El activismo pro derechos humanos en Venezuela cada vez se ve más amenazado. Las amenazas se derivan de expresiones y acciones hacia los ciudadanos venezolanos mediante los medios de comunicación, seguimiento, acoso y detenciones arbitrarias que vulneran los derechos de la población venezolana.
Las organizaciones de derechos humanos han tenido un rol fundamental ante la ausencia de actuación del Estado venezolano, donde han dejado desprotegida a la población. Ante ello, las ONG accionaron con programas de salud, alimentación, educación, formación, documentación, monitoreo y asistencia para los y las venezolanas, tanto dentro como fuera de Venezuela.
El Estado venezolano más allá de observarlo como un apoyo hacia las necesidades de la población, lo ve como una amenaza y atentan hacia el derecho a la libertad de asociación, expresión, opinión y demás derechos vulnerados.
La Declaración de los Defensores de Derechos Humanos promueve que los Estados respeten el ejercicio de defender los derechos humanos, ya que se debe garantizar la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por ello, Venezuela tiene el deber de cooperar con los defensores de derechos humanos, proteger y promover la creación de asociaciones y ONG pero la realidad es totalmente opuesta en la actualidad del país.
Recientemente, los activistas de derechos humanos de FundaRedes, una organización que labora en San Cristóbal y las zonas fronterizas de Venezuela, fueron detenidos arbitrariamente por defender, documentar y exigir derechos en el país.
La organización FundaRedes ha realizado una labor fundamental en la asistencia social hacia las comunidades, con diversos programas como el Observatorio de Derechos Humanos en los estados fronterizos, “Los derechos humanos van a la escuela”, Tertulia para Padres, “Que no se acueste un niño sin comer”. A su vez, han creado Escuela de recreadores, el Observatorio de Educación y el programa Actívate para formar a los ciudadanos venezolanos.
FundaRedes constantemente ha documentado y denunciado las irregularidades y violaciones del Estado venezolano. Por ello, el 2 de julio de 2021 fueron detenidos arbitrariamente Javier Tarazona, director de la organización, Rafael Tarazona, su hermano, y Omar de Dios, coordinador de FundaRedes en el estado Falcón, sin orden de captura.
Anteriormente, Javier Tarazona ha estado en riesgo, tanto por acciones del Estado como por paramilitares colombianos. Por ello, el director de FundaRedes le fue otorgada la medida cautelar número 258-20 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de ser beneficiario de una medida cautelar por la CIDH, el Estado venezolano no ha respetado la protección internacional del defensor de derechos humanos y se encuentra detenido arbitrariamente por defender derechos.
Hoy en día, no se conoce información sobre el derecho a la salud y la integridad de los activistas. Para el día de la audiencia, Omar de Dios, Javier y Rafael Tarazona tuvo que ser acompañado de una defensa pública, es decir, por el propio Estado, quienes lo detuvieron arbitrariamente, ya que tampoco les permitieron elegir sus abogados.
El 14 de julio de 2021 fue allanada la sede de la organización FundaRedes sin permiso alguno por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y aun peor, la casa del defensor de Javier Tarazona, donde se encontraba la mamá y su hijo.
Más allá de esos hechos, la mamá de Javier Tarazona fue detenida arbitrariamente por unas horas, se la llevaron de su casa, se desconoció su paradero y luego, fue liberada.
Dichas acciones realizadas por funcionarios del Estado venezolano hacen ver como atentan contra la libertad, la dignidad y la integridad de todos los ciudadanos, cuando la persecución va en aumento e incluso, las madres son tomadas como rehenes para sus hijos.
Las madres de los defensores y activistas de derechos humanos no deben ser llevadas de sus casas y mucho menos ser detenidas arbitrariamente, sin pruebas, órdenes de detención ni motivos.
Además de haber sido interrogada y detenida la mamá de Javier Tarazona, vive sin saber cómo se encuentra su hijo, la situación de salud por sus problemas cardiacos gástricos e hiperinsulina y sin poder siquiera conversar durante el cumpleaños del defensor, el pasado 21 de julio de 2021.
Los derechos humanos de todos los ciudadanos deben ser respetados por el Estado venezolano. Defensoras y defensores, no deben ser tratados como delincuentes. Al contrario, el Estado debe permitir y garantizar el libre ejercicio de los derechos por parte de la sociedad civil. Además, no se debe abusar del poder y creer que se tiene la potestad de detener arbitrariamente por denunciar y documentar las violaciones de derechos humanos.
Los venezolanos exigen libertad, paz, tranquilidad, bienestar y que todos sus derechos sean respetados, exigen vivir en democracia y con una participación ciudadana, sin barreras ni amenazas.
