Para el pasado 6 de Diciembre de 2020 Nicolás Maduro convocó a un fraudulento proceso electoral con dos objetivos primordiales: 1) Intentar engañar al mundo tratando de demostrar falsamente que en Venezuela existen verdaderos procesos electorales y 2) Acabar con la única institución legitima existente en Venezuela: la Asamblea Nacional.
El acaecido proceso de selección de cuotas del partido y afectos al régimen nunca puede ser catalogado como un proceso electoral para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de manera independiente, libre y competitiva por las razones siguientes: 1) Las tarjetas de los partidos políticos genuinamente opositores fueron confiscadas y entregadas a personas afectas al partido que tiene el control del poder político y militar del país; 2) Los principales líderes políticos de la oposición han sido sometidos a procesos judiciales amañados, perseguidos ilegalmente y en muchos casos obligados a exilarse para evitar terminar en prisión o asesinados como el Concejal del Municipio Libertador Fernando Albán; 3) No se le permitió participar a los más de cinco millones de Venezolanos regados por el mundo debido a la crisis humanitaria compleja creada por el propio sistema y la exacerbada corrupción; 4) El árbitro electoral carece de independencia porque fue seleccionado por el propio sistema que soporta a Maduro; 5) Se violentó el Artículo 186 Constitucional que establece que la Asamblea Nacional está integrada por Diputados elegidos proporcionalmente según una base del 1,1% de la población total del país, al intentar pasar de 167 miembros a 277; 6) Maduro no permitió una verdadera observación de organismos internacionales que certificaran la transparencia del proceso; todo lo contrario, se hizo acompañar de funcionarios cuyos regímenes se caracterizan por violentar sucesivamente las normas electorales de sus propios países y reprimir a todo disidente, entre ellos funcionarios de Rusia, Cuba, China, Irán, Bielorrusia y Turquía, por sólo mencionar algunos.
Por estas razones, aunque Maduro y su régimen lo intentaron, no lograron engañar ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional, de allí la nula participación de los venezolanos para avalar el fraude y el rechazo de la comunidad internacional a los resultados mostrados por el organismo electoral afecto a la dictadura que se hace llamar Consejo Nacional Electoral.
La consecuencia inmediata es la continuidad constitucional de la legitima Asamblea Nacional electa en el año 2015 hasta que se celebren elecciones parlamentarias justas, democráticas y verificables. La dictadura podrá tomar inconstitucionalmente y físicamente el Palacio Federal Legislativo, pero la verdadera y legítima Asamblea Nacional está donde estén sus parlamentarios; así lo establece el Artículo 1 del Reglamento Interior y de Debates de la propia Asamblea de Venezuela al señalar que “El Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano…Se reunirá en el salón de sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva”.
La legitima Asamblea Nacional decidió sesionar a través de su Comisión Delegada, establecida en los Artículos 195 y 196 de la Constitución venezolana y 53, 54 y 55 del Reglamento Interior y de Debates. De esta manera se mantiene luchando por la libertad por la libertad de nuestro país el único poder legítimo existente en Venezuela.
Sin embargo, mantener a la legitima Asamblea Nacional funcionando ni es el objetivo ni es suficiente para lograr la libertad. La Asamblea Nacional cumple un importante papel desde el punto de vista legal, político, internacional y hasta emblemático. Es el único poder legítimo existente en Venezuela; es un poder independiente y, por tanto, no controlado por el régimen de Maduro; tiene reconocimiento de la comunidad internacional y simbólicamente los diputados enviamos un mensaje de resistencia y lucha a todos los venezolanos.
Pero para lograr la anhelada libertad es fundamental la participación de todos los venezolanos; no basta con el compromiso férreo y los riesgos que asumimos los diputados ni con la lucha constante de los militantes de los partidos políticos que integran la Unidad, tampoco con el trabajo comprometidos y arriesgado Organizaciones No Gubernamentales; es necesario que todos los sectores, gremios, comunidades, la Iglesia, los miembros de distintos cultos, y en general el ciudadano de a pie se involucre en la lucha política y social para lograr la libertad.
Las protestas pacíficas, tal como lo establece la Constitución en su Artículo 68, son necesarias para manifestar nuestro descontento por el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, por la escasez de gasolina, pero también por la corrupción, por las violaciones de derechos humanos, por la ausencia de libertad de expresión; es decir, las protestas no sólo deben ser por aquellos problemas que nos afectan directamente como la falta de gas, agua o electricidad, sino que además deber ser por todos aquellos problemas que nos afectan como sociedad, como conjunto. Así la represión a periodistas y a medios de comunicación afectan nuestro derecho a estar informados, pero al mismo tiempo tienen como objetivo perpetuar al régimen en el poder, lo que a su vez se traduce en una mayor crisis humanitaria compleja. Los ataques a los medios de comunicación parece algo lejano a cada uno de nosotros, pero al final termina perjudicándonos como ciudadanos y sociedad, por eso es importante manifestar nuestro rechazo mediante protestas pacíficas a este tipo de acciones por parte del sistema dictatorial que mantiene el control de las instituciones, los militares y el territorio.
Así que todos tenemos un rol que jugar en esta lucha en la que debemos mantenernos unidos, organizados y movilizados para generar las condiciones de presión y acorralamiento al dictador que conlleven a una transición pacífica e incluyente, donde los funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos y graves casos de corrupción sean efectivamente castigados.
Sí; pacífica, incluyente y con justicia. Y es que sólo las transiciones pacificas permiten una democracia próspera, estable y duradera, y al final ese si es nuestro objetivo: lograr un país viable donde todos puedan alcanzar su potencial y prosperar, y donde todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias logren justicia y así estos abominables hechos no vuelvan a repetirse.
*Sandra Flores es diputada de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela
