Nosotros, activistas y defensores participantes en el IV Encuentro Anual de la Redac, emitimos el siguiente pronunciamiento público, con la finalidad de expresar nuestra preocupación por la difícil y crítica situación que en los actuales momentos atraviesa nuestro país, caracterizada por:
1- Carencia o fallas continuas en los diferentes servicios públicos, que representan una violación constante a los derechos humanos de toda la población, incidiendo directamente en la calidad de vida, sobre todo de las personas más desposeídas.
2- La constante escasez de productos de la cesta básica, incluyendo los ramos más elementales para la subsistencia, y la dificultad que entraña para el venezolano de escasos recursos, poder acceder a los mismos debido a sus elevados costos.
3- La grave situación del sector salud, en específico las fallas en distribución de medicamentos, falta de insumos médicos que ya no inciden exclusivamente en los órganos públicos de salud, sino que también afectan a los entes privados que ya no cuentan con los elementos necesarios para exámenes especializados. A esto se suma la reaparición de enfermedades anteriormente erradicadas del país, como consecuencia de la caída en la vacunación para niños, niñas y adolescentes, y los altos índices de desnutrición, que inciden en el desarrollo y sistema inmunológico del venezolano. Todo esto en flagrante violación al derecho a la salud de los ciudadanos.
4- La burocratización y corrupción emanada de la misma, que afecta a los entes gubernamentales, impidiendo la celeridad necesaria para cubrir las necesidades de los usuarios. Se hace especial mención a la violación sistemática del derecho a la identificación y libre tránsito que deriva de las dificultades que conllevan los trámites en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), de especial relevancia por la situación migratoria de miles de venezolanos y venezolanas en la actualidad.
5- Las detenciones arbitrarias, cuyos actos procesales conllevan violaciones a los derechos humanos y desconocen lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente en el país, especialmente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6- La criminalización del trabajo de defensorxs y activistas de derechos humanos, en especial de los que hacen vida entre grupos indígenas.
7- La crisis migratoria, reconocida por organismos internacionales, derivada del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos buscando mejores condiciones de vida, que pone en riesgo la integridad e incluso la vida de los mismos, al someterse a una emigración sin recursos y sin la documentación requerida por los países a los que ingresan en tránsito.
8- Las amenazas al territorio nacional que representan la pérdida fáctica del territorio del Esequibo, sin un pronunciamiento o acción formal por parte del gobierno nacional, partidos políticos y sociedad civil; así como la presencia de grupos irregulares armados dentro del territorio nacional, principalmente en la zona fronteriza y eje minero.
9- Las amenazas a la libertad de expresión, representadas por la persecución a comunicadores sociales, y el manejo monopólico por parte del estado de la asignación de papel, que ha significado en la práctica el cierre paulatino de distintos medios de comunicación escritos a nivel nacional.
Ante este panorama, que afecta de manera negativa derechos y calidad de vida de venezolanos y venezolanas; como parte de la sociedad civil, proponemos:
A- Creación e implementación de políticas públicas eficaces, que contemplen la asignación de recursos, contratación de personal capacitado, y contraloría adecuada, con la participación de miembros de la sociedad civil, como corresponde a un estado fundado en la democracia participativa; en aras de garantizar la operatividad plena de los servicios públicos y un plan de recuperación económica, que conlleve el aumento de la productividad para estabilizar el mercado interno de alimentos y detener la hiperinflación.
B- La inclusión de programas de derechos humanos, en alianza con ONG nacionales, en educación media, diversificada y universitaria.
C- Destinar recursos para hospitales y ambulatorios de la red pública, favorecer la importación de insumos para las instituciones de salud privada, desplegar campañas nacionales de vacunación de manera inmediata, y permitir el acceso de medicinas en calidad de apoyo de países solidarios con Venezuela.
D- Garantizar la descentralización y simplificación de los trámites administrativos.
E- Mantener el respeto absoluto a los derechos y garantías procesales derivadas de la CRBV y el Código Orgánico Procesal Penal, como corresponde a un estado democrático.
F- Cesar la persecución contra periodistas y medios por realizar su labor. Eliminar el monopolio estatal del papel y permitir acceso al mismo para los medios independientes, garantizando su operatividad, como debe ser en cualquier estado democrático de derecho.
Como defensorxs y activistas en derechos humanos, estamos plenamente convencidos y dispuestos a establecer una agenda de trabajo que incluya a todos los sectores del país, en aras de hacer realidad estas propuestas. Mientras esto se hace realidad, seguiremos exigiendo y trabajando para conseguir, dentro y fuera de Venezuela, el respeto a todos los derechos humanos, sin exclusión de ninguna clase, hasta lograr el país más humano que todos queremos construir.
En la ciudad de Caracas, a los 25 días del mes de septiembre de 2018.
