulnerable.
*Imagen cortesía de Grupo Ancianos de Venezuela / Facebook
