Washington, D.C. – En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados a evitar posturas relativistas o negacionistas respecto a contextos en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, en tanto colisionan con las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que imponen el deber de garantizar la verdad, preservar la memoria histórica, dignificar a las víctimas, esclarecer la suerte y paradero de las personas desaparecidas, investigar y sancionar a los responsables y asegurar la reparación integral a víctimas y familiares.
La Comisión viene advirtiendo en diferentes países la difusión de discursos y políticas públicas que niegan o justifican los hechos relacionados con violaciones de derechos humanos perpetradas en pasados recientes. En algunos casos, estas narrativas e iniciativas cuestionan las cifras y calidad de víctima de quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, tales como desapariciones forzadas. Ello, con el objetivo de negar la dimensión y los efectos de la violencia ejercida. En otros casos, se rechaza la propia existencia de dictaduras o conflictos armados internos, así como las obligaciones estatales respecto de las víctimas de los crímenes cometidos.
Asimismo, se ha observado la propagación de posturas públicas que celebran a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos —muchas de ellas agentes estatales con sentencias condenatorias—, reivindicando y justificando la legitimidad de sus conductas. Lo anterior, coloca a las víctimas y a sus familiares en una situación de revictimización, particularmente nociva en casos de desaparición debido a la naturaleza continuada de la violación y el desconocimiento de la suerte o paradero del familiar desaparecido.
Sumado a lo anterior, el negacionismo genera incertidumbre en la sociedad sobre el pasado, al propiciar o tolerar discursos y acciones de ciertos sectores que pueden resultar en violaciones de derechos. En esa línea, fomenta la incomprensión social respecto de las obligaciones estatales de prevenir y responder a las graves violaciones a los derechos humanos a partir de políticas públicas integrales.
La CIDH recuerda que los Estados deben asegurar un abordaje integral de la memoria, adoptando políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
La adopción de respuestas estatales efectivas contra la desaparición forzada de personas debe tener como base el reconocimiento de la ocurrencia de los hechos y de la responsabilidad estatal al respecto. Asimismo, las políticas públicas deben incluir la conservación de la memoria —a través de la creación y preservación de archivos públicos y sitios de memoria—; iniciativas para reivindicar la dignidad de las víctimas; la difusión y preservación de la memoria histórica —por ejemplo, contemplando la temática en la currícula escolar obligatoria—y la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos.
La CIDH hace un llamado a los Estados a repudiar las narrativas que cuestionan la centralidad de los derechos humanos y de los valores democráticos por parte de sus agentes estatales. El rechazo social hacia las graves violaciones cometidas en determinados períodos históricos y el compromiso colectivo con su no repetición requiere de la implementación de políticas de reparación integral y prevención de la desaparición forzada.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Además de dicho pronunciamiento, expertos y expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas* y regionales**: el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y el Representantes de Indonesia y Tailandia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, han emitido una declaración conjunta en la que instan a todos los actores a unir fuerzas de inmediato para apoyar a las víctimas de desaparición forzada y garantizar que sus derechos y obligaciones, codificados en tratados regionales e internacionales y otros instrumentos jurídicos, se conviertan en una realidad para todos y todas:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/disappearances/statements/WGEID-CED-Statement-IntDayDis-29-August-2024-SP.pdf
