Organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios expresamos nuestra
profunda preocupación ante la criminalización de la protesta en los centros hospitalarios de las
distintas regiones del país, donde universitarios y personal de la salud en general son víctimas de
ataques y represalias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y directivos del hospital, al
momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de las entidades de salud en Venezuela, las
cuales afectan directamente el proceso formativo de profesionales del área de salud que cursan
estudios de posgrado.
El 29 de junio de 2017, en el marco de la visita de una comisión de la Organización Panamericana
de Salud (OPS), un grupo de médicos estudiantes de posgrado del Hospital Universitario de
Maracaibo se encontraba protestando dentro del hospital por la crisis de falta de insumos y las
condiciones críticas de la institución. Al tratar de interactuar con los miembros de la OPS, los
directivos de la entidad hospitalaria les ordenaron su salida de las instalaciones del recinto so pena
de tomar acciones disciplinarias en su contra.
Por otra parte, el 10 de mayo de 2018 civiles armados irrumpieron en el Hospital José María
Vargas en la ciudad de Caracas, con la finalidad de evitar que los médicos y enfermeras
protestaran por la crisis y el desabastecimiento que se padece en esta institución.
Simultáneamente, un grupo de motorizados llegó a la Maternidad Concepción Palacios, al oeste de
la ciudad de Caracas, arremetiendo contra los médicos que protestaban en la calle y entregaban
panfletos.
En esta misma tónica, el 14 de mayo de 2018, efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del
Estado Zulia reprimieron una protestas contra la falta de insumos médicos y criticas condiciones
hospitalarias, realizada por familiares y demás miembros del equipo de salud del Hospital Adolfo
Pons de la Ciudad de Maracaibo del estado Zulia. Los funcionarios detuvieron arbitrariamente a
Sergio Fuenmayor y Williams Ferrer, dos médicos estudiantes de posgrado de Medicina de la
Universidad del Zulia y dos trabajadores de la referida entidad de salud.
El 1 de junio, Diego Zerpa y Wolman Granado, médicos estudiantes de postgrado en la Ciudad
Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (Chet), estado Carabobo, fueron detenidos arbitrariamente por
cargar entre sus pertenencias insumos médicos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y presentados ante un tribunal en el referido estado bajo el cargo
de hurto de material médico quirúrgico, resultando afectados por una medida cautelar de régimen
de presentación cada 30 días ante los tribunales. Debe destacarse que los insumos médicos fueron
comprados con dinero de su propio peculio, como respuesta ante la crisis de escasez de insumos
en el CHET y con la finalidad de poder atender a los pacientes.
Asimismo, el martes 5 de junio de 2018 ingresaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) al Hospital Universitario de Caracas de la Universidad
Central de Venezuela, agrediendo de manera física y verbal al personal docente que se encontraba
dictando clases de pasantías hospitalarias y a los estudiantes de postgrado. Durante la irrupción al
recinto hospitalario fue detenido de forma arbitraria e ilegal el enfermero Alfonzo Román.
En la misma fecha, en la Región Andina, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
detuvieron al Doctor Marcos Méndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Los Andes y al Director de la Corporación de Salud del estado Mérida, José María De Oliveira,
quienes cumplían funciones propias de su cargo al trasladar medicamentos de un centro de salud
a otro, catalogado por la PNB como “contrabando de medicamentos” la acción desarrollada por
los médicos.
Aunado a lo anterior, debe destacarse el impacto negativo que produce en el proceso formativo
de los médicos estudiantes de posgrado la grave carencia en los hospitales de medicamentos,
equipos especializados e incluso insumos médicos básicos para la atención de pacientes y
desarrollo de actividades inherentes al estudio de su especialización. Asimismo, la afectación a su
derecho a la manifestación sobre estos temas se erige como otro indicador de la violación al
derecho a la salud en Venezuela.
Los centros universitarios de derechos humanos y demás organizaciones de la sociedad civil que
suscriben el presente comunicado condenan las situaciones expuestas, las cuales constituyen una
violación a la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación,
reflejando un patrón del Estado venezolano dirigido a criminalizar la protesta realizada por los
universitarios y personal médico en general, quienes buscan visibilizar la inacción por parte del
Estado para atender la crisis humanitaria que aqueja la nación en la actualidad.
Suscriben:
– Acceso a la Justicia
– Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
– Aguaclara
– Amigos Trasplantados de Venezuela
– Asociación Civil Mujeres en Línea
– Asociación Venezolana para la Hemofilia
– Aula Abierta
– Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
– Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – CADEF
– Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH – UNIMET)
– Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad
Central de Venezuela
– Civilis Derechos Humanos
– Coalición Clima21
– Codevida
– Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad del Zulia.
– Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de
Abogados del Estado Apure.
– Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de
Abogados del Estado Mérida.
– Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de
Abogados del Estado Táchira.
– Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
– Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)
– Convite A.C
– Epikeia
– EXCUBITUS derechos humanos
– Federación Interamericana de Abogados capitulo Anzoátegui (FIA)
– Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
– Funcamama
– Fundesmu
– Humano Derecho Radio Estación
– Laboratorio Ciudadano de No Violencia Activa
– Monitor Social A.C (Nueva Esparta)
– Movimiento Ciudadano Dale Letra
– Mulier
– Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.
– Observatorio Venezolano de la Salud
– Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de puerto Ayacucho.
– Padres Organizados de Venezuela
– Prepara Familia
– Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
– Promoción Educación y Defensa de Derechos Humanos (PROMEDEHUM)
– Proyecto RedDes UCLA
– Red de Defensores de la Democracia
– Revista SIC del Centro Gumilla
– StopVIH
– Una Ventana a la Libertad
– Venezuela Diversa A.C