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Según la Declaración sobre Defensores y Defensoras de 1998 y otras normas internacionales, un defensor o una defensora de los derechos humanos es aquella persona que individual o colectivamente, actúa para defender o promover los derechos humanos a nivel local, nacional, regional o internacional, sin recurrir al odio, la discriminación o la violencia, ni propugnar su uso. Conforme al derecho internacional, los Gobiernos “deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios”.
Venezuela también está obligada, según esta normativa, a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”. Sin embargo, se calcula que más de 3.500 defensores y defensoras de los derechos humanos, han sido víctimas de homicidio por ejercer la defensa de estos derechos, desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y Defensoras de derechos humanos de 1998. Lo más triste que es que en la mayoría de estos casos, no se ha acusado y mucho menos declarado culpable de estos crímenes a nadie.
Las organizaciones de la sociedad civil venezolana desempeñan labores humanitarias para responder a la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país, ya que el gobierno, quien es el responsable de hacerlo, no lo hace. Esto parece molestarles mucho porque pone en evidencia su total ineficiencia. Por ello, la persecución y el acoso de las autoridades gubernamentales a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil son frecuentes, sistematizadas e innumerables. El régimen los está persiguiendo y hostigando y les ha acusado sin fundamentos alguno y si con mucha malicia y alevosía, de supuestos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y de intentar desestabilizar la democracia en el país, entre otros. Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones normales y legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar, visibilizar, denunciar abusos de poder, representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos y proporcionar ayudas, como alimentos y medicinas a las personas más necesitadas.
Por nombrar sólo algunos casos de acoso, hostigamiento y criminalización que han sucedido en los últimos meses, podemos mencionar:
- Los ministerios del Interior y Exteriores emitieron una resolución conjunta el que deberán inscribir las agrupaciones internacionales no domiciliadas en el país.
- En noviembre, Sudeban ordenó a los bancos que monitorearan las cuentas de las ONG.
- En diciembre, agentes de la Policía Nacional Bolivariana PNB), allanaron en Caracas, la sede de Convite que es una organización que le da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido, según HRW, ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.
- La sede de Alimenta La Solidaridad y la casa de su director, Roberto Patiño, también fueron visitadas por agentes policiales, mientras que las cuentas de la agrupación fueron congeladas.
- Antes, la ONG Acción Solidaria también fue víctima de una situación similar, mientras que el director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, y la vocera de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, han sido atacados en el programa “Con el mazo dando”.
El más reciente caso de la arremetida oficialista contra las organizaciones civiles y los movimientos de derechos humanos, es el proceso abierto contra Azul Positivo, cuando el pasado 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) allanaron su sede en Maracaibo, imputandoles los delitos de legitimación de capitales, uso fraudulento de tarjetas electrónicas y asociación para delinquir.
Es claro entonces que las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una feroz campaña, maliciosa y sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Desde el año 2002 hasta la actualidad, autoridades del Estado han desarrollado una política que criminaliza la defensa y exigencia de derechos humanos. Usando un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios de comunicación públicos y oficiales, se pretende desacreditar el trabajo de las organizaciones civiles y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario. No conformes con ello, han llegado a la materialización de acciones violentas contra quienes realizan ésta loable labor de defender y exigir respeto a los derechos humanos, sin importarles la vida e integridad de estas personas, afectando y obstaculizando el trabajo ejercido.
Es por ello que desde la Revista Digital Inalienable, exigimos que el derecho de las personas y organizaciones civiles a defender los derechos humanos sea garantizado, protegido y promovido por las autoridades del Estado venezolano, tal como lo manda la ley y los tratados internacionales.
*Imágenes referenciales (cortesía)
