Desde hace varios años diferente organizaciones civiles han documentado y denunciado a instancias regionales, nacionales e internacionales, la actuación de grupos irregulares en Venezuela, específicamente en las zonas de frontera.
La situación en los estados fronterizos se ha vuelto cada vez más precaria debido a la ausencia del estado en materia de políticas públicas de seguridad, resguardo de la soberanía, educación, salud, asistencia social entre muchas, que sumado a la crisis humanitaria a nivel nacional, ha generado una mayor vulnerabilidad en los pobladores de estas zonas, situación que han aprovechado estos grupos irregulares para actuar a sus anchas ante la inacción del estado venezolano, y en muchos casos siendo los cuerpos de seguridad nacional, cómplices del actuar de estas organizaciones.
Las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) son organizaciones con presencia cada vez mayor en la franja fronteriza que une los estados venezolanos Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Amazonas con Colombia.
La situación en la frontera colombo-venezolana es cada vez más delicada, cada día es más frecuente la extorsión, el contrabando las muertes violentas, el reclutamiento de niños y adolescentes por estos grupos armados, la fabricación y el tráfico de drogas, que vulneran el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal.
En este artículo, quiero reseñar brevemente algunos aspectos en los cuales se han violado los derechos humanos de la población venezolana por el actuar a sus anchas y sin control del Estado de estos grupos armados.
Violación del espectro radioeléctrico de Venezuela
En febrero de 2009 la fundación Redes, realizó la primera denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo de la existencia de emisoras conducidas por estos grupos irregulares en el estado Táchira, a raíz de estas denuncias fue desmantelada dicha emisora, sin embargo reanudó su trasmisión en marzo de 2013, al permitir esto el estado viola el derecho a la soberanía y el derecho a la seguridad de la población tachirense.
Hasta el 20018, 5 emisoras estaban operando a nivel nacional, abarcando 6 estados del país y 36 municipios difundiendo contenidos ideologizantes que promueven la actividad insurgente y que incitan a los jóvenes venezolanos a unirse a estos grupos irregulares, esto representa una amenaza constante un daño sicológico con repercusiones sociales perversas para la población.
Fotografía original de FundaRedes, 2018
Todo esto conforma una violación del ordenamiento jurídico nacional previsto en la constitución nacional y en las leyes, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diveroso pactos, tratados y acuerdos entre los que destaca el artículo 20 del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (1966), según el cual “toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley… Toda apología que constituya insitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estrá prohibída por la ley”.
La Organización FundaRedes durante 2018, notificó denuncias formales ante instancias del estado venezolano con competencia local, regional, nacional e internacional en la materia, como La Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Conatel, el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Unicef, y la Asamblea Nacional.
Ante la Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conatel) se dirigió un escrito mediante el cual se le solicitó actuar conforme al marco legal vigente a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en lo relacionado al bloqueo y cese transmisiones de las emisoras pertenecientes al ELN, grupo armado irregular incluido en las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la Unión Europea (2004), del Departamento de Estado de Estados Unidos (2001), del gobierno de Canadá (2003), y reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos como un grupo armado.
De cada uno de los casos se han obtenido pruebas tales como audios, testimonios de vecinos de las comunidades afectadas, referencias digitales de publicaciones en redes realizadas desde las emisoras mencionadas, lo cual ha constituido el fundamento sustancial de las denuncias elevadas ante las diversas instancias con competencia nacional en la materia.
El actuar de los Grupos Armados
Un nuevo grupo guerrillero denominado Colectivo de Seguridad Fronteriza está operando en los estados Táchira y Zulia, y se dedica a extorsionar, cobrar vacuna, amedrentar a la población y desaparecer personas, así lo denunció Javier Tarazona, director general de Fundaredes, ONG dedicada a la observación de la situación de derechos humanos en Venezuela ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo en el estado Zulia, y el estado Táchira.
Este grupo irregular “comandado por cabecillas disidentes de las FARC, actúa públicamente exhibiendo armas largas, cobran vacuna, extorsionan a la población productora de la región, y se han alzado en las últimas horas con la desaparición de ciudadanos venezolanos tanto en el Zulia como en el Táchira”.
Esto constituye una violación flagrante de los derechos humanos a las poblaciones de frontera, el derecho a la vida, al libre tránsito, a la seguridad, al ejercicio económico, a la educación libre y plural.
Sobre este aspecto director general de FundaRedes, participó en el encuentro de la Sociedad Civil con miembros de la OEA y junto con la coalición de representaciones venezolanas, entregó el resultado de las investigaciones hechas por la organización, donde se demuestra cómo los ciudadanos en frontera están en una situación de altísima vulnerabilidad.
Por otra parte Mayorca del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert, presenta un trabajo denominado “Venezuela: los grupos guerrilleros y paramilitares como actores de la delincuencia organizada, donde resalta que la ejecución de la política de Seguridad Democrática por parte del gobierno colombiano ha ocasionado que los grupos guerrilleros, así como los paramilitares de derecha, incrementen sus operaciones delictivas en el territorio venezolano. Aunque el poder político de estas organizaciones está en declive en su país de origen, esto no les impide utilizar sus plataformas para la ejecución de actividades ilícitas en Venezuela, hasta el punto en que se han transformado en factores de perturbación de la seguridad ciudadana, mediante el logro de alianzas con bandas que operan en el país, y el desplazamiento de otras.
Fuente: Diario los Andes
En 2003, el gobierno de Alvaro Uribe comenzó a aplicar la Política de Seguridad Democrática. Ese año se produjo un repunte de casos con delitos atribuidos a guerrilleros. Esta tendencia se mantuvo en 2004. Entre ese año y 2008 ocurrió el 73,5% de las denuncias que implican a miembros o asociados de las FARC y del ELN. Este comportamiento indicaría que tanto los grupos de guerrilla como los paramilitares están delinquiendo cada vez con mayor frecuencia en Venezuela, debido a la presión ejercida contra sus integrantes por las autoridades colombianas. La situación se ha agudizó a partir del año 2006.
Más de 28 frentes, conformados por miembros de diferentes agrupaciones irregulares armadas colombianas, actúan con total libertad en Venezuela a través de diversas actividades ilícitas con la anuencia y protección del régimen de Nicolás Maduro. Así lo aseguró Javier Tarazona director general de FundaRedes, luego de consignar una denuncia en el Misterio de la Defensa de la República de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá, en compañía de la representante de ésta organización pro defensa de DDHH en la nación Neogranadina, Clara Ramírez.
También n el marco de la visita de la Comisión Técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU al país, FundaRedes de manos de su director general Javier Tarazona denunció la actuación perversa de los grupos irregulares colombianos en por lo menos 14 estados de Venezuela y la violación sistemática de los derechos humanos de la población por parte de estas agrupaciones al margen de la ley.
Son muchos lamentablemente los espacios de acción de estos grupos irregulares, desde el reclutamiento forzado de niños y jóvenes venezolanos, el adoctrinamiento en escuelas, el secuestro, la extorsión, la muerte de civiles, la tortura, tráfico de drogas, amedrentamientos, entre otros y vemos con asombro como el estado venezolano no actúa, violando la Seguridad Ciudadana, el artículo 55 de la Constitución nacional de Venezuela, que reza “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Fuentes consultadas:
Injerencia comunicacional de grupos irregulares colombianos en Venezuela
FundaRedes denunció en la OEA violación de DDHH por actuación de grupos irregulares
Grupos irregulares que hacen vida en Venezuela representan una violación a los Derechos Humanos
Guerrilla y grupos paramilitares actúan impunemente en 12 estados de Venezuela
Venezuela: los grupos guerrilleros y paramilitares como actores de la delincuencia organizadas
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/08792.pdf
Autoridades colombianas investigaran actuaciones de grupos armados irregulares
FundaRedes denunció ante comisión Técnica de la ONU actuación de grupos irregulares en Venezuela
FundaRedes entregó a Juan Guaidó evidencias de actuación de grupos irregulares en Venezuela
