Más de 2 mil personas están detenidas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según fuentes oficiales, la mayoría reprendidas por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Muchas están formalmente incomunicadas, se les prohíbe una defensa legal de confianza, fueron sometidas a desapariciones forzadas de corta duración, y están expuestas a malos tratos, torturas y violencia sexual, de acuerdo a los hallazgos de las Naciones Unidas.
A las personas detenidas arbitrariamente, que incluyen manifestantes, activistas, trabajadores de medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos, se las niega reiteradamente su derecho a un debido proceso a través de constantes negativas para acceder a información, tanto por parte de la defensa pública impuesta como de la Fiscalía. A pesar de estar en conocimiento de varios casos, la Defensoría del Pueblo ha ignorado su deber de asistencia y no actúa para proteger a las personas detenidas ni a sus familiares.
Además, a estas personas se las niega el derecho a una legítima defensa de forma reiterada. La Fiscalía prohíbe el acceso a los expedientes y en otros casos, se reconoce abiertamente que tales expedientes no existen. Las familias no tienen información formal y regular sobre la situación de las y los detenidos, algunos de ellos con patologías crónicas o que demandan medicación regular.
El Estado venezolano tiene obligaciones en materia de derechos humanos, que incluyen el derecho al debido proceso, a un juicio justo, a la vida e integridad personales, a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Las redes de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y CIVICUS exigen garantías de acceso a la información a personas detenidas, familiares y defensa de confianza que permitan procesos justos y lleven a la liberación inmediata e incondicional de todos y todas.
Es urgente que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y que garanticen que todas las personas detenidas vean respetado su derecho a un juicio justo, lo que incluye el acceso regular de los familiares y defensa privada a información sobre la situación legal, física, psicológica y emocional de las personas detenidas.
Es fundamental que los familiares conozcan los procedimientos que están siendo ejecutados para la designación de representación legal de confianza, y para que se les dé acceso efectivo y completo a los expedientes judiciales.
Es imperante que la ubicación de personas privadas de libertad sea transparente, dar a conocer en cuáles centros penitenciarios se encuentran, así como notificar oportunamente sus traslados a la defensa y familiares. Esto es vital para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos.
La transparencia en las condiciones de reclusión debe abarcar el acceso a información sobre garantías, como la frecuencia de visitas familiares y legales. De igual modo, debe ser accesible la información sobre la calidad y regularidad de las comidas, el estado de las celdas y la disponibilidad de camas, colchones y almohadas adecuadas, así como la higiene personal y el acceso a instalaciones sanitarias.
El acceso a tratamientos médicos debe ser transparente, con médicos de confianza, especialmente para aquellos con problemas preexistentes de salud física o mental.
También es crucial tener procesos claros, conocidos y efectivos para prevenir, denunciar y sancionar la tortura y el maltrato, así como llevar un registro de los casos reportados bajo custodia estatal.
Es necesario que el Estado venezolano ponga a disposición de familiares y defensa de confianza información sobre la cantidad de personas privadas de libertad, por grupos etarios, origen nacional, etnia, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, y cualquier otra condición social relevante que pudiera afectar la garantía de derechos. Esto permite la rendición de cuentas sobre cuántas personas están detenidas y sus características diferenciadas a fin de visibilizar las posibles brechas o discriminaciones que podrían agravar su situación.
Las redes de organizaciones exigen el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y represión contra personas manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de derechos humanos. También exhortan a consolidar efectivas garantías al espacio cívico, lo que incluye el acceso a la información en tanto un derecho en sí mismo y como medio para consolidar otras garantías, como el derecho a un juicio justo y al debido proceso.
Redes firmantes
Alianza Regional por Libre Expresión e Información, es una red creada en 2006,
integrada por 17 organizaciones no gubernamentales referentes de 15 países de las
Américas, que comparten la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la
información pública son esenciales para garantizar la calidad de la democracia y un
ambiente habilitante del goce de otros derechos.
CIVICUS, es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas
dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fue
creada en 1993 y tiene más de 17000 miembros en alrededor de 175 países.
