Por: Bárbara Puglisi
Desde el año 2020, el paso de migrantes por la selva de Darién ha incrementado su flujo motivado a que miles de migrantes procedentes de Venezuela la han utilizado como paso para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos.
Aunado al boom de las redes sociales, después de la pandemia, esta ruta ha tomado más fama y son múltiples la cuentas en las redes sociales que indican cómo atravesarla y a quienes deben contactar para que les “ayude” a ir por la trocha más corta y “segura”.
Los comerciantes ilegales han visto en este incremento de la demanda de tránsito su oportunidad perfecta para ampliar su negocio ilegal a costa de la necesidad de los migrantes, no solo latinoamericanos, sino también chinos. Estos últimos tienen incluso más privilegios, pues pagan mejor y realizan las rutas a caballo y con equipaje, mientras que los migrantes latinoamericanos la cruzan a pie, les roban sus pertenencias y algunos son víctimas de delitos de violación o secuestro.
Las autoridades de los países que integran la ruta migratoria hacia Estados Unidos han dejado territorios a manos de las organizaciones criminales, violando derechos humanos de los migrantes por las constantes omisiones a sus obligaciones de control del territorio, seguridad, salud y control fronterizo.
En el caso del Darién, organizaciones como el Clan del Golfo son quienes controlan el territorio, organización que su principal negocio ha sido el narcotráfico en Colombia. De acuerdo con informes publicados por Human Rights Watch el Clan del Golfo ha cobrado 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cifras que le fueron dadas a la ONG por el Ministerio de Defensa de Colombia, es decir, que cada persona que pasa por el Darién (solo en su parte colombiana) paga 125 dólares aproximadamente.
Otra zona de mayor ganancia para las organizaciones criminales es la frontera EE.UU. y México donde el mayor negocio se concentra, pues en esa zona coinciden los grupos de migrantes provenientes de toda Latinoamérica.
Autoridades mexicanas, específicamente el excanciller Marcelo Ebrard, han señalado que cada migrante puede pagar entre 5 mil y 7 mil dólares para cruzar la frontera hacia EE.UU.
Las cifras son conocidas por las autoridades a tal nivel que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendaba a los migrantes no usar a los “polleros” (denominación popular para las personas que hacen cruzar por pasos ilegales a los migrantes hacia EE.UU.), sino hacer sus procesos legales con las autoridades, pues los “polleros” les cobran hasta 10 mil dólares por cada viaje, lo que equivale a cerca de 180 mil de pesos mexicanos.
Los precios que pagan las personas migrantes a estos grupos criminales varían dependiendo desde dónde comienzan la ruta y el medio de transporte que desean emplear. Por eso, los centroamericanos llegan a pagar en promedio unos 4 mil 559 dólares, mientras que los mexicanos pagan de promedio unos 4 mil 967 dólares, es decir, 400 dólares más. Entre mas larga es la ruta, el precio es mayor.
Estas tarifas las establecen las organizaciones criminales tomando como criterios la nacionalidad del migrante, cercanía de redes de apoyo/familiares, conexiones, cantidad de miembros del grupo, si tienen familiares o no en los EE.UU., entre otros.
El propio López Obrador reconocía que ya para el año 2019, el tráfico de migrantes había dejado unas ganancias para el crimen organizado de 615 millones de dólares en México, datos reflejados en la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF SUR). Sabemos que para el año 2023 estas cifras se habrán triplicado o cuatriplicado pues las mismas organizaciones criminales han incrementado sus precios por el incremento de la demanda de personas para cruzar la frontera de EE.UU.
Otro ingreso que se genera en las rutas migratorias es el tráfico de personas. El año pasado escribíamos un artículo sobre la trata de personas migrantes en España y ya describíamos las millonarias ganancias que las organizaciones criminales adquieren con esta nueva línea de negocios. La organización Insight Crime que se dedica a investigar sobre las organizaciones criminales estiman que el tráfico ilegal de migrantes genera ganancias por más de 12.000 millones de dólares al año para el continente americano.
De migrantes a criminales
La mayoría de las ganancias de las organizaciones criminales hasta el momento provenían de las drogas. Usaban la selva de Darién y las zonas despobladas para el paso de la droga hacia otros países, principalmente EE.UU., pero con la irrupción de las rutas de migrantes, el negocio de la droga también se adaptó a la nueva realidad.
Anteriormente usaban a los mismos lugareños para pasar la droga, llegaban a pagar hasta 300 dólares a miembros de las comunidades indígenas de la zona para llevar de Colombia a Panamá el producto. Pero actualmente son los migrantes que no pueden pagar o que son obligados por los criminales quienes llevan la droga por distintos tramos de la ruta migratoria.
La información que se tiene es que entre el 2018 y 2022 las autoridades han decomisado más de 13 toneladas de cocina solo en el área de Acandí (Colombia).
En algunos casos hacen 2×1, es decir, en las rutas marítimas usan las precarias embarcaciones para transportar la droga y a los migrantes, en estos casos el riesgo es mayor para el migrante no sólo si son capturados por las autoridades con la droga, sino que en ocasiones si quienes manejan las embarcaciones son perseguidos por la policía prefieren lanzar al mar a los migrantes que perder la mercancía.
Con esta nueva forma de transporte, los miembros criminales de las organizaciones minimizan el riesgo de ser capturados y tienen ganancia doble: el pago del migrante por pasar por la ruta y la venta de la droga.
La necesidad de coordinación de los países de la ruta
Si los gobiernos saben cuáles son las organizaciones criminales que operan en esos territorios y hasta tienen conocimiento casi exacto de las ganancias económicas que sus actividades ilegales generan, ¿Qué esperan para cumplir su obligación de protección del territorio y de las personas que transitan en ellas?, ¿Pagaran impuestos estas organizaciones por sus ganancias?, ¿Qué más pruebas de acciones ilegales y delitos quieren tener para intervenir y controlar esos territorios?
Los gobiernos se convierten en “cómplices” de estas organizaciones ilegales y tienen la misma responsabilidad por los delitos que ellas cometen. Las omisiones de los Estados al dejar que estas organizaciones criminales tengan control del territorio y permitiendo el desarrollo de estas actividades ilegales abre la puerta a la investigación de los organismos internacionales de Derechos Humanos para “obligados” a cumplir sus obligaciones legales.
Entendemos que este tipo de organizaciones han crecido y tiene un poder económico y de armas muy amplio, por ello la coordinación y cooperación internacional entre los países que integran la ruta es esencial. Si conocen la zona donde operan, la cantidad de ganancia de sus actividades, saben quienes son los miembros de la organización, conocen que se comunican por las redes sociales, entonces sólo necesitan voluntad para desarticularlas.
Pero la sola desarticulación no es suficiente, paralelamente se deben crear vías legales fáciles y económicas para que los migrantes opten por usar la legalidad para sus procesos migratorios. Además de crear propuestas laborales para que sean ubicados y les brinden una oportunidad real para establecerse en los países de Centroamérica.
Por ello, la importancia de crear políticas públicas de protección de la migración y para su correcta incorporación a la vida social del país receptor.
