El recorte de las libertades esenciales para la participación ciudadana, así como las detenciones y la criminalización de activistas, ofrecen un panorama desalentador de cara a unas elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela, afirma CIVICUS.
La alianza global de la sociedad civil pide al gobierno que respete la libertad de la ciudadanía para asociarse, expresarse, reunirse pacíficamente y participar plenamente sin miedo. Sin una acción inmediata, la legitimidad de las elecciones sigue en peligro.
La detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, como es el caso de la activista Rocío San Miguel y Javier Tarazona y, más recientemente, del periodista Carlos Julio Rojas, son ejemplos de una persecución generalizada contra la sociedad civil que pretende eliminar todas las voces críticas y disuadir cualquier iniciativa de movilización.
El 9 de enero de 2024, la Asamblea Nacional retomó la tramitación de un proyecto de ley que vulnera el derecho a la libertad de asociación y expone a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan en Venezuela a un grave riesgo de persecución penal, represalias e incluso extinción. En el último año, se han propuesto otros nuevos proyectos de ley restrictivos que podrían cerrar las OSC que trabajan en el país, tales como la ley contra el fascismo, este proyecto de ley se suma a una serie de normativas que amenazan a la sociedad civil y buscan cerrar el espacio cívico.
Continúan los ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En diciembre de 2023, algunos periodistas fueron intimidados cuando intentaban informar sobre el referéndum consultivo de Esequibo. En 2023 se cerraron al menos 12 emisoras de radio, en procesos arbitrarios que no garantizan las debidas garantías procesales. Entre enero y abril de 2024 se cerraron otras diez emisoras, a la vez que continúan los cortes de electricidad y los bloqueos de canales digitales.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que rectifique y garantice las libertades fundamentales a las que tiene derecho toda la ciudadanía venezolana. Para ello les pedimos:
- Liberar a todas las personas activistas encarceladas ilegítimamente. Poner fin al acoso que sufren las personas defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y disidentes políticos a través de la persecución y la detención arbitraria.
- Desestimar los proyectos de ley restrictivos de la Asamblea Nacional, que pretenden controlar y regular las actividades y la financiación de las organizaciones de sociedad civil. Pedimos que la Asamblea Nacional ponga fin a todo intento de atacar, controlar, perseguir o censurar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas en Venezuela, en particular de las más necesitadas.
- Garantizar los derechos de la ciudadanía para participar en las elecciones de manera plena, libre y justa a través de reformas inmediatas.
“Sin una acción inmediata y contundente, las elecciones perderán legitimidad. Si no se toman medidas urgentes, el bienestar y el futuro de la nación también estarán en peligro”, afirmó Isabel Rosales, responsable de incidencia política para América Latina de CIVICUS.
Antecedentes
En julio de 2021, CIVICUS, Acción Ciudadana y Espacio Público presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Venezuela subrayando el empeoramiento de las condiciones para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Destaca el aumento de la persecución judicial y las restricciones financieras, junto con un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión, así como de participación social y política. El informe denuncia además la represión sistemática de las protestas pacíficas.
Ante la intensificación de la represión del espacio cívico en vísperas de las elecciones presidenciales, Venezuela fue añadida a la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor en marzo de 2024. El espacio cívico de Venezuela está clasificado como «cerrado», la peor calificación posible para un país según CIVICUS Monitor, plataforma digital que analiza las amenazas que sufre la sociedad civil en países de todo el mundo.
Firman:
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
- Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
- Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
- CIVICUS, Alianza Global de la Sociedad Civil
- Espacio Público
- Freedom House
- Laboratorio de Paz
- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
- PROMEDEHUM
- People in Need
- Red Nacional de Activistas Ciudadanos por los DDHH (REDAC)
- Swedish International Liberal Center (SILC)
