Serie: Conoce a nuestrxs activistas.
Por: Karla Ávila Morillo / Comunicaciones REDAC
El abogado Juan Carlos Mogollón, egresado de la Universidad de los Andes en Mérida, nació y creció en Barquisimeto, estado Lara, donde actualmente se desarrolla como defensor de los derechos humanos y culmina una especialización en el mismo tema.
La máxima premisa que lo impulsa a desenvolverse en este ámbito tan severo es: “La oportunidad de crecer, aportar algo al país y hacer que se cumplan las leyes”. Así fue como comenzó su camino por el derecho y la capacidad de fomentar la solidaridad, muy necesaria en el mundo de los derechos humanos, lo cual hace a través del trabajo en equipo, el apoyo desinteresado, el alzar la voz por los grupos vulnerables, así no se encuentre directamente entre ellos. De romper los esquemas egoístas. De ser humilde y siempre aprender.
“La necesidad de hacer algo ante la situación que vivía Venezuela me movió. Intenté integrarme en el año 2014 durante las protestas a alguna organización no gubernamental, pero fue imposible. Cuando se presentaron las jornadas del 2017, ya como abogado, pensé que no podía quedarme sin hacer nada, entonces, buscando qué dar de mí, llegué a la Red De Activistas Ciudadanos (REDAC) y el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), como activista voluntario.”
Juan encontró en la REDAC la oportunidad de canalizar esa inquietud que traía. Inicialmente, halló un espacio en la página web de la red para publicar una columna semanal. En ella abordó la situación de los derechos humanos en el estado Lara logrando visibilizar la vulnerabilidad ciudadana durante las manifestaciones del año 2017. Tras dichas protestas, desarrolló algunas propuestas en materia de derechos humanos. Finalmente expresa que REDAC le dio la oportunidad de formarse, aprender y apoyar a otras personas.
Ahora gestiona algunos proyectos a corto plazo que pronto desarrollará entre su trabajo y los estudios como requisito que se le exige para culminar su especialización en Derechos Humanos. Mogollón tiene interés en trabajar un área que si bien no es mandato de CEPAZ ni de REDAC, conlleva un vacío jurídico que implica conculcar derechos de un número significativo de ciudadanxs, se trata del matrimonio o unión civil igualitaria, para ello ha conversado con organizaciones de gran envergadura nacional que trabajan directamente esta materia, como lo son “Fundación Reflejos de Venezuela” de Caracas y “Movimento Somos” de Mérida. Hace énfasis: “Creo que es algo sobre lo que hay que llamar la atención, mi deseo es que no se quede como una tesis de grado, sino que se convierta en un llamado de atención a las autoridades, sobre todo las legislativas, en Venezuela.”
Comenta que su primer apoyo, el cual le motivó interés en ingresar al ámbito los derechos humanos, fue su tutora de pasantías, la Abog. Lorelvis Balbas, de la Defensa Pública. Ella le mostró lo necesario de los principios y todo lo que debía enfrentar con la frente en alto. Ya en el activismo ciudadano y como defensor, su principal apoyo ha sido la Abog. Beatriz Borges, directora de CEPAZ. Es ella quien despeja todas sus dudas, a quien suele recurrir cuando tiene alguna interrogante, además de ser quien le ha dado la oportunidad de estar dentro del Centro de Justicia y Paz. Además comenta: “Tengo la suerte de compartir con mucha gente buena a través de la red de activistas, de todas he aprendido algo, y un plus: han nacido buenas amistades de allí.”
Considera que es necesario el trabajo colaborativo por muchísimas razones, principalmente porque es más seguro ir en equipo que solo, pues es más improbable que ataquen a muchxs ciudadanxs que trabajen por un mismo fin, por lo tanto, en equipo se llega más lejos. Cosa que se ha demostrado en varias oportunidades, más recientemente con el pronunciamiento que nació desde la REDAC en rechazo a los actos xenofóbicos contra venezolanas y venezolanos en Ecuador, los primeros meses del año 2019. Un trabajo minucioso que en dos días pudo reunir a 51 organizaciones de distintos países y que se logró presentar formalmente ante la embajada de Ecuador en Venezuela y a la Defensoría del Pueblo, en Quito.
Juan Carlos ha trabajado con algunas comunidades de Barquisimeto, sobre todo en conversatorios informales durante los cuales brindó asesoría a personas vulnerables, allí se encontró con dudas sobre casos de violencia contra la mujer, donde la mayoría de las personas presentes desconocía las herramientas más básicas para enfrentarse a este tipo de delitos. Asimismo, a través de su acercamiento a las comunidades del estado Lara, reconoce que la problemática es similar a la del resto del país: el acceso a los servicios públicos, principalmente el agua, las dificultades para adquirir alimentos, el tema de salud, con las contaminaciones en el hospital central que han costado las vidas de niñas y niños. Entre lxs ciudadanxs siempre prevalece una pregunta clave: “¿cómo subsistir ante el control del acceso a los alimentos subsidiados por el Estado como una forma de sumisión? Contra el hambre, es difícil rebelarse.”
Observa una sociedad herida. Numerosas de esas heridas aún sangran, en las muertes de 2017, en los heridos, en los torturados. Una sociedad desesperada a veces por los efectos de años y años de violaciones a los derechos humanos. Fragmentada, separada desde el núcleo familiar. Pero también con ganas de poder seguir adelante. “Me llamó la atención que los eventos relacionados a derechos humanos, el año pasado, nunca estuvieron vacíos. La gente tiene ganas de aprender. No somos los mismos de antes, pero seguimos en pie.”
Como activista, participó en el taller “¿Cómo defender derechos humanos en Venezuela?” realizado en Barquisimeto, donde se capacitaron a más de 50 personas. También participó como ponente en las “Jornadas Madiba” organizadas por “Amnistía Internacional Lara”, con sistemas internacionales de protección. A través del Aula Virtual de CEPAZ, fue tutor del “Taller básico de formación en derechos humanos”, junto a Beatriz Borges, Directora Ejecutiva de la organización.
Para él, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son indispensables en los momentos que vivimos en Venezuela, visto el ambiente social tan hostil y las dificultades para emprender actividades formativas en el país. Instituciones tan sólidas como la Universidad de Los Andes ya tiene casi diez años trabajando con la plataforma Moodle, otras entidades educativas relevantes, se han ido sumando por el tema de costos. Mientras, a nivel latinoamericano, hay maestrías a distancia en universidades de gran prestigio, en Venezuela aún se mira con desconfianza esta metodología. Opina Mogollón: “La única diferencia es que exige muchísimo más de ti, como participante, porque tú tienes que motivarte y avanzar para aprender. Pero eso no debería ser problema. La desventaja que trae, es que en Venezuela, entre problemas de luz y acceso a internet, quizás sea muy irregular la posibilidad de acceso. Y que hay gente que necesita la motivación directa en persona. Sin embargo, en la experiencia del Taller Básico en noviembre pasado, hicimos un espacio semanal de interacción vía Whatsapp que gustó mucho, sirvió de puente para que no se deje el feedback entre facilitadores y participantes en la formación. Creo que la clave es atreverse, y conocer lo que puedes aprender con las herramientas virtuales. Si es el área que te gusta, verás el potencial.”
Piensa en crear conciencia ciudadana, ya que si lxs habitantes conocen sus derechos, pueden protestar contra la violación de los mismos, y que además, si son todxs lxs que protestan, hará más difícil que no sean escuchados. “Yo creo que contamos ahorita con la ventaja de que en Venezuela hay un despertar de la ciudadanía… todos hemos sido testigos de violaciones a los derechos humanos y eso hace que la gente se involucre más, que esté más abierta a escuchar y a empoderarse. Lo que posiblemente falta, es trabajar más unidos. Por eso, desde la REDAC, invitamos a que cuenten con nosotros, a que haya una articulación real, porque ya no es momento de dispersar esfuerzos. Debemos ir en bloque, apoyarnos unos a otros como organizaciones.”
En Venezuela existen las leyes y los principios. No obstante, hace énfasis en que es poco el capital humano sobre un ambiente altamente politizado. “Hay que rescatar lo que dice la ley: el juez, el fiscal, el defensor, todos deben ser por concurso público. Mientras prive el amiguismo y la componenda política, no tendremos personas competentes. Y si no hay personas capaces, podemos tener leyes pero simplemente no se aplicarán de manera adecuada, y serán ineficaces. Hay casos penales que pasan de 5 años y ni siquiera están en juicio, ¿qué clase de justicia podemos invocar allí? Es necesario depurar las instituciones. Lo positivo, es que ya muchas organizaciones no gubernamentales han iniciado una hoja de ruta en este sentido, por ejemplo lo ha hecho, las mesas de trabajo de la Agenda Urgente en Derechos Humanos en las cuales trabajó la sociedad civil junto a CEPAZ, Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, o el Bloque Constitucional de Venezuela. Tenemos un sistema que te exige probar tu inocencia -en lugar del estado comprobar tu culpabilidad-, un sistema altamente corrupto y politizado, donde incluso se utilizan los procesos judiciales como persecución a la disidencia, donde se revictimiza a quienes demandan justicia.”
Según Juan, la motivación viene de la mano con el cambio, se debe refundar la justicia, esa justicia debe hacerse respetable a los ojos de la sociedad venezolana. Lo que ha ocurrido con el poder judicial del país no puede repetirse. La colectividad no puede mirar con absoluta desconfianza a sus jueces. Allí vendrá la responsabilidad para quienes tienen sobre sus hombros el ejercer la abogacía. Destruir es fácil, pero construir es el gran reto. Si se combate la impunidad, la sociedad apoyará y creerá en las instituciones. Venezuela no debe rendirse.
