Los participantes del diplomado de DDHH de la Universidad de Los Andes explicaron que la actividad forma parte del trabajo de campo que llevan a cabo, cuyo objetivo principal es mostrar a los adolescentes cursantes de educación media la crítica situación en la que se encuentran los centros de detención preventiva y las cárceles del país.
Ana Labrador explicó que cifras de organizaciones no gubernamentales investigadoras de derechos humanos indican que la sobrepoblación en los retenes policiales es una de los mayores problemas que padecen los privados de libertad. Les preocupa la situación en la que se encuentran las personas que han sido detenidas en protestas antigubernamentales, entre ellos muchos jóvenes y adolescentes, quienes son recluidos en los CDP del país.
“Estamos aquí para poder dar a conocer a los jóvenes la situación de los privados de libertad especialmente a raíz de la grave situación que se presentó en el mes de enero durante las protestas antigubernamentales con la detención de tantos jóvenes menores de edad que superaron la cifra de 137 adolescentes detenidos”.
Explicó que la ponencia efectuada ante un grupo de estudiantes del quinto año de bachillerato del colegio San Juan Bosco de Mérida tiene por objeto enseñar a los jóvenes como hacer respetar su derecho a manifestar pacíficamente y como protegerse, pero también conocer cómo está la situación en las cárceles del país.
“El tremendo hacinamiento que existe, más del 380% en lo que son los retenes policiales, más del 250% en las cárceles o centros penitenciarios del país donde los privados de libertad no cuentan con agua potable y por supuesto, como todos los venezolanos, tampoco cuentan con la electricidad y con los servicios básicos indispensables.
Además, tenemos conocimiento de lo que son las violaciones flagrantes al derechos a la integridad física y a la vida que se han cometido en estas cárceles donde se someten a los privados de libertad a tratos crueles y degradantes”.
Aseguró que en Mérida existen algunos presos políticos entre los cuales se encuentra Steven García, acusado de la muerte de una dama durante las protestas, así como también indicó que según cifras del Foro Penal Venezolano, al primero de abril de este año existen 864 presos políticos “lo cual es sumamente alarmante y por supuesto están siendo vulnerados aún más sus derechos”.
Denunciaron que el estado venezolano priva a estos jóvenes de libertad y los somete a tratos crueles lo cual esta evidenciado y denunciado en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Equipo UVL Mérida / Elvis Rivas