Tras la supuesta erradicación del pranato por parte del Estado una nueva forma de control ha emergido en algunas cárceles venezolanas: la extorsión y el abuso por parte de los custodios, quienes se han convertido en los nuevos victimarios de la población reclusa y sus familias.
El boletín # 48 realizado por FundaRedes titulado: «De la escuela del pranato a los custodios en las cárceles», revela que las cárceles venezolanas no solo albergan a reclusos, sino que también se han convertido en centros de control y coordinación de actividades ilícitas, con ramificaciones incluso en la zona fronteriza colombo-venezolana.
“El cobro de extorsiones se ha convertido en una herramienta fundamental para financiar operaciones ilícitas y mantener el control sobre la población reclusa. Las alianzas estratégicas, la intimidación y la gestión de actividades fuera de la ley en las cárceles son componentes clave del pranato, que dejó una escuela a las personas encargadas de la seguridad interna de los centros de reclusión”, asegura la publicación.
Testimonios obtenidos por el equipo de investigación de FundaRedes señalan cómo los custodios controlan el acceso a alimentos, medicinas, visitas y otros beneficios básicos, a cambio de pagos en efectivo o transferencias bancarias.
Según diferentes organizaciones, las precarias condiciones carcelarias, con hacinamiento, insalubridad, además de la corrupción y la impunidad de los mismos funcionarios carcelarios, crean un ambiente propicio para la explotación, el sometimiento y el control, es decir, que es muy probable que resurjan las pandillas carcelarias encabezadas por pranes o por los custodios.
“Los pagos de reos y sus familiares por mejores condiciones de vida dentro de las prisiones no se hacen solo a los pranes: también cobran funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Es una corrupción total de custodios y funcionarios de la Guardia Nacional. Esto ocurre en todas las cárceles, haya ‘pranes’ o no”, afirmó en una entrevista la abogada Carolina Girón, directora del OVP, referenciada en el informe.
Para FundaRedes permitir que los custodios actúen sin cortapisas contra la población penitenciaria y sus familiares incrementa la responsabilidad del Estado en la comisión de los delitos dentro de las cárceles, así como su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en estos recintos.
La lucha contra el pranato y contra la corrupción interna en las cárceles – destaca el estudio- requiere no solo declaraciones y órdenes, sino de un compromiso integral para entender y desmantelar las estructuras de poder ilegales y permitidas por las autoridades durante años.
Asimismo, la organización defensora de DDHH se mostró sumamente preocupada por la manera cómo el abuso y la corrupción se vienen propagando y normalizando en los centros penitenciarios del país, “al punto de socavar aún más los derechos humanos de la población penal y sus familiares”.
El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población penitenciaria, y de poner fin a la cultura de abuso y extorsión que impera en las cárceles del país. (Prensa FundaRedes)
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