El envejecimiento demográfico en América Latina y el Caribe será mucho más
rápido que el registrado por los países actualmente desarrollados. Según
estimaciones de las Naciones Unidas, en 2017 en América Latina y el Caribe las
personas mayores representaban el 11,8% y para 2060 conformarán el 30%, es
decir, alrededor de 230 millones de personas mayores.
En Venezuela a pesar de existir un complejo conjunto de disposiciones jurídicas
de carácter nacional e internacional, que regulan los temas relacionados con las
personas mayores, que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
defiende el postulado de que todas las personas son iguales ante la ley y también
que el gobierno debe adoptar medidas a favor de personas o grupos vulnerables,
sucede lo opuesto: el gobierno venezolano sigue incurriendo en la vulneración de
su obligación de velar por los derechos adquiridos para una vida digna de las
personas mayores.
Actualmente la omisión del gobierno permite que en la ciudad de Mérida los
retrocesos en el cumplimiento de los derechos de las personas mayores se sigan
incrementando. Un buen ejemplo de lo anterior es el caso del transporte público,
las personas mayores están viéndose obligadas a cancelar el 100% del valor del
pasaje o simplemente no les permiten el acceso a los vehículos. En declaraciones
a la prensa, publicadas el 27 de febrero de 2018, el Presidente de Sindicato de
Transporte de Mérida mencionó que por decisión de la asamblea de los directivos
de las líneas de transporte se eliminaba el conocido pasaje para las personas
mayores, el cual en la actualidad gozaba de un subsidio del 50%. Aun cuando
reconocemos las necesidades del sector transporte; se hace inaceptable que
decisiones de un sindicato pasen por encima de las leyes, afectando a las
personas mayores y otro grupo vulnerable como las personas con discapacidad.
Es importante destacar que las protestas de las personas mayores continúan
sucediendo en la ciudad de Mérida; siendo las más notables las que ocurren a
causa de las dificultades para el cobro de la pensión del Seguro Social por la
ausencia de dinero en efectivo en las entidades bancarias. Se ha llegado a ver,
incluso, la pernocta de personas mayores en las afueras de dichas entidades aun
cuando el presidente de la Republica ha mencionado estar garantizado el dinero
en efectivo para el pago de las pensiones. Otra cosa que es importante notar es el
hecho de que las personas mayores necesitan movilizarse en diferentes ocasiones
durante el mismo mes para retirar dinero de los bancos y poder hacer sus
compras básicas, en medio de un complejo escenario de escasez e inseguridad,
por lo tanto, deberían brindárseles garantías para una efectiva movilidad a bordo
del transporte público.
En septiembre de 2017 las personas mayores del Geriátrico Ricardo Sergent, el
cual depende directamente del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS),
adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social,
ubicado en la ciudad de Ejido del estado Mérida, denunciaron vivir en condiciones
precarias, sin artículos de higiene personal, deterioro estructural del espacio y una
mala alimentación, también las personas mayores denunciaron diferentes tipos de
abusos psicológicos y financieros en el caso de aquellos con movilidad reducida a
los cuales se les estaría cobrando “una comisión” por ayudarles a cobrar la
pensión.
Rechazamos que se eliminen o limiten, bien sea por el gobierno o por otros
grupos, los avances en los derechos de las personas mayores para una vida digna
en Venezuela.
Rechazamos que continuamente el gobierno venezolano de manera irresponsable
delegue sus compromisos en terceros y así mismo le exigimos que asuma su
directa e irrenunciable responsabilidad con las personas mayores.
Insistimos en solicitarle al gobierno que todas las decisiones que tengan que ver
con las personas mayores sean consensuadas con los grupos de personas
mayores, organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las personas
mayores y entes relacionados con los derechos de las y los ciudadanos.
