En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio, cuyo propósito es motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente, la sociedad civil organizada exhorta al gobierno de Nicolás Maduro adherirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional, regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Asimismo, este instrumento busca que los Estados se comprometan a la protección de los defensores de derechos humanos ambientales y de los territorios.
Venezuela 1 de los 8
El 22 de abril se cumplieron dos años de estar en vigencia la entrada del Acuerdo. Se trata del primer tratado regional enfocado en el medio ambiente y el primero en el mundo con disposiciones cuyo fin es proteger a los defensores del medio ambiente.
Garantiza, además, el acceso a la justicia, prevenir, investigar y sancionar los ataques en contra de quienes protegen el medio ambiente.
También a que los ciudadanos puedan acceder a la información pública en temas ambientales.
Hasta abril de 2023, Venezuela es uno de los ocho países que no lo ha suscrito en la región. Esto a pesar de que es un territorio donde la minería, los derrames petroleros y la deforestación, entre otros problemas destruyen ecosistemas sensibles.
“El hecho de que Venezuela no se adhiera y ratifique este Acuerdo, tiene consecuencias sobre cada uno de nosotros. No es trivial saber sobre la calidad del agua, sobre la cantidad de mercurio que hay a nuestro alrededor, si estamos en un área de inundación y vamos a perder nuestras casas. La falta de información mata gente, y por eso es importante el acuerdo”, dijo Alejandro Álvarez, coordinador general de la ONG Clima21, durante un foro realizado en abril pasado, organizado por la alianza Sinergia, Odevida y La Vida de Nos, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Ucab.
¿Qué dice la declaratoria?
Las organizaciones ambientalistas e indígenas venezolanas se unen en la consigna #EscazúYa, convencidas de que el medio ambiente sano es un derecho humano fundamental del individuo y el colectivo, por tanto, debe ser prioridad del Estado su preservación y mantenimiento a través del desarrollo de políticas públicas y normativas sensibilizadas.
- Invitan al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
- Recomiendan la adopción de medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales.
- Exhortan al Estado venezolano respetar y con ello, generar mecanismos de prevención, investigación y sanción de ataques, amenazas o intimidaciones dirigidas a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos los líderes y lideresas de los pueblos indígenas
- Solicitan la publicación de información transparente, certera y accesible sobre la situación de la minería ilegal y la presencia de grupos armados irregulares en la Amazonía venezolana, con el objetivo de desarrollar mecanismos de respuesta inmediata para la seguridad y preservación de los pueblos indígenas de la zona y sus territorios ancestrales, así como de otros temas relacionados con derrames petroleros, calidad del agua, tasas de deforestación del país, niveles de contaminación del ambiente y otros necesarios para cumplir con el derecho constitucional a una vida y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
- Demandan la investigación de forma inmediata del asesinato del guardián territorial y líder indígena Virgilio Trujillo, y con esto inicie el proceso judicial correspondiente en contra de los responsables.
Las organizaciones que promueven la declaratoria son Sinergia (Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil), el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), La Vida de Nos y Clima21, con el apoyo de Amnistía Internacional.
