ORGANIZACIONES Y CENTROS DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS CONDENAN LAS ACTUACIONES QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DEMÁS PERSONAS RECLUIDAS EN LA CÁRCEL MILITAR DE SANTA ANA.
Centros de derechos humanos universitarios y organizaciones de la sociedad civil se pronuncian ante las graves situaciones suscitadas en la madrugada del 18 de mayo del 2018 en la “Cárcel Militar de Santa Ana” ubicada en el Estado Táchira, las cuales atentan contra el derecho a vida e integridad física de los estudiantes universitarios, presos políticos, militares y demás personas recluidas en la misma.
El día 18 de mayo de 2018, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) recibió denuncias sobre la situación irregular que se presentó aproximadamente a las 2:00 am en este centro penitenciario, en donde cuerpos de seguridad del Estado, específicamente el grupo de Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el grupo de Antiextorsión y Secuestro (GAES), ingresaron a realizar requisas violentas, arremetiendo contra la integridad de los privados de libertad, destruyendo y robando sus pocas pertenencias y la comida que los familiares les hacen llegar, también denuncian que fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos siendo golpeados algunos detenidos con tablas de madera en las plantas de los pies. Cabe destacar que en este centro penitenciario se encuentra recluido Héctor Guaicaipuro Fernández, líder estudiantil de la Universidad Politécnica Territorial “Kléber Ramírez” ubicado en el Municipio Campo Elías del Estado Mérida, detenido el 19 de Julio de 2017 por motivos políticos y procesado ilegalmente ante la Justicia Militar e imputado por delitos militares
El ODH-ULA, ha visibilizado que en los últimos días se ha convertido en un patrón por parte de los órganos de seguridad del Estado irrumpir de forma violenta, y vulnerar flagrantemente los Derechos Humanos de los privados de libertad en los distintos centros penitenciarios del país y se ha agravado en los últimos años, siendo el detonante más reciente lo sucedido en el Helicoide sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Caracas el día 16 de mayo de 2018, con las siguientes exigencias por parte de los presos políticos: 1) Libertad a las personas con boleta de excarcelación; 2) Traslado a tribunales; 3) Asistencia médica y 4) Regularización del régimen de visitas, derechos que se encuentran consagrados en las Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los pactos y tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República, y que este patrón se ha extendido a otros centros penitenciarios como la Cárcel Militar de Ramo Verde Caracas, el centro penitenciario FENIX ubicada en el Estado Lara y el más reciente en la Cárcel Militar de Santa Ana ubicado en el Estado Táchira.
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y de la sociedad civil han denunciado durante años que los centros penitenciarios del país no cumplen con los estándares previstos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Además, se ha denunciado, prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de los centros penitenciarios, atentando gravemente contra la integridad de los privados de libertad.
Ante esta situación las organizaciones y centros de derechos humanos universitarios, exigen a las autoridades gubernamentales a respetar y garantizar los Derechos Humanos de los privados de libertad en Venezuela y cumplir con lo establecido en la legislación nacional y en los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República. Condenamos toda práctica que menoscabe el ejercicio y goce de los Derechos Humanos.
Organizaciones que suscriben:
Aula Abierta Venezuela
Centro para la Paz y los derechos humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela
Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
