La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITGuayana) mantiene su posición de lucha incansable ante lo que considera una detención injusta, al referirse al caso de Rubén Darío González Rojas, quien por cierto, la organización Amnistía Internacional denomina como preso de conciencia por ser encarcelado por su participación en actividades políticas no violentas, por llevar a cabo actividades sindicales, participar en huelgas o manifestaciones, todo esto con el pretexto de haber cometido un delito aunque la realidad es que sólo ha criticado a las autoridades y exigido sus derechos laborales.
Recordemos los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho comporta la libertad de cambiar de religión o de convicción y la de manifestarlas individualmente o en común, en público y en privado, mediante la enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimiento de ritos.
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; esto comporta el derecho a no ser molestado por causa de sus opiniones y el de buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquier medio de expresión y sin consideración de fronteras.
Rubén González / Foto: Amnistía Internacional
Por estas razones, hoy 29 de junio de 2020, al cumplirse diecinueve meses de lo que ellos denominan un secuestro por parte del régimen, una de las hijas del sindicalista, Yarudid González, quien además pertenece al comité ejecutivo de Sintraferrominera, manifestó en rueda de prensa convocada por la ITGuayana que le exigen al gobierno de Nicolás Maduro que libere a Rubén González de manera inmediata y sin condiciones ya que lo único que ha hecho su padre es defender los derechos laborales de él y sus compañeros.
Comenta Yarudid: “Mi papá se ha mantenido dentro de los parámetros legales cumpliendo con su misión sindical, siempre estamos recordándole a todos los presentes que ese día que fue detenido Rubén González había ido a la ciudad de Caracas a introducir un documento que señalaba el reclamo de las reivindicaciones laborales de los trabajadores de Ferrominera y de Guayana en general porque en ese momento se había secuestrado la tabla salarial. Han pasado diecinueve meses de ese entonces donde en casa quedamos esperándolo, donde hay un matrimonio de cuarenta y tres años de casados que ya lleva cuatro meses que no se ven porque ahora se suma la situación de la pandemia por Covid19”.
Desde su detención arbitraria el 29 de noviembre de 2018, este defensor de derechos laborales ha sufrido varias crisis de salud, sin recibir atención adecuada. Tanto que para el 19 de enero de 2020, González empezó a padecer un peligroso pico de hipertensión, el cual pone su vida en riesgo a menos que reciba atención médica urgente.
Al respecto afirma su hija: “Es un señor con 61 años de edad que más bien necesita una vida tranquila, una vida normal y hoy está pasando por esta situación de haber sido secuestrado y alejado de su familia; además esto ha generado varias situaciones psicológicas en los niños de la familia, en sus nietos, en los hijos, porque además de esto hemos sido perseguidos, hemos sido presionados; hay miembros de la familia que todavía tienen orden de captura. Los trabajadores allegados a la familia fueron despedidos, por lo cual hoy no cuentan con un salario para que puedan llevar la comida a sus hogares, entonces nosotros familiares de Rubén, aún bajo estas circunstancias seguimos manteniendo la esperanza que se haga justicia y le den libertad plena”.
Son muchos los expertos en leyes que consideran que este ciudadano no debería estar encarcelado, ya que su trabajo como líder sindical está reconocido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y todo el proceso judicial contra él fue injusto. Yarudid agrega otros argumentos en relación a los daños colaterales del caso: “Hay que decir también que el sindicato Sintraferrominera fue desmembrado porque hay personas del comité ejecutivo que todavía mantienen medidas cautelares, como es el caso de nuestro compañero Hurtado, que tiene medida cautelar de casa por cárcel, además las jubilaciones que se hicieron anticipadas al tiempo reglamentario. Nuestra sede sindical fue secuestrada, es decir, han atentado por completo contra todo el sindicato que fue elegido por un proceso democrático y legalmente basado en la Constitución de Venezuela. A nosotros se nos asignaron unas responsabilidades para proteger la masa trabajadora, por eso seguimos exigiendo que le regresen a los trabajadores sus tablas salariales, sus contrato colectivo, que le regresen a nuestros niños sus juguetes, útiles escolares, es lo que hemos dicho y seguiremos diciendo por todos los medios de comunicación. Nosotros no podemos dejar a un lado nuestra misión porque es la responsabilidad que los mismos trabajadores nos han delegado”.
Según llamamiento de acción urgente de Amnistía Internacional, las autoridades venezolanas han implementado una política sistemática y generalizada de represión contra personas a las que se considera críticas con el gobierno, con actos como detenciones arbitrarias de motivación política y el uso de tribunales militares para acusar a personas que no pertenecen al ejército de delitos discrecionales tales como la traición o la rebelión.
Las personas que defienden los derechos humanos o que buscan justicia por violaciones de estos derechos han sufrido ataques específicos y campañas de difamación, al igual que sus allegados, conocidos y familiares, en un aparente intento de acallar su trabajo de derechos humanos. La hija de Rubén hace énfasis en lo siguiente: “Quiero manifestar mi preocupación por la situación de salud de mi mamá ya que padece una crisis emocional, padece de insomnio y afectaciones psicológicas porque le hace falta su compañero de vida, su esposo, además de esto hemos tenido que llevar a los niños de la familia a evaluaciones psicológicas como consecuencia de las persecuciones. Han irrumpido en toda la familia, además de encarcelar a Rubén González, han atentado contra el derecho que tienen los niños a vivir tranquilos, felices, en condiciones normales pero que no pueden porque extrañan a su abuelo”.
Por su parte, los abogados Miguel Ekar y Jorge Machuca, quienes representan la defensa del sindicalista, manifestaron que la justicia venezolana sigue en terapia intensiva.
Habla Ekar en relación a la sentencia: “El pasado 17 de marzo se iba a celebrar la audiencia en la corte de apelaciones, ya que apelamos a esa condena dictada el 29 de octubre del año 2019. Eso fue suspendido, pero queremos decir a la opinión pública que nosotros teníamos un argumento valedero que nos iba a llevar a la libertad de Rubén González por considerar que esa sentencia que dictó el tribunal quinto de juicio solamente utilizó dos testigos; uno que no estuvo presente en los hechos y quedó demostrado en la conclusiones, en la fase de juicio; y el otro que entró en contradicciones en relación a un armamento que se utilizó en la casa de Rubén, el cual era un fusil, pero en otro testimonio cambió la declaración diciendo que se trataba de una carabina. Nosotros utilizando todos los recursos que nos otorga el código orgánico procesal penal apelamos a esa decisión pero la audiencia fue suspendida por la grave situación que está atravesando el mundo entero por la contingencia causada por la pandemia por Covid19”.
Mientras que Machuca finaliza agregando lo siguiente: “Nosotros como abogados pudimos comprobar que en este caso no hay ningún delito que imputar, nosotros logramos desvirtuar el delito principal que tenía esa causa, que era el ataque al centinela. Pudimos derrotar a los militares en su propio tribunal, porque al quitar el delito de ataque al centinela cuya condena era de catorce a veinte años, quiere decir entonces que no había elementos de convicción claros para que Rubén fuera juzgado y dejado en prisión, por eso no les quedó más remedio que ponerle otro delito, que fue ultraje al centinela, para poder dejarlo allí. Nosotros tenemos argumentos sobrados para decir que lo sacaremos en libertad, no estamos pidiéndole favores al gobierno, estamos exigiendo que respeten los derechos civiles de un ciudadano”.
La atención regional, nacional e internacional está puesta en los testimonios relacionados a Rubén González, sus compañeros trabajadores de las empresas básicas de Guayana y sus familiares, por lo que no descansarán hasta lograr la libertad inmediata porque nadie debe estar encarcelado por ser quien es o por aquello en lo que cree.
