El 15 de marzo el Estado en audiencia pública ante la Corte Interamericana dio un manotazo a la mesa, recusó a cinco de seis jueces de la Corte, que estaban presentes en el conocimiento del caso de Jineth Bedoya en contra de Colombia. El agente del Estado Camilo Gómez pidió la palabra, recusó a los jueces y se levantó de la sala virtual de audiencias de la Corte, que viene haciendo audiencias virtuales desde septiembre del año pasado por el Covid19, con más concurrencia que las presenciales. Más de 4 mil visitantes ha tenido el video de la audiencia.
Esa actitud del estado fue una nueva bofetada para Jineth Bedoya, en su caso sobre violencia sexual, tortura, privación de su libertad, amenazas, hostigamientos, falta de acceso a la justicia, que lleva contra el Estado por hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000, cuando en una visita a la Cárcel Modelo de Bogotá para entrevistar a unos paramilitares fue retenida, privada de libertad y víctima de violencia sexual, realizada por una red criminal sobre la cual hacía investigación periodística.
Esa actitud del Estado, así de cruda, fue ante una víctima que ha descrito lo que le pasó más de 13 ocasiones ante tribunales y autoridades a nivel interno e internacional. Jineth Bedoya, ha liderado la campaña “No es hora de callar” y ha denunciado e investigado su caso. Esto lo ha hecho incluso con mayor ahínco que las propias autoridades estatales, como una forma de remendar su vida y dolor, y ha logrado develar muchas verdades y colaborando eficazmente para que sancionen a los responsables. Por eso la actitud del Estado fue de una violencia simbólica contra las mujeres inusitada.
Pero, visto con mesura el acto irascible del Estado frente a la Corte Interamericana y los jueces que la integran, parece ser más una antesala de algo más amplio, de una posición de política internacional que el Estado quiere dejar clara ante los órganos del sistema interamericano. En particular, de cara a futuras decisiones en este caso y respecto a los casos que se tramitan en el sistema y las decisiones que se conocerán antes que termine el año. Con esta actitud el Estado pretende minar con dudas la imparcialidad de los jueces.
Para analizar esta situación, debe reconocerse que desde 1985 Colombia ha sido parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Asimismo, Colombia ha sido territorio de grandes discusiones y avances en la protección y creación del sistema interamericano de derechos humanos, como la discusión donde se adoptó la Declaración Americana de derechos y libertades del Hombre en abril de 1948 en Bogotá. El sólido compromiso del Estado con el sistema interamericano desde los orígenes ha sido importante para el sistema y para las víctimas en Colombia.
No obstante, no es la primera vez que revela una actitud procesal como la que esgrimió el Estado para generar discusiones sobre propuestas de reforma del sistema interamericano, pero si es una actitud grotesca.
No se debe olvidar que Colombia en 2008 junto a otros países motivó unas discusiones a puerta cerrada entre varios Estados de la región, que generaron profundas transformaciones al sistema interamericano y a los reglamentos de los órganos del sistema. Esas reflexiones fueron sobre cambios procesales en el sistema interamericano y reformas estructurales del mismo. Su cometido se logró: por ejemplo reducir el rol y fuerza de litigio de la Comisión Interamericana en casos contenciosos, reducir y reglamentar de manera más estricta la adopción de medidas cautelares dictadas por la Comisión, aminorar el rol de la Comisión en el litigio de casos ante la Corte, reduciendo la prueba que pueda presentar, y restringiendo su participación a la apertura y cierre del caso, imponiendo así cargas más preponderantes a los representantes de las víctimas en temas probatorios y procesales; al regular el archivo de peticiones ante la Comisión Interamericana, entre otras reformas.
Esta actitud del Estado de Colombia solo es comparable con la actitud de Perú en que en julio de 1999, ante la decisión de la Corte Interamericana en los casos Castillo Petruzzi y Loayza Tamayo, victimas de detenciones arbitrarias y ejecuciones, acusados de ser integrantes de movimientos guerrilleros. En ambos contra el Estado de Perú, este sometió un documento en el que explicaba las razones políticas y jurídicas porqué no cumpliría estas decisiones. Además el expresidente Fujimori presentó una propuesta de ley para retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana. Por otra parte, 10 años después de estos hechos, Venezuela en el caso Perozo y otros, un caso sobre el tema de medios de comunicación y la autorización de emitir su señal abierta, allí el Estado recusó a la Presidente y al Vicepresidente, por no tener apariencia de imparcialidad. La Corte desechó estos reclamos.
Pero en ninguno de esos casos, un Estado ha dejado a las víctimas con sus reclamos en boga, ni a mancillado la integridad de los Jueces de la Corte y el respeto que se merece por integrar un Tribunal, abandonando la sala de audiencias, demostrando con ello que poco lo importa lo que allí se debate.
Hace poco más de un mes el Estado de Colombia también estuvo participando en otra audiencia pública, en esa ocasión era respecto a los reclamos de las víctimas del caso Unión Patriótica. Allí también el Estado fue interpelado por sus actos procesales, como demandarse a si mismo, querer fungir como demandante y demandado al mismo tiempo, sacando provecho procesal de ambas posiciones, y reconocer sólo 219 víctimas de más de 6000 de ellas que han requerido que se determinen como víctimas. En esa ocasión estaban los mismos seis jueces que ayer escuchaban atentamente a las víctimas y le dieron palabras de reconocimiento y dignidad, eso no implica per se un prejuzgamiento de una causa.
¡La actitud del Estado es esquizofrénica! Al menos así parece a nivel internacional. A fines del 2019 presentó una solicitud de opinión consultiva para que la resuelvan los mismos 6 jueces ayer recusados. La opinión consultiva solicitada versa sobre el derecho a ser reelegido indefinidamente y la compatibilidad de ese tipo de normas con los derechos políticos reconocidos en la Convención. En el caso de los integrantes y militantes contra la Unión Patriótica, el propio Estado decidió en 2019 llevar el caso muto propio ante la Corte, sin ni siquiera hacer un esfuerzo para cumplir las recomendaciones ordenadas por la Comisión.
De forma además fachosa frente a Jineth Bedoya, una mujer que es el rostro de muchas mujeres que han sufrido la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, la actitud patriarcal del Estado solo revictimiza más a Jineth, y es una forma de vulnerar su esperanza de justicia y una expresión simbólica más de la violencia que ella lleva en su cuerpo. Frente a la actitud del Estado de Colombia ejercida por el agente del Estado, solo retumba en la cabeza la canción y performance de mujeres que en toda américa hace varios meses gritaron: “el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves” … “Es la violación”… “El violador eres tú”. “El estado opresor es un macho violador […]”. Es la expresión de reclamo a viva voz de quienes han sufrido una violencia indecible muchas veces e invisibilizada por el Estado.
¿Qué será lo que hay detrás de este manotazo sobre la mesa ante la Corte? ¿Qué repercusiones tendrá en las dimensiones de la política internacional del Estado en el sistema interamericano?
